Si usted se mueve por las carreteras y pueblos de España, contemplará un paisaje español alterado y contaminado de publicidad política en estos días de campaña electoral para las autonómicas y municipales de 2007. La política es ya el mayor sector de la economía española y la lucha por conseguir un alto cargo representativo genera un derrroche de dinero desproporcionado, de muchos miles de millones de euros.
En España, ser presidente de una autonomía, consejero, alcalde o concejal no es ya un servicio sino un premio, el mejor de los posibles, a juzgar por el derroche de medios que se emplean en la batalla del poder: vallas publicitarias, cuñas radiofónicas, mitines, páginas en la prensa, banderolas, gallardetes, caravanas electorales, vehiculos publicitarios, gabinetes de prensa, costosas asesorías de imagen, blogs en Internet, lluvias de correos electrónicos, sedes electorales, carteles, folletos, buzoneo, correspondencia electoral, propaganda a raudales, todo un montaje que los expertos no se atreven a calcular pero que, sin duda, supera los 10.000 millones de euros de gasto, dinero suficiente para dignificar las escuelas e institutos de todo el país, para construir una red de autopistas o para crear nuevas lineas ferroviarias de alta velocidad.
He preguntado por el gasto total de España en esta campaña a varios amigos, directores y propietarios de agencias de publicidad y relaciones públicas, pero ninguno se siente capaz de cifrarlo. Sin embargo, todos admiten que es, sin duda, es muy superior a los 10.000 millones de euros, una cantidad que produce vértigo, más de la mitad de la cual es opaca o procedente de fondos camuflados.
El espectáculo del derroche electoral en España es insólito y no para de crecer, elección tras elección, campaña tras campaña, como consecuencia del poder creciente de los partidos políticos y de los privilegios y ventajas que acumula y trae consigo el ejercicio del poder. Los políticos españoles se han convertido en "los nuevos amos; y se lucha por el cargo publico cuerpo a cuerpo, a cuchillo, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea.
Ser alcalde en España equivale a tener asegurado un sueldo anual mínimo de 30.000 euros, aproximadamente, trabajando media jornada y con privilegios suplementarios como coche oficial, secretaria, tarjeta de crédito y poder para repartir fondos públicos, puestos de trabajo, viviendas, etc. Otras alcaldías de grandes ciudadades implican sueldos anuales de 100.000 euros y todavía más dinero en las grandes ciudades, además de una marea de privilegios y ventajas colaterales.
La política es ya el primer sector de la economía española. Nadie calcula su alcance, quizás porque da vergüenza, pero si se suman los sueldos de los altos cargos, los presupuestos de los partidos políticos y los de los gobiernos nacional y regionales, parlamentos nacional y regionales, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas y de las miles de instituciones bajo control político, la cantidad supera, con creces, al sector electrico, al automovilístico, al del transporte, al de las telecomunicaciones y al de las nuevas tecnologías.
La importancia de lo que está en juego se refleja en la publicidad y en los enormes y desproporcionados gastos de campaña, con decenas de miles de vallas publicitarias y banderolas, esparcidas por todo el territorio español, reflejando rostros de políticos, muchos de ellos desconocidos, fotografiados por profesionales de la imagen con sonrisas forzadas, algunas de ellas patéticas.
Es el gran negocio de la política, el que más dinero mueve en esta España que ha transformado su ilusionante y joven democracia en toda una poderosa partitocracia, con una clase política atiborrada de poder y de privilegios, sin control alguno por parte de los ciudadanos, que asisten al espectáculo como invitados de piedra y cuyo poder y participación en la política han quedado reducidos a pagar impuestos y al instante en que depositan su voto en las urnas.
Un segundo después, cuando ya ha emitido su voto, los ciudadanos españoles pasan a la "reserva" y, aunque , en teoría, son los soberanos y protagonistas de la democracia, quedan relegados y relevados de toda responsabilidad y acción hasta dentro de cuatro años, cuando vuelvan a ser convocados para votar de nuevo y renovar el batallón de los poderosos.
En España, ser presidente de una autonomía, consejero, alcalde o concejal no es ya un servicio sino un premio, el mejor de los posibles, a juzgar por el derroche de medios que se emplean en la batalla del poder: vallas publicitarias, cuñas radiofónicas, mitines, páginas en la prensa, banderolas, gallardetes, caravanas electorales, vehiculos publicitarios, gabinetes de prensa, costosas asesorías de imagen, blogs en Internet, lluvias de correos electrónicos, sedes electorales, carteles, folletos, buzoneo, correspondencia electoral, propaganda a raudales, todo un montaje que los expertos no se atreven a calcular pero que, sin duda, supera los 10.000 millones de euros de gasto, dinero suficiente para dignificar las escuelas e institutos de todo el país, para construir una red de autopistas o para crear nuevas lineas ferroviarias de alta velocidad.
He preguntado por el gasto total de España en esta campaña a varios amigos, directores y propietarios de agencias de publicidad y relaciones públicas, pero ninguno se siente capaz de cifrarlo. Sin embargo, todos admiten que es, sin duda, es muy superior a los 10.000 millones de euros, una cantidad que produce vértigo, más de la mitad de la cual es opaca o procedente de fondos camuflados.
El espectáculo del derroche electoral en España es insólito y no para de crecer, elección tras elección, campaña tras campaña, como consecuencia del poder creciente de los partidos políticos y de los privilegios y ventajas que acumula y trae consigo el ejercicio del poder. Los políticos españoles se han convertido en "los nuevos amos; y se lucha por el cargo publico cuerpo a cuerpo, a cuchillo, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea.
Ser alcalde en España equivale a tener asegurado un sueldo anual mínimo de 30.000 euros, aproximadamente, trabajando media jornada y con privilegios suplementarios como coche oficial, secretaria, tarjeta de crédito y poder para repartir fondos públicos, puestos de trabajo, viviendas, etc. Otras alcaldías de grandes ciudadades implican sueldos anuales de 100.000 euros y todavía más dinero en las grandes ciudades, además de una marea de privilegios y ventajas colaterales.
La política es ya el primer sector de la economía española. Nadie calcula su alcance, quizás porque da vergüenza, pero si se suman los sueldos de los altos cargos, los presupuestos de los partidos políticos y los de los gobiernos nacional y regionales, parlamentos nacional y regionales, diputaciones, ayuntamientos, empresas públicas y de las miles de instituciones bajo control político, la cantidad supera, con creces, al sector electrico, al automovilístico, al del transporte, al de las telecomunicaciones y al de las nuevas tecnologías.
La importancia de lo que está en juego se refleja en la publicidad y en los enormes y desproporcionados gastos de campaña, con decenas de miles de vallas publicitarias y banderolas, esparcidas por todo el territorio español, reflejando rostros de políticos, muchos de ellos desconocidos, fotografiados por profesionales de la imagen con sonrisas forzadas, algunas de ellas patéticas.
Es el gran negocio de la política, el que más dinero mueve en esta España que ha transformado su ilusionante y joven democracia en toda una poderosa partitocracia, con una clase política atiborrada de poder y de privilegios, sin control alguno por parte de los ciudadanos, que asisten al espectáculo como invitados de piedra y cuyo poder y participación en la política han quedado reducidos a pagar impuestos y al instante en que depositan su voto en las urnas.
Un segundo después, cuando ya ha emitido su voto, los ciudadanos españoles pasan a la "reserva" y, aunque , en teoría, son los soberanos y protagonistas de la democracia, quedan relegados y relevados de toda responsabilidad y acción hasta dentro de cuatro años, cuando vuelvan a ser convocados para votar de nuevo y renovar el batallón de los poderosos.
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