Pedro Sánchez, sospechoso de fraude electoral

Una buena parte de la sociedad española española ha perdido la confianza en los políticos y de manera especial en Pedro Sánchez, cuyos antecedentes, ambición de poder y comportamiento ventajista le convierten en sospechoso de ser un depredador sin escrúpulos capaz de cometer fraude electoral y otros abusos.

El fraude electoral no es solo alterar el escrutinio de votos para obtener la victoria. Fraude electoral es cualquier comportamiento que aproveche los recursos del cargo oficial que se ocupa para obtener ventajas sobre los demás participantes en los comicios.

Cuando la campaña todavía no ha comenzado oficialmente, Pedro Sánchez ya ha realizado movimientos que en España son perfectamente legales, pero que en otros países serían motivo suficiente para recibir tarjeta roja y ser expulsado de la contienda electoral. Uno de ellos es la reciente entrevista en TVE, en hora estelar, y otras anteriores fueron la utilización de los consejos de ministros para aprobar decretos electoralistas, desplazamientos en transportes públicos para actos claramente electoralistas y otras muchas medidas oportunistas y de claro matiz electoral.

"El Economista" acaba de publicar un titular inquietante que refleja la escasa ética del presidente español: "Pedro Sanchez planea gastar 7500 millones por decretazo en ano electoral y sin Presupuestos". Puede que ese paso arriesgado ni siquiera sea lícito, pero seguro que no es limpio ni decente.

Nadie discute la legalidad de esos comportamientos, pero cabe discutir con indignación la ética y decencia de esas actuaciones, claramente fraudulentas porque le otorgan ventaja frente a otros candidatos.

Aunque el gobierno en funciones de Pedro Sánchez respetara escrupulosamente el escrutinio de papeletas en la noche del próximo 10 de noviembre, ya sería culpable de fraude electoral por haber violado previamente la ética y las normas básicas de la democracia en descarado beneficio de su candidatura socialista.

Decretos, medidas oportunistas, aprovechamiento del cargo, uso de dinero público y otras muchas actuaciones suyas y de su gobierno son puro fraude electoral en las democracias clásicas y rigurosas, aunque no lo sean en España, y deberían ser motivo suficiente para que una Junta Electoral decente e independiente le saque tarjeta roja.

Exista o no en España fraude electoral, lo importante en una democracia no es sólo que exista o no exista sino que el pueblo crea que existe, lo que equivale a una grave pérdida de confianza que en si misma invalida la democracia y la deslegitima porque la democracia, sin confianza de los administrados en los administradores y en el sistema, deja de existir y no es más que una tiranía disfrazada. Aunque resulte duro admitirlo, Internet está plagada de vídeos, memes, artículos y comentarios sobre el fraude electoral en la España del presente.

A muchos políticos y ciudadanos les indigna que se hable de "pucherazo" porque dicen que eso socava la confianza en el sistema y en el liderazgo, pero es un argumento falso porque lo que realmente deteriora el sistema y la democracia es no afrontar ni debatir algo que preocupa a los ciudadanos y de lo que se habla ya en bares, restaurantes, puestos de trabajo y hogares. Ellos no deberían ignorar que el argumento que sostiene las sospechas de "pucherazo" es que la clase política española, si es capaz de plagiar sus tesis doctorales, de obtener títulos académicos de favor, de pactar para gobernar con los partidos más antiespañoles e indeseables, de mentir, de incumplir sus promesas, de despilfarrar hasta la locura y de convivir y participar en la orgía de la corrupción, ¿qué les va a impedir a los políticos realizar un fraude electoral para seguir gobernando? Por supuesto que no será la ética. En realidad, la clase política española carece de fuerza y autoridad moral para sostener que el fraude electoral está descartado en nuestro sistema político.

Francisco Rubiales