Las encuestas oficiales ya reconocen hasta un 30 por ciento de rechazo a las autonomías, pero la realidad, según numerosos expertos y analistas, es que el rechazo supera el 50 por ciento, ya que muchos ciudadanos, por miedo, ocultan su criterio cuando son interrogados sobre asuntos sensibles y polémicos.
Si hiciéramos un referéndum para saber si ahora la gente quiere autonomías o no, el resultado, sin duda, sería negativo y colocaría a la mayoría de los políticos y a sus partidos contra las cuerdas, tras demostrarse que ellos defienden un sistema y una arquitectura de nación rechazada por la ciudadanía.
Mis amigos sociólogos me aseguran que las encuestas que ellos realizan periódicamente, en forma de ómnibus, demuestran que los que rechazan las autonomías ya son una sólida mayoría.
Gran culpa del deterioro y de la impopularidad del sistema autonómico lo tienen Andalucia y Cataluña, sobre todo esta última, cuyo separatismo ha colocado al país en la frontera de un auténtico conflicto civil.
Andalucia por su corrupción profunda y por el estado de clientelismo intervencionista y pseudo totalitario de la Junta socialista, el País Vasco, territorio convertido por el terrorismo en un campo de batalla, y Cataluña por sus agresiones a las leyes, al orden público, a la Constitución, a la unidad de España, a la decencia y a la convivencia, todo ello incrementado con corrupción y odio, han dinamitado el prestigio de las autonomías, que fue grande cuando se aprobó la Constitución, en 1978.
Parece evidente que, tras contemplar lo que ocurrido en los cortijos de Cataluña, el País Vasco y Andalucía, muchos millones de españoles han dejado de apreciar las autonomías y quieren una España unida, limpia y disciplinada, y no una nación dividida en 18 compartimentos con su armonía destruida y llena de insensatos despilfarradores y generadores de corrupción, divisiones, envidias, odios y nacionalismo victimista.
El grueso de los españoles siente un asco creciente ante el enorme número de políticos que viven del Estado y de las trampas y arbitrariedades que protagonizan al colocar a sus familiares y amigos y al otorgar subvenciones, contratos y concesiones a familiares, amigos y compinches.
Hechos como los asesinatos de ETA, el odio, el adoctrinamiento y la colección de coches de Jordi Pujol Ferrusola, tasada en dos millones de euros, y la red clientelar tupida descubierta en Andalucía, más propia de una república soviética que de una democracia europea, son imágenes repugnantes que provocan vergüenza a millones de españoles, que, lógicamente, rechazan también el sistema autonómico que permite esos abusos y canalladas.
La sociedad española quiere un único país, igual para todos, con servicios e impuestos iguales para todo, donde no ocurran las injusticias del presente, como que a un andaluz o valenciano no lo atiendan en hospitales públicos de otras regiones o que heredar en una región represente pagar cien veces más impuestos que en otra.
Para colmo de males, Pedro Sánchez, al tener que pagar los apoyos recibidos del nacionalismo, ha intensificado brutalmente las diferencias entre unas regiones y otras, convirtiendo a Cataluña y el País Vasco en regiones privilegiadas y mejor dotadas de fondos que las demás. Su castigo a Murcia y a Andalucía, donde los socialistas han sido desplazados del poder, terminan de desprestigiar y convertir en odioso un sistema que, en manos del gobierno socialcomunista, millones de españoles identifican ya con corrupción, abuso, opresión e ignominia.
Francisco Rubiales
Si hiciéramos un referéndum para saber si ahora la gente quiere autonomías o no, el resultado, sin duda, sería negativo y colocaría a la mayoría de los políticos y a sus partidos contra las cuerdas, tras demostrarse que ellos defienden un sistema y una arquitectura de nación rechazada por la ciudadanía.
Mis amigos sociólogos me aseguran que las encuestas que ellos realizan periódicamente, en forma de ómnibus, demuestran que los que rechazan las autonomías ya son una sólida mayoría.
Gran culpa del deterioro y de la impopularidad del sistema autonómico lo tienen Andalucia y Cataluña, sobre todo esta última, cuyo separatismo ha colocado al país en la frontera de un auténtico conflicto civil.
Andalucia por su corrupción profunda y por el estado de clientelismo intervencionista y pseudo totalitario de la Junta socialista, el País Vasco, territorio convertido por el terrorismo en un campo de batalla, y Cataluña por sus agresiones a las leyes, al orden público, a la Constitución, a la unidad de España, a la decencia y a la convivencia, todo ello incrementado con corrupción y odio, han dinamitado el prestigio de las autonomías, que fue grande cuando se aprobó la Constitución, en 1978.
Parece evidente que, tras contemplar lo que ocurrido en los cortijos de Cataluña, el País Vasco y Andalucía, muchos millones de españoles han dejado de apreciar las autonomías y quieren una España unida, limpia y disciplinada, y no una nación dividida en 18 compartimentos con su armonía destruida y llena de insensatos despilfarradores y generadores de corrupción, divisiones, envidias, odios y nacionalismo victimista.
El grueso de los españoles siente un asco creciente ante el enorme número de políticos que viven del Estado y de las trampas y arbitrariedades que protagonizan al colocar a sus familiares y amigos y al otorgar subvenciones, contratos y concesiones a familiares, amigos y compinches.
Hechos como los asesinatos de ETA, el odio, el adoctrinamiento y la colección de coches de Jordi Pujol Ferrusola, tasada en dos millones de euros, y la red clientelar tupida descubierta en Andalucía, más propia de una república soviética que de una democracia europea, son imágenes repugnantes que provocan vergüenza a millones de españoles, que, lógicamente, rechazan también el sistema autonómico que permite esos abusos y canalladas.
La sociedad española quiere un único país, igual para todos, con servicios e impuestos iguales para todo, donde no ocurran las injusticias del presente, como que a un andaluz o valenciano no lo atiendan en hospitales públicos de otras regiones o que heredar en una región represente pagar cien veces más impuestos que en otra.
Para colmo de males, Pedro Sánchez, al tener que pagar los apoyos recibidos del nacionalismo, ha intensificado brutalmente las diferencias entre unas regiones y otras, convirtiendo a Cataluña y el País Vasco en regiones privilegiadas y mejor dotadas de fondos que las demás. Su castigo a Murcia y a Andalucía, donde los socialistas han sido desplazados del poder, terminan de desprestigiar y convertir en odioso un sistema que, en manos del gobierno socialcomunista, millones de españoles identifican ya con corrupción, abuso, opresión e ignominia.
Francisco Rubiales
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