Las tres personas que fallecieron el 29 de noviembre durante un atraco a una joyería de Castelldefels, el matrimonio propietario del establecimiento y un hijo de ambos, que murieron a golpes de machete, asesinados por ladrones extremadamente violentos, son tres ejemplos más de los que, a ritmo casi diario, demuestran el fracaso del Estado español en su misión de proporcionar seguridad a los ciudadanos.
Los españoles son gente pacífica que ha renunciado sin demasiado esfuerzo a portar armas para defenderse, encomendando al gobierno el cuidado de su seguridad. El rechazo a las armas por parte de los españoles se debe, seguramente, a la cruenta guerra civil que vivió la sociedad española entre 1936 y 1939. Pero ocurre en España que esa seguridad no está ahora ni razonable, ni aceptablemente garantizada porque el Estado, de manera frívola e incumpliendo su contrato con la ciudadanía, está permitiendo que los delincuentes estén armados y que los ciudadanos hagan el papel de víctimas indefensas.
Tengo amigos policías que me informan que es cierto que el número de delitos en España se mantiene, más o menos, bajo control, pero que los delitos cada vez son más violentos y crueles, factor cualitativo que incrementa la inseguridad y el riesgo de la ciudadanía frente a una delincuencia que en los últimos años ha nutrido sus filas con bandas de inmigrantes bien organizados, militarmente entrenados y perfectamente armados. Dice que los más peligrosos son los de países del Este de Europa, de gatillo fácil, de crueldad patológica y acostumbrados a no dejar testigos para no ser reconocidos, pero no son menos peligrosos los delincuentes latinoamericanos y magrebíes (argelinos y marroquíes), estos últimos poseídos de un especial odio hacia sus víctimas. Casi la mitad de la población reclusa en España es ya extranjera. Si a este panorama se añade la proliferación de bandas violentas integradas por jóvenes, el hacinamiento en las cárceles, donde ya no cabe ni un preso más, y la tendencia creciente de los jueces a dejar al criminal en la calle, bajo una vigilancia que la policía, sin fuerzas suficientes y con más de un tercio de sus efectivos dedicados a la burocracia o a cuidar políticos e instalaciones del poder, el panorama es preocupante e indignante.
Una de las justificaciones de la existencia del Estado y, a la vez, una de las bases del sistema democrático moderno es la necesidad de proteger al ciudadano frente a la delicuencia. Para que ejerza esa protección eficazmente, el ciudadano renuncia a utilizar las armas y otorga al Estado el monopolio de la violencia. Pero aquí en España hay una parte, que es el Estado, que incumple el contrato al dejar al ciudadano desprotegido.
En estas circunstancias, cuando el Estado permite que el delincuente esté armado hasta los dientes y el ciudadano honrado sea una simple víctima desarmada, dicen muchos expertos en derecho que es más digno y justo conceder licencias de armas a todos los que estén en riesgo, es decir a: joyeros, abogados, periodistas, comerciantes, farmacéuticos, empresarios, políticos, maestros, electricistas, habitantes de casas y chalets, etc., es decir, a todos.
Los españoles son gente pacífica que ha renunciado sin demasiado esfuerzo a portar armas para defenderse, encomendando al gobierno el cuidado de su seguridad. El rechazo a las armas por parte de los españoles se debe, seguramente, a la cruenta guerra civil que vivió la sociedad española entre 1936 y 1939. Pero ocurre en España que esa seguridad no está ahora ni razonable, ni aceptablemente garantizada porque el Estado, de manera frívola e incumpliendo su contrato con la ciudadanía, está permitiendo que los delincuentes estén armados y que los ciudadanos hagan el papel de víctimas indefensas.
Tengo amigos policías que me informan que es cierto que el número de delitos en España se mantiene, más o menos, bajo control, pero que los delitos cada vez son más violentos y crueles, factor cualitativo que incrementa la inseguridad y el riesgo de la ciudadanía frente a una delincuencia que en los últimos años ha nutrido sus filas con bandas de inmigrantes bien organizados, militarmente entrenados y perfectamente armados. Dice que los más peligrosos son los de países del Este de Europa, de gatillo fácil, de crueldad patológica y acostumbrados a no dejar testigos para no ser reconocidos, pero no son menos peligrosos los delincuentes latinoamericanos y magrebíes (argelinos y marroquíes), estos últimos poseídos de un especial odio hacia sus víctimas. Casi la mitad de la población reclusa en España es ya extranjera. Si a este panorama se añade la proliferación de bandas violentas integradas por jóvenes, el hacinamiento en las cárceles, donde ya no cabe ni un preso más, y la tendencia creciente de los jueces a dejar al criminal en la calle, bajo una vigilancia que la policía, sin fuerzas suficientes y con más de un tercio de sus efectivos dedicados a la burocracia o a cuidar políticos e instalaciones del poder, el panorama es preocupante e indignante.
Una de las justificaciones de la existencia del Estado y, a la vez, una de las bases del sistema democrático moderno es la necesidad de proteger al ciudadano frente a la delicuencia. Para que ejerza esa protección eficazmente, el ciudadano renuncia a utilizar las armas y otorga al Estado el monopolio de la violencia. Pero aquí en España hay una parte, que es el Estado, que incumple el contrato al dejar al ciudadano desprotegido.
En estas circunstancias, cuando el Estado permite que el delincuente esté armado hasta los dientes y el ciudadano honrado sea una simple víctima desarmada, dicen muchos expertos en derecho que es más digno y justo conceder licencias de armas a todos los que estén en riesgo, es decir a: joyeros, abogados, periodistas, comerciantes, farmacéuticos, empresarios, políticos, maestros, electricistas, habitantes de casas y chalets, etc., es decir, a todos.
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