Los nacionalistas catalanes se han obsesionado tanto en su enfrentamiento con España, durante los últimos años, que han olvidado la esencia de las leyes democráticas, hasta el punto de aprobar en su Parlamento un Estatuto tan intervencionista y desequilibrado que muchos expertos tienen serias dudas de que sea auténticamente democrático.
Para que exista una democracia real no basta con disponer de leyes democráticas y de cumplir unos ritos electorales cada cuatro o cinco años. La democracia no es sólo el imperio de leyes democráticas, sino una forma de vivir en común, libremente elegida por los ciudadanos, que exige actitudes, controles, normas y valores, algunos de ellos imprescindibles.
Entre esas condiciones imprescindibles figuran unos poderres básicos del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) independientes y equilibrados; unas leyes auténticamente democráticas que garantices la igualdad, la justicia, la libertad y la solidaridad; una sociedad civil cohesionada e influyente, capaz de servir de contrapeso y de controlar al poder público; una prensa libre, no controlada por los grandes poderes; unos partidos políticos que representen efectivamente el poder soberano del pueblo y que estimulen la participación del ciudadano en la política; y unos ciudadanos libres, políticamente comprometidos, participativos y no sometidos al poder político de las élites, entre otras condiciones.
En Cataluña ya existía un evidente déficit democrático que se manifestaba en la ausencia de algunos de los requisitos imprescindibles, como el declive de la prensa libre, el hecho de que los partidos hayan infiltrado y controlen los poderes básicos del Estado, el escaso peso de la sociedad civil y la escasa participación ciudadana en la toma de decisiones y en la política, que, de hecho, es un monopolio de los partidos políticos, pero los excesos del Estatuto empeoran la situación de precariedad democrática.
El Estatuto es un documento desequilibrado, redactado por los políticos para los políticos, sin participación de los ciudadanos, que hipertrofia el poder público, que crea un gobierno intervencionista en esceso y que margina al ciudadano y a la sociedad civil. El Estado que emerge del Estatuto permite, por ejemplo, que la Generalitat pueda regular hasta el ocio de los ciudadanos, se inmiscuya en las instituciones propias de la sociedad civil, como la Universidad, las cajas de ahorros, las asociaciones y otras muchas. La reciente denuncia de la prensa de que el President desee nombrar "Consejero" a su hermano Ernest, algo que ni siquiera seria imaginable en otras democracias avanzadas del planeta, demuestra el excesivo poder político en la sociedad catalana y su verticalismo.
Los ciudadanos catalanes deberían leer de nuevo su Estatuto y juzgarlo, esta vez no tanto por lo que consigue arrebatar al Estado central español, sino por lo que logra arrebatar al propio ciudadano y porque crea un poder político desmesurado, sin suficientes controles y , por fortuna, ya superado y pasado de moda en el plano de la democracia mundial.
Para que exista una democracia real no basta con disponer de leyes democráticas y de cumplir unos ritos electorales cada cuatro o cinco años. La democracia no es sólo el imperio de leyes democráticas, sino una forma de vivir en común, libremente elegida por los ciudadanos, que exige actitudes, controles, normas y valores, algunos de ellos imprescindibles.
Entre esas condiciones imprescindibles figuran unos poderres básicos del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) independientes y equilibrados; unas leyes auténticamente democráticas que garantices la igualdad, la justicia, la libertad y la solidaridad; una sociedad civil cohesionada e influyente, capaz de servir de contrapeso y de controlar al poder público; una prensa libre, no controlada por los grandes poderes; unos partidos políticos que representen efectivamente el poder soberano del pueblo y que estimulen la participación del ciudadano en la política; y unos ciudadanos libres, políticamente comprometidos, participativos y no sometidos al poder político de las élites, entre otras condiciones.
En Cataluña ya existía un evidente déficit democrático que se manifestaba en la ausencia de algunos de los requisitos imprescindibles, como el declive de la prensa libre, el hecho de que los partidos hayan infiltrado y controlen los poderes básicos del Estado, el escaso peso de la sociedad civil y la escasa participación ciudadana en la toma de decisiones y en la política, que, de hecho, es un monopolio de los partidos políticos, pero los excesos del Estatuto empeoran la situación de precariedad democrática.
El Estatuto es un documento desequilibrado, redactado por los políticos para los políticos, sin participación de los ciudadanos, que hipertrofia el poder público, que crea un gobierno intervencionista en esceso y que margina al ciudadano y a la sociedad civil. El Estado que emerge del Estatuto permite, por ejemplo, que la Generalitat pueda regular hasta el ocio de los ciudadanos, se inmiscuya en las instituciones propias de la sociedad civil, como la Universidad, las cajas de ahorros, las asociaciones y otras muchas. La reciente denuncia de la prensa de que el President desee nombrar "Consejero" a su hermano Ernest, algo que ni siquiera seria imaginable en otras democracias avanzadas del planeta, demuestra el excesivo poder político en la sociedad catalana y su verticalismo.
Los ciudadanos catalanes deberían leer de nuevo su Estatuto y juzgarlo, esta vez no tanto por lo que consigue arrebatar al Estado central español, sino por lo que logra arrebatar al propio ciudadano y porque crea un poder político desmesurado, sin suficientes controles y , por fortuna, ya superado y pasado de moda en el plano de la democracia mundial.
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