Impulsado por el nacionalismo, que se alimenta del odio y la reivindicación permanente, que no tiene otra ideología que la acumulación de poder y que se mueve a golpe de victimismo, Cataluña, ante una indiferencia socialista que ya puede calificarse de "complicidad", se dispone a aprobar una ley que permite sancionar a los medios de comunicación que no respeten la verdad, una verdad que dependerá del juicio no de tribunales independientes, como establece la democracia, sino del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), un órgano designado por los partidos políticos y el gobierno catalán (Generalitat) cuyas funciones pasarán a tener un asombroso parecido con los colegios de comisarios políticos que cuidaban la ortodoxia y eliminaban la disidencia en la extinta URSS, en tiempos de Stalin.
Esa ley de matriz totalitaria es la Ley General Audiovisual de Cataluña, que será aprobada, con toda probabilidad, por el Parlamento de Cataluña, el próximo 15 de diciembre. Sobre ese intento de legalizar la presión y el acoso ya se han pronunciado numerosas instituciones y personas. Una de ellas es la Asociación de la Prensa de Madrid, cuyo presidente, Fernando González Urbaneja, se ha declarado "en contra de que un organismo vigile los contenidos de los medios".
El CAC está integrado por diez miembros, nueve de los cuales son elegidos por el Parlamento a propuesta, como mínimo, de tres grupos parlamentarios, y por una mayoria de dos tercios. El otro miembro, que es el presidente, es propuesto y nombrado por el Gobierno después de escuchar la opinión mayoritaria de los nueve miembros elegidos por el Parlamento.
El control de la información y el castigo político de las libertades de expresión y de crítica, siempre odiosas para el poder, son considerados por los politólogos y expertos en derecho como los primeros pasos de un gobierno hacia el totalitarismo.
Una intensa y sorprendente orientación totalitaria ya fue detectada en el Estatuto que aprobó recientemente el Parlamento de Cataluña y que en la actualidad se discute para que pueda ser aprobado por el Parlamento español, con el imprescindible apoyo de la mayoría socialista. Ese documento tiene, en opinión de expertos y juristas independientes, tendencias claramente intervencionistas y totalitarias que relegan al ciudadano a un segundo plano, que recortan las libertades individuales y que entronizan el poder de la Generalitat como gran referente dominante de la llamada "nación" catalana.
Esa ley de matriz totalitaria es la Ley General Audiovisual de Cataluña, que será aprobada, con toda probabilidad, por el Parlamento de Cataluña, el próximo 15 de diciembre. Sobre ese intento de legalizar la presión y el acoso ya se han pronunciado numerosas instituciones y personas. Una de ellas es la Asociación de la Prensa de Madrid, cuyo presidente, Fernando González Urbaneja, se ha declarado "en contra de que un organismo vigile los contenidos de los medios".
El CAC está integrado por diez miembros, nueve de los cuales son elegidos por el Parlamento a propuesta, como mínimo, de tres grupos parlamentarios, y por una mayoria de dos tercios. El otro miembro, que es el presidente, es propuesto y nombrado por el Gobierno después de escuchar la opinión mayoritaria de los nueve miembros elegidos por el Parlamento.
El control de la información y el castigo político de las libertades de expresión y de crítica, siempre odiosas para el poder, son considerados por los politólogos y expertos en derecho como los primeros pasos de un gobierno hacia el totalitarismo.
Una intensa y sorprendente orientación totalitaria ya fue detectada en el Estatuto que aprobó recientemente el Parlamento de Cataluña y que en la actualidad se discute para que pueda ser aprobado por el Parlamento español, con el imprescindible apoyo de la mayoría socialista. Ese documento tiene, en opinión de expertos y juristas independientes, tendencias claramente intervencionistas y totalitarias que relegan al ciudadano a un segundo plano, que recortan las libertades individuales y que entronizan el poder de la Generalitat como gran referente dominante de la llamada "nación" catalana.
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