Las víctimas andaluzas del Impuesto de Sucesiones, el más brutal, impopular, injusto y anticonstitucional de los impuestos vigentes en España, no están dispuestas a rendirse frente a la arrogancia, la injusticia y la insensibilidad de la Junta de Andalucía y preparan un otoño caliente de protestas en las calles, en los medios y en las redes sociales,
El que quizás haya sido el mayor escándalo vivido dentro del Parlamento de Andalucía en los últimos años tuvo lugar ayer, día 19 de julio, cuando un grupo de víctimas del Impuesto de Sucesiones acusó al gobierno andaluz de robar el dinero al pueblo para gastárselo en cocaína, putas y corrupción. El Parlamento, en un gesto insólito e inesperado, cortó el audio para silenciar la protesta popular, una actitud que exasperó a los que protestaban, que acusaron a los diputados de tiranos.
La diputada Mari Carmen Prieto, no adscrita a ningún grupo, preguntó al gobierno andaluz si iban a hacer algo para mitigar el dolor de las familias afectadas por el impuesto de Sucesiones, entre las que hay algunas a las que les han embargado sus bienes, otras endeudadas con Hacienda sin poder pagar los impuestos que les exigen y muchas personas y familias anteras arruinadas, desquiciados y con crisis de ansiedad y angustia.
La respuesta del vicepresidente del gobierno andaluz, Manuel Jimenez Barrios, consistió en echar balones fuera y decir que ese impuesto es un asunto que compete al gobierno central.
Ante ese respuesta, las aproximadamente diez personas que estaban en la tribuna de invitados representando a la plataforma Stop Impuesto Sucesiones de Andalucía, integrada en FENCIS, formada en su mayoría por víctimas a las que les han arrebatado su herencia, lanzaron gritos de protesta, acusando a los políticos socialistas de robar el dinero del pueblo para gastarlo en prostitutas, cocaína y corrupción generalizada.
Los ujieres del Parlamento expulsaron con vehemencia a los que protestaban y les arrebataron sus carteles, mientras alguien daba la insólita orden de que el sonido fuera cortado para que las protestas no se escucharan, una actitud reñida con la democracia, en la que jamás puede silenciarse la voz del pueblo.
Algunos diputados estaban visiblemente alterados ante la protesta y la diputada Prieto, la que formuló la pregunta, rompió a llorar ante el dolor extremo de las víctimas, la actitud oficial inmisericorde y el escándalo formado.
Eso de echar balones fuera es una práctica siniestra de la Junta andaluza, que en el pasado siempre respondió a las víctimas de ese impuesto que el asunto dependía de Madrid, por ser un impuesto nacional. Ahora, cuando el ministerio de Hacienda está en manos socialistas, concretamente de la María Jesús Montero, la que era consejera de la Junta de Andalucía, el gobierno de Sánchez se dispone a mantenerlo unificado en toda España, lo que equivale a subirlo sustancialmente en las numerosas regiones que había logrado bonificarlo al máximo, como Canarias, Madrid, Murcia y otras.
Mantener ese impuesto, desacreditado en todo el mundo y residual en la mayoría de los países donde está vigente, afectando allí únicamente a las grandes fortunas, es un signo de la arrogancia y la injusticia reinantes en la política española, donde partidos como el PSOE anteponen una y mil veces sus propios intereses al bien común y a la justicia.
Francisco Rubiales
El que quizás haya sido el mayor escándalo vivido dentro del Parlamento de Andalucía en los últimos años tuvo lugar ayer, día 19 de julio, cuando un grupo de víctimas del Impuesto de Sucesiones acusó al gobierno andaluz de robar el dinero al pueblo para gastárselo en cocaína, putas y corrupción. El Parlamento, en un gesto insólito e inesperado, cortó el audio para silenciar la protesta popular, una actitud que exasperó a los que protestaban, que acusaron a los diputados de tiranos.
La diputada Mari Carmen Prieto, no adscrita a ningún grupo, preguntó al gobierno andaluz si iban a hacer algo para mitigar el dolor de las familias afectadas por el impuesto de Sucesiones, entre las que hay algunas a las que les han embargado sus bienes, otras endeudadas con Hacienda sin poder pagar los impuestos que les exigen y muchas personas y familias anteras arruinadas, desquiciados y con crisis de ansiedad y angustia.
La respuesta del vicepresidente del gobierno andaluz, Manuel Jimenez Barrios, consistió en echar balones fuera y decir que ese impuesto es un asunto que compete al gobierno central.
Ante ese respuesta, las aproximadamente diez personas que estaban en la tribuna de invitados representando a la plataforma Stop Impuesto Sucesiones de Andalucía, integrada en FENCIS, formada en su mayoría por víctimas a las que les han arrebatado su herencia, lanzaron gritos de protesta, acusando a los políticos socialistas de robar el dinero del pueblo para gastarlo en prostitutas, cocaína y corrupción generalizada.
Los ujieres del Parlamento expulsaron con vehemencia a los que protestaban y les arrebataron sus carteles, mientras alguien daba la insólita orden de que el sonido fuera cortado para que las protestas no se escucharan, una actitud reñida con la democracia, en la que jamás puede silenciarse la voz del pueblo.
Algunos diputados estaban visiblemente alterados ante la protesta y la diputada Prieto, la que formuló la pregunta, rompió a llorar ante el dolor extremo de las víctimas, la actitud oficial inmisericorde y el escándalo formado.
Eso de echar balones fuera es una práctica siniestra de la Junta andaluza, que en el pasado siempre respondió a las víctimas de ese impuesto que el asunto dependía de Madrid, por ser un impuesto nacional. Ahora, cuando el ministerio de Hacienda está en manos socialistas, concretamente de la María Jesús Montero, la que era consejera de la Junta de Andalucía, el gobierno de Sánchez se dispone a mantenerlo unificado en toda España, lo que equivale a subirlo sustancialmente en las numerosas regiones que había logrado bonificarlo al máximo, como Canarias, Madrid, Murcia y otras.
Mantener ese impuesto, desacreditado en todo el mundo y residual en la mayoría de los países donde está vigente, afectando allí únicamente a las grandes fortunas, es un signo de la arrogancia y la injusticia reinantes en la política española, donde partidos como el PSOE anteponen una y mil veces sus propios intereses al bien común y a la justicia.
Francisco Rubiales
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