A Francisco Vázquez, alcalde de La Coruña, leer el preámbulo del Estatuto le ha producido "urticaria", pero su experiencia es compartida por casi la totalidad de los que han leído ese texto osado, cuya redacción es más cercana a un canto nacionalista que un texto jurídico, de verbo imprudente y de contenidos desafiantes, insolidarios y de dudosa constitucionalidad.
Pasada la euforia inicial de aquella masiva votación de apoyo al nuevo Estatuto en el Parlamento de Cataluña, ahora todos los que participaron en aquella "fiesta" están descubriendo que el Estatuto era un cóctel demasiado fuerte, que se sube a la cabeza y que provoca una terrible resaca.
Todos los que bebieron la pócima están sufriendo sus efectos: Zapatero ha perdido el blindaje popular y comienza a desgastarse; el PSOE está dividido, con muchos de sus militantes acusando a Zapatero de haber unido su destino a la estrella equivocada y reclamando un escarmiento a Maragall que le haga entender que los socialistas son gente solidaria y respetuosa con la Constitución; el propio Maragall debilitándose ante su partido, ante la opinión pública española, la catalana y ante sus insaciables socios de gobierno; y una ERC que se siente maniatada, con un empresariado catalán que no parece dispuesto a soportar aventaras políticas que pongan en peligro las ventas.
Pero el mayor perjudicado ha sido, sin duda, la Generalitat catalana, un gobierno al que el Estatuto ha aportado una dura imagen de trasnochado intervencionismo, cercano a posturas estatalistas ya superadas y dejadas de lado en las democracias más avanzadas del mundo.
La tesis popularizada por Josef Piqué, líder de la derecha catalana, de que el Estatuto permite a la Generalitat hasta regular el ocio privado de los ciudadanos, contribuye a propagar la imagen autoritaria e intervencionista del documento.
El Estatuto comienza a ser considerado como una "patata caliente", cobre todo por las empresarios catalanes, que, ante el alboroto, ven en peligro sus negocios y reclaman el necesario silencio y discreción para que el dinero fluya.
Pasada la euforia inicial de aquella masiva votación de apoyo al nuevo Estatuto en el Parlamento de Cataluña, ahora todos los que participaron en aquella "fiesta" están descubriendo que el Estatuto era un cóctel demasiado fuerte, que se sube a la cabeza y que provoca una terrible resaca.
Todos los que bebieron la pócima están sufriendo sus efectos: Zapatero ha perdido el blindaje popular y comienza a desgastarse; el PSOE está dividido, con muchos de sus militantes acusando a Zapatero de haber unido su destino a la estrella equivocada y reclamando un escarmiento a Maragall que le haga entender que los socialistas son gente solidaria y respetuosa con la Constitución; el propio Maragall debilitándose ante su partido, ante la opinión pública española, la catalana y ante sus insaciables socios de gobierno; y una ERC que se siente maniatada, con un empresariado catalán que no parece dispuesto a soportar aventaras políticas que pongan en peligro las ventas.
Pero el mayor perjudicado ha sido, sin duda, la Generalitat catalana, un gobierno al que el Estatuto ha aportado una dura imagen de trasnochado intervencionismo, cercano a posturas estatalistas ya superadas y dejadas de lado en las democracias más avanzadas del mundo.
La tesis popularizada por Josef Piqué, líder de la derecha catalana, de que el Estatuto permite a la Generalitat hasta regular el ocio privado de los ciudadanos, contribuye a propagar la imagen autoritaria e intervencionista del documento.
El Estatuto comienza a ser considerado como una "patata caliente", cobre todo por las empresarios catalanes, que, ante el alboroto, ven en peligro sus negocios y reclaman el necesario silencio y discreción para que el dinero fluya.
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