La defensa de un estado libre y de derecho es especialmente importante para evitar que la situación tan excepcional en que nos encontramos sirva de excusa para los enemigos de la democracia en libertad.
El artículo 1 de nuestra constitución establece claramente que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.” Ese primer artículo es el pilar sobre el que se apoya el texto que ha generado el mayor consenso, el mayor período de libertad de nuestra historia y la mayor creación de riqueza que nunca haya conocido nuestro país. La combinación de un sistema productivo libre y de la provisión de algunos servicios públicos esenciales, como son la defensa, la justicia, la educación y la sanidad, han logrado que nuestra nación esté en los primeros lugares de todos los ránkings internacionales de calidad vida. Sin embargo, no todos son luces. En aquellos donde peor nos encontramos son, precisamente, todos los que señalan el exceso de intervención del estado, como el de PISA en educación, el de Libertad Económica, el de condiciones para facilitar el emprendimiento o el de Corrupción, entre otros.
Un estado social y democrático de derecho supone que no podemos dejar a nadie atrás. No puede dejarse atrás a los trabajadores, que están engrosando las listas de desempleo por millones; no puede dejarse atrás a las PYMES y los autónomos, los verdaderos creadores de riqueza y fundamentales en el tejido laboral y productivo de este país; como no puede dejarse atrás a los empresarios, cuya labor de emprendimiento, de satisfacción de nuestras necesidades es absolutamente esencial.
No dejar a nadie atrás significa proveer de recursos a quienes lo necesitan. Y, para ello, es imperativo reducir los gastos del estado hasta los límites mínimos para aprovechar esa disminución y ayudar, así, a quienes realmente lo necesitan. En un presupuesto de casi 200.000 millones de euros de gastos es materialmente imposible que no haya partidas en las que recortar. Los españoles hacemos un esfuerzo fiscal similar al de nuestros socios de la Unión Europea, cuando nuestro PIB es un 17% inferior a la media y tenemos un paro que es prácticamente el doble. Nuestra deuda pública, la deuda que trasladamos irresponsablemente a nuestros hijos y a nuestros nietos, equivale a todo lo que producimos. Es inmoral, en esta situación, trasladar a los ciudadanos que “son tiempos difíciles” para que paguemos nosotros la factura. No es admisible que el Estado sólo pueda mantenerse de la extracción de rentas de empresas y trabajadores.
Esa factura no es sólo económica. Se están cercenando las libertades fundamentales, más allá del límite lógico derivado de las circunstancias. Se corre el riesgo de que las actuaciones del gobierno para controlar a la población no cesen una vez superado el estado de alarma. La actitud del gobierno frente a la prensa, cuya libertad es la base de la salud de la democracia, es intolerable. La transparencia en las decisiones del gobierno y la máxima rendición de cuentas son dos soportes sobre los que cualquier gobierno debería sustentarse en momentos en los que la confusión se convierte en un elemento peligroso para la supervivencia de nuestra democracia. El Parlamento es el depositario de la sana vigilancia de los ciudadanos.
La excepcional situación actual, sin entrar en los factores que pudieron acelerar la propagación del virus SARS-CoV-2, no puede ser, en ningún caso, aprovechada para reducir las libertades de las que gozamos e imponer un lastre definitivo a la recuperación. España no puede sumarse a la lista de países que el exceso de intervención pública ha destrozado.
Así, los abajo firmantes exigimos al gobierno, a sus expertos y a sus técnicos, que hagan el esfuerzo de reducir al máximo el gasto espurio para poder dedicar el excedente a la recuperación del tejido social y empresarial. Se trata de dedicar el presupuesto a la recuperación, para proteger a los trabajadores y autónomos y no incurrir en errores que lastrarán a nuestra economía y frenará el progreso de nuestra sociedad durante generaciones.
A lo largo de nuestra historia, los españoles hemos dado pruebas suficientes de nuestra capacidad para recuperarnos de situaciones muy difíciles. Sólo pedimos al gobierno que esté a la altura en estos terribles momentos.
Promotores
María Blanco, Daniel Lacalle y Juan Manuel López Zafra. Economistas.
El artículo 1 de nuestra constitución establece claramente que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.” Ese primer artículo es el pilar sobre el que se apoya el texto que ha generado el mayor consenso, el mayor período de libertad de nuestra historia y la mayor creación de riqueza que nunca haya conocido nuestro país. La combinación de un sistema productivo libre y de la provisión de algunos servicios públicos esenciales, como son la defensa, la justicia, la educación y la sanidad, han logrado que nuestra nación esté en los primeros lugares de todos los ránkings internacionales de calidad vida. Sin embargo, no todos son luces. En aquellos donde peor nos encontramos son, precisamente, todos los que señalan el exceso de intervención del estado, como el de PISA en educación, el de Libertad Económica, el de condiciones para facilitar el emprendimiento o el de Corrupción, entre otros.
Un estado social y democrático de derecho supone que no podemos dejar a nadie atrás. No puede dejarse atrás a los trabajadores, que están engrosando las listas de desempleo por millones; no puede dejarse atrás a las PYMES y los autónomos, los verdaderos creadores de riqueza y fundamentales en el tejido laboral y productivo de este país; como no puede dejarse atrás a los empresarios, cuya labor de emprendimiento, de satisfacción de nuestras necesidades es absolutamente esencial.
No dejar a nadie atrás significa proveer de recursos a quienes lo necesitan. Y, para ello, es imperativo reducir los gastos del estado hasta los límites mínimos para aprovechar esa disminución y ayudar, así, a quienes realmente lo necesitan. En un presupuesto de casi 200.000 millones de euros de gastos es materialmente imposible que no haya partidas en las que recortar. Los españoles hacemos un esfuerzo fiscal similar al de nuestros socios de la Unión Europea, cuando nuestro PIB es un 17% inferior a la media y tenemos un paro que es prácticamente el doble. Nuestra deuda pública, la deuda que trasladamos irresponsablemente a nuestros hijos y a nuestros nietos, equivale a todo lo que producimos. Es inmoral, en esta situación, trasladar a los ciudadanos que “son tiempos difíciles” para que paguemos nosotros la factura. No es admisible que el Estado sólo pueda mantenerse de la extracción de rentas de empresas y trabajadores.
Esa factura no es sólo económica. Se están cercenando las libertades fundamentales, más allá del límite lógico derivado de las circunstancias. Se corre el riesgo de que las actuaciones del gobierno para controlar a la población no cesen una vez superado el estado de alarma. La actitud del gobierno frente a la prensa, cuya libertad es la base de la salud de la democracia, es intolerable. La transparencia en las decisiones del gobierno y la máxima rendición de cuentas son dos soportes sobre los que cualquier gobierno debería sustentarse en momentos en los que la confusión se convierte en un elemento peligroso para la supervivencia de nuestra democracia. El Parlamento es el depositario de la sana vigilancia de los ciudadanos.
La excepcional situación actual, sin entrar en los factores que pudieron acelerar la propagación del virus SARS-CoV-2, no puede ser, en ningún caso, aprovechada para reducir las libertades de las que gozamos e imponer un lastre definitivo a la recuperación. España no puede sumarse a la lista de países que el exceso de intervención pública ha destrozado.
Así, los abajo firmantes exigimos al gobierno, a sus expertos y a sus técnicos, que hagan el esfuerzo de reducir al máximo el gasto espurio para poder dedicar el excedente a la recuperación del tejido social y empresarial. Se trata de dedicar el presupuesto a la recuperación, para proteger a los trabajadores y autónomos y no incurrir en errores que lastrarán a nuestra economía y frenará el progreso de nuestra sociedad durante generaciones.
A lo largo de nuestra historia, los españoles hemos dado pruebas suficientes de nuestra capacidad para recuperarnos de situaciones muy difíciles. Sólo pedimos al gobierno que esté a la altura en estos terribles momentos.
Promotores
María Blanco, Daniel Lacalle y Juan Manuel López Zafra. Economistas.
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