Los españoles, desde que nacemos hasta que morimos, somos una hucha de la que los gobiernos sacan todo el dinero que necesitan. El abuso de poder y la tiranía muestran su peor rostro en la política fiscal española, cruel, injusta, indecente y anticonstitucional. Y el denostado Impuesto de Sucesiones y Donaciones es la mejor prueba de esa brutalidad fiscal.
España es un ejemplo de manual de como se desmonta una nación con la aquiescencia y beneplácito de sus ciudadanos. Los políticos son los protagonistas principales del desguace de España, un país sometido a saqueo impune por su clase dirigente, que utiliza todos los recursos, desde el fisco a la estafa, para apropiarse del dinero de los ciudadanos, en especial de las clases medias.
Con mezquindad y demostrando que los políticos y los ciudadanos están divorciados en España, donde el bien común está ausente de la vida política, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó el martes 30 de octubre tomar en consideración la proposición de ley para la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, presentada por Ciudadanos, con 163 votos a favor, 177 en contra y una abstención.
De todos los argumentos esgrimidos en el hemiciclo, el más repugnante fue el de los socialistas, que defendieron mentiras tan archidemostradas como "el carácter progresivo del impuesto" y que su eliminación supondría "reducir el Estado de bienestar", cuando ni el impuesto es progresivo, porque sólo lo pagan los trabajadores y las clases medias, mientras que lo que de verdad reduce y hace trizas el Estado de bienestar es el despilfarro del gobierno y, sobre todo, el enrome tamaño de un Estado que tiene a sueldo más políticos que Francia, Alemania e Inglaterra juntos, todo un abuso miserable y sin ética que obliga a cobrar impuestos abusivos para sufragar a ese monstruo insostenible.
El empecinamiento de las izquierdas españolas en cobrar un impuesto que, según reconoció la propia presidenta socialista de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "ha quedado deslegitimado" por la protesta popular masiva, es un ejemplo de esa política anticiudadana e injusta que abre las puertas a los Bolsonaros y al auge de la extrema derecha, a la que apoya con sus votos un pueblo cada día más cansado de políticos millonarios, hipócritas e ineptos que sólo trabajan para su propio beneficio.
El impuesto de sucesiones es un ejemplo insuperable de tributo arbitrario e indecente, el primer impuesto en la historia de la España moderna que ha merecido una rebelión multitudinaria de la ciudadanía y un rechazo colectivo impresionante, pero insuficiente para demoler la crueldad y la codicia de la izquierda española.
Las razones que esgrime la ciudadanía para rechazar el llamado "Impuesto a los muertos" son muchas y profundas. La primera es que ese impuesto obliga a tributar por lo que ya ha tributado, lo que significa doble imposición. La segunda razón es que cada autonomía española lo cobra como quiere, generándose una desigualdad que rompe el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles. Se da el caso concreto de que una herencia en Asturias paga mil veces más que la misma herencia en Canarias y cien veces más que en Madrid. Otras razones esgrimidas es que ese impuesto viola la voluntad de los que mueren, que destroza la economía porque arruina empresas familiares o las cierra, que causa daños terribles a las familias, muchas de las cuales se empeñan y otras muchas renuncian a las herencias, con dolor, porque no pueden pagar las cantidades que el gobierno, sádico y codicioso, les exige.
La situación que crea ese impuesto es de grave daño para la economía, las personas y los derechos humanos básicos. La forma como se aplica el impuesto denota crueldad y brutalidad, pues las administraciones practican tasaciones abusivas y aplican intereses desproporcionados, sin proporcionar a las víctimas facilidades de ningún tipo. El drama de heredar en España se acentúa cuando los bienes heredades son subastados a precios muy reducidos, inferiores a los tasados, provocando que los afectados piensen, probablemente con razón, que han sido estafados y que son las víctimas de un saqueo por parte de los administradores del Estado, que ni siquiera los otorgan el derecho de tanteo en los bienes subastados.
Sólo la arrogancia y la corrupción del poder político explica la situación de injusticia y abuso que rodea a las herencias en España.
Francisco Rubiales
España es un ejemplo de manual de como se desmonta una nación con la aquiescencia y beneplácito de sus ciudadanos. Los políticos son los protagonistas principales del desguace de España, un país sometido a saqueo impune por su clase dirigente, que utiliza todos los recursos, desde el fisco a la estafa, para apropiarse del dinero de los ciudadanos, en especial de las clases medias.
Con mezquindad y demostrando que los políticos y los ciudadanos están divorciados en España, donde el bien común está ausente de la vida política, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó el martes 30 de octubre tomar en consideración la proposición de ley para la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, presentada por Ciudadanos, con 163 votos a favor, 177 en contra y una abstención.
De todos los argumentos esgrimidos en el hemiciclo, el más repugnante fue el de los socialistas, que defendieron mentiras tan archidemostradas como "el carácter progresivo del impuesto" y que su eliminación supondría "reducir el Estado de bienestar", cuando ni el impuesto es progresivo, porque sólo lo pagan los trabajadores y las clases medias, mientras que lo que de verdad reduce y hace trizas el Estado de bienestar es el despilfarro del gobierno y, sobre todo, el enrome tamaño de un Estado que tiene a sueldo más políticos que Francia, Alemania e Inglaterra juntos, todo un abuso miserable y sin ética que obliga a cobrar impuestos abusivos para sufragar a ese monstruo insostenible.
El empecinamiento de las izquierdas españolas en cobrar un impuesto que, según reconoció la propia presidenta socialista de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "ha quedado deslegitimado" por la protesta popular masiva, es un ejemplo de esa política anticiudadana e injusta que abre las puertas a los Bolsonaros y al auge de la extrema derecha, a la que apoya con sus votos un pueblo cada día más cansado de políticos millonarios, hipócritas e ineptos que sólo trabajan para su propio beneficio.
El impuesto de sucesiones es un ejemplo insuperable de tributo arbitrario e indecente, el primer impuesto en la historia de la España moderna que ha merecido una rebelión multitudinaria de la ciudadanía y un rechazo colectivo impresionante, pero insuficiente para demoler la crueldad y la codicia de la izquierda española.
Las razones que esgrime la ciudadanía para rechazar el llamado "Impuesto a los muertos" son muchas y profundas. La primera es que ese impuesto obliga a tributar por lo que ya ha tributado, lo que significa doble imposición. La segunda razón es que cada autonomía española lo cobra como quiere, generándose una desigualdad que rompe el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles. Se da el caso concreto de que una herencia en Asturias paga mil veces más que la misma herencia en Canarias y cien veces más que en Madrid. Otras razones esgrimidas es que ese impuesto viola la voluntad de los que mueren, que destroza la economía porque arruina empresas familiares o las cierra, que causa daños terribles a las familias, muchas de las cuales se empeñan y otras muchas renuncian a las herencias, con dolor, porque no pueden pagar las cantidades que el gobierno, sádico y codicioso, les exige.
La situación que crea ese impuesto es de grave daño para la economía, las personas y los derechos humanos básicos. La forma como se aplica el impuesto denota crueldad y brutalidad, pues las administraciones practican tasaciones abusivas y aplican intereses desproporcionados, sin proporcionar a las víctimas facilidades de ningún tipo. El drama de heredar en España se acentúa cuando los bienes heredades son subastados a precios muy reducidos, inferiores a los tasados, provocando que los afectados piensen, probablemente con razón, que han sido estafados y que son las víctimas de un saqueo por parte de los administradores del Estado, que ni siquiera los otorgan el derecho de tanteo en los bienes subastados.
Sólo la arrogancia y la corrupción del poder político explica la situación de injusticia y abuso que rodea a las herencias en España.
Francisco Rubiales
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