Hay pensadores y filósofos políticos que creen que los únicos gobiernos legítimos en democracia son los que salen directamente de las urnas, los que han sido elegidos por los ciudadanos. Pero la mayoría de los expertos afirma que en un sistema representativo es suficiente que el presidente de un gobierno sea elegido por los diputados electos, como ha ocurrido con Pedro Sánchez en la reciente moción de censura que derribó a Mariano Rajoy.
Sin embargo, en el caso de Sánchez hay sombras y dudas que por lo menos cuestionan la legitimidad de su elección en democracia.
La principal de ellas se refiere a los pactos entre partidos de ideologías opuestas o incompatibles, que están prohibidos en algunos países democráticos porque violan la voluntad popular. Es evidente que quien vota a un partido comunista no espera que su partido elija en el Parlamento a un presidente de derechas o que un independentista no elija presidente a un constitucionalista que defiende la unidad de la nación. Si lo hace, está traicionando y estafando a sus votantes.
De hecho, en muchos países democráticos de Occidente los partidos no pueden pactar para formar gobierno si previamente no han advertido a sus votantes de que podrían hacerlo. Si no los han advertido, esos pactos quedan prohibidos por ser considerados una estafa.
Pero eso es lo que ha ocurrido, precisamente, con Pedro Sánchez, aupado hasta la Moncloa por partidos tan opuestos al socialismo democrático como los populistas comunistas de Podemos, los independentistas catalanes y los amigos de ETA encuadrados en BILDU. Según esta teoría, algunos de los partidos que han apoyado a Sánchez no tienen legitimidad para auparlo hasta la presidencia del gobierno.
Esa elección, motivada por el odio o rechazo al presidente vigente, en este caso Rajoy, además de fundamentarse sobre estufas, colisiona también con el espíritu constructivo y positivo que la Constitución Española otorga a las mociones de censura.
La jugada de Sánchez fue más para derrocar a un gobierno vigente que para construir otro, como se verá pronto. Esa vía extraña y dudosa para hacerse con el poder (moción de censura destructora) habría sido soportada sin rechazo hace una década en España, pero no ahora. Hay pocas cosas que hayan mejorado en España, en los últimos 10 años, pero una de ellas es que muchos españoles, a base de palos, están aprendiendo a no fiarse de los políticos y a no considerar las reglas del juego surgidas de 1978 como infalibles. Muchos pensamos que el sistema tiene enormes carencias democráticas y necesita ser rediseñado.
Nadie tiene derecho a pensar que el nuevo gobierno de España no es legal, pero si es correcto pensar que tiene escasez de legitimidad democrática.
Pedro Sánchez no es un tirano, pero no debería prolongar por mucho tiempo su situación actual porque los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a exigirle que sancione su poder sometiéndose al voto cuanto antes, como es preceptivo en democracia.
Francisco Rubiales
Sin embargo, en el caso de Sánchez hay sombras y dudas que por lo menos cuestionan la legitimidad de su elección en democracia.
La principal de ellas se refiere a los pactos entre partidos de ideologías opuestas o incompatibles, que están prohibidos en algunos países democráticos porque violan la voluntad popular. Es evidente que quien vota a un partido comunista no espera que su partido elija en el Parlamento a un presidente de derechas o que un independentista no elija presidente a un constitucionalista que defiende la unidad de la nación. Si lo hace, está traicionando y estafando a sus votantes.
De hecho, en muchos países democráticos de Occidente los partidos no pueden pactar para formar gobierno si previamente no han advertido a sus votantes de que podrían hacerlo. Si no los han advertido, esos pactos quedan prohibidos por ser considerados una estafa.
Pero eso es lo que ha ocurrido, precisamente, con Pedro Sánchez, aupado hasta la Moncloa por partidos tan opuestos al socialismo democrático como los populistas comunistas de Podemos, los independentistas catalanes y los amigos de ETA encuadrados en BILDU. Según esta teoría, algunos de los partidos que han apoyado a Sánchez no tienen legitimidad para auparlo hasta la presidencia del gobierno.
Esa elección, motivada por el odio o rechazo al presidente vigente, en este caso Rajoy, además de fundamentarse sobre estufas, colisiona también con el espíritu constructivo y positivo que la Constitución Española otorga a las mociones de censura.
La jugada de Sánchez fue más para derrocar a un gobierno vigente que para construir otro, como se verá pronto. Esa vía extraña y dudosa para hacerse con el poder (moción de censura destructora) habría sido soportada sin rechazo hace una década en España, pero no ahora. Hay pocas cosas que hayan mejorado en España, en los últimos 10 años, pero una de ellas es que muchos españoles, a base de palos, están aprendiendo a no fiarse de los políticos y a no considerar las reglas del juego surgidas de 1978 como infalibles. Muchos pensamos que el sistema tiene enormes carencias democráticas y necesita ser rediseñado.
Nadie tiene derecho a pensar que el nuevo gobierno de España no es legal, pero si es correcto pensar que tiene escasez de legitimidad democrática.
Pedro Sánchez no es un tirano, pero no debería prolongar por mucho tiempo su situación actual porque los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a exigirle que sancione su poder sometiéndose al voto cuanto antes, como es preceptivo en democracia.
Francisco Rubiales
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