La sorprendente terquedad que exhibe la Junta de Andalucía manteniendo a toda costa el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a pesar de que existe un clamor popular en contra de ese tributo, del que cada día se conocen más detalles escabrosos y brutales, sólo demuestra hasta que punto se ha degenerado el poder político y el liderazgo en esta comunidad, la más atrasada y corrupta de España.
Al mantener la injusticia contra la voluntad popular, los gobiernos pierden el sentido de la democracia, la capacidad de ser justos y la legitimidad porque no se puede gobernar en contra de los intereses y deseos del pueblo en democracia.
Sensibilizada por la intensidad de la protesta popular, los medios de comunicación han puesto el punto de mira en ese impuesto y están publicando casos concretos de atropellos y abusos contra familias y personas, causados por el gobierno andaluz, que aplica de manera implacable e inmisericorde ese tributo, considerado como claramente anticonstitucional y abusivo por los expertos.
Heredar en Andalucía, ya se sea andaluz o residente en esta comunidad, es cien veces más caro que heredar en Madrid o Canarias, lo que establece una desigualdad claramente contraria a la Constitución. Pero el Impuesto tiene más detalles brutales, como el hecho de que la Junta sea quien tase los bienes heredados y que lo haga, para cobrar más, muy por encima del valor de mercado, lo que constituye un sucio abuso, inimaginable en una democracia, donde se supone que los gobernantes están al servicio del bien común, no de sus propios intereses, del abuso y la opresión. El impuesto representa también una doble imposición fiscal, ya que se paga por lo que ya se ha pagado en vida, además de constituir una agresión, cruel e irrespetuosa, contra la última voluntad de los que fallecen, que deseaban transmitir a sus familiares lo que han logrado acumular en vida, fruto de su trabajo y esfuerzo ahorrador.
Otras comunidades autónomas, ante la presión popular, han decidido rebajarlo o bonificarlo al máximo, pero Susana se mantiene en sus trece y sostiene ese impuesto contra la voluntad de su pueblo, demostrando así el alto grado de degeneración del liderazgo y de la política en esta tierra atrasada del sur de Europa.
Los ciudadanos, ante el comportamiento de la clase política y frente a los muchos casos de abuso de poder y corrupción que padecen, están perdiendo la fe en la democracia y comprueban cada día que están siendo gobernados por personas sin sensibilidad, sin altura moral y sin valores, una realidad que produce desconfianza, angustia y frustración porque los principales culpables de que eso esté ocurriendo es la misma ciudadanía, por elegir en las urnas a personas sin altura moral ni preparación.
Resulta incomprensible que un gobierno se atrinchere en la arbitrariedad y el abuso y obre claramente contra su pueblo, un pueblo que no para de inundar con firmas de protesta la sede de la Asociación "STOP Impuesto Sucesiones", donde ya hay más de 200,000 firmas registradas, junto con cientos de casos documentados que demuestran cómo la Junta, con ese "impuesto a los muertos" está causando dolor, generando injusticia y provocando desesperación y hasta violencia en familias que se sienten maltratadas y acorraladas por la codicia del gobierno socialista andaluz.
Muchos intelectuales y estudiosos se están sumando a la protesta popular, indignados ante la brutalidad de los casos que se publican y la terquedad de la presidente Susana Díaz, que se niega a ceder ante la avalancha de protestas contra el impuesto abusivo porque entiende que ceder ante el pueblo es mostrar debilidad, cuando lo único que rezuma debilidad es la arrogancia, la falta de sensibilidad, el desprecio a los ciudadanos y la terquedad en mantenerse en el error.
Francisco Rubiales
Al mantener la injusticia contra la voluntad popular, los gobiernos pierden el sentido de la democracia, la capacidad de ser justos y la legitimidad porque no se puede gobernar en contra de los intereses y deseos del pueblo en democracia.
Sensibilizada por la intensidad de la protesta popular, los medios de comunicación han puesto el punto de mira en ese impuesto y están publicando casos concretos de atropellos y abusos contra familias y personas, causados por el gobierno andaluz, que aplica de manera implacable e inmisericorde ese tributo, considerado como claramente anticonstitucional y abusivo por los expertos.
Heredar en Andalucía, ya se sea andaluz o residente en esta comunidad, es cien veces más caro que heredar en Madrid o Canarias, lo que establece una desigualdad claramente contraria a la Constitución. Pero el Impuesto tiene más detalles brutales, como el hecho de que la Junta sea quien tase los bienes heredados y que lo haga, para cobrar más, muy por encima del valor de mercado, lo que constituye un sucio abuso, inimaginable en una democracia, donde se supone que los gobernantes están al servicio del bien común, no de sus propios intereses, del abuso y la opresión. El impuesto representa también una doble imposición fiscal, ya que se paga por lo que ya se ha pagado en vida, además de constituir una agresión, cruel e irrespetuosa, contra la última voluntad de los que fallecen, que deseaban transmitir a sus familiares lo que han logrado acumular en vida, fruto de su trabajo y esfuerzo ahorrador.
Otras comunidades autónomas, ante la presión popular, han decidido rebajarlo o bonificarlo al máximo, pero Susana se mantiene en sus trece y sostiene ese impuesto contra la voluntad de su pueblo, demostrando así el alto grado de degeneración del liderazgo y de la política en esta tierra atrasada del sur de Europa.
Los ciudadanos, ante el comportamiento de la clase política y frente a los muchos casos de abuso de poder y corrupción que padecen, están perdiendo la fe en la democracia y comprueban cada día que están siendo gobernados por personas sin sensibilidad, sin altura moral y sin valores, una realidad que produce desconfianza, angustia y frustración porque los principales culpables de que eso esté ocurriendo es la misma ciudadanía, por elegir en las urnas a personas sin altura moral ni preparación.
Resulta incomprensible que un gobierno se atrinchere en la arbitrariedad y el abuso y obre claramente contra su pueblo, un pueblo que no para de inundar con firmas de protesta la sede de la Asociación "STOP Impuesto Sucesiones", donde ya hay más de 200,000 firmas registradas, junto con cientos de casos documentados que demuestran cómo la Junta, con ese "impuesto a los muertos" está causando dolor, generando injusticia y provocando desesperación y hasta violencia en familias que se sienten maltratadas y acorraladas por la codicia del gobierno socialista andaluz.
Muchos intelectuales y estudiosos se están sumando a la protesta popular, indignados ante la brutalidad de los casos que se publican y la terquedad de la presidente Susana Díaz, que se niega a ceder ante la avalancha de protestas contra el impuesto abusivo porque entiende que ceder ante el pueblo es mostrar debilidad, cuando lo único que rezuma debilidad es la arrogancia, la falta de sensibilidad, el desprecio a los ciudadanos y la terquedad en mantenerse en el error.
Francisco Rubiales
Comentarios: