Me gustaría que algún partido propusiera una reforma del Código Penal para que las penas por falso testimonio o perjurio fueran mucho más elevadas.
Me lo refirió hace dos días mi amiga Cornelia Cinna Minor, que no es la esposa de ningún César y sí una cincinata infatigable, y lo comentó su blog Letra Cursiva. Pero lamentablemente ha sido en el Reino Unido y el afectado ha sido Boris Johnson, el conservador, probable sucesor de Theresa May y partidario inmisericorde del Brexit. El denunciante ha sido un joven empresario que ha motivado su acción judicial en que Johnson mintió cuando dijo que la salida de la UE supondría un ahorro semanal de 350 millones de libras (396 millones de euros) que el Reino Unido podría destinar a la sanidad pública. Me morí de envidia, lo confieso. La democracia española, si es que tal cosa existe, se ha convertido en un paraíso de la mentira cada vez más cochina, pero a los ciudadanos nos falta coraje para emprender acciones judiciales para cercar y reducir al silencio político a los mentirosos. Es más, es que ni siquiera en los procesos judiciales los testigos dicen la verdad, porque mentir en España es posible, es rentable y no tiene consecuencias. El falso testimonio es lo habitual en nuestros juzgados y las penas previstas, si es que se aplican alguna vez, poco contundentes.
En el artículo 458 del Código Penal se dice que el testigo judicial que mienta será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. Si su mentira se inscribe en una causa criminal de ámbito nacional o internacional, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. E incluso penas superiores en grado si su falso testimonio ha provocado una condena. Pero hay más. En el artículo siguiente, los peritos e intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente serán inhabilitados para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años. Si hay alteración, inexactitud o silencio acerca de hechos relevantes, también hay multas y suspensión de empleo o cargo público. Pero de los políticos, intérpretes máximos de la realidad nacional, no se dice ni media palabra en cuanto a su habitual persistencia en el mentir.
Se me vienen a la cabeza tantas mentiras perpetradas por políticos españoles, por presidentes del Gobierno incluso, por ministros, por altos cargos de los partidos, por alcaldes y por concejales, que no doy abasto memorístico. Las hay del género bobo, como aquella de Manuel Chaves que trataba de hacer tragar que no conocía que su hija trabajaba en la empresa a la que la Junta le concedió 10 millones de euros a fondo perdido ni en calidad de qué lo hacía. Pero las hay más abominables, desde la OTAN no, pero de entrada sí, a las un Zapatero o un Rajoy que decían no tener nada que negociar con ETA ante las cámaras pero que entre bambalinas hacían lo contrario.
¿Y lo de las desaladoras? ¿Y lo de los sobresueldos y tinglados internos? ¿Y lo del 11-M? ¿Y lo de que Vox es violento mientras los que han matado, escrachado y golpeado, ayer mismo en los Sanfermines, son otros? ¿Y lo de que Ciudadanos es anti-homosexuales mientras Irán, fuente financiera de Pablo Iglesias y otros, los condena a muerte? ¿Y las trolas del golpe de Estado en Cataluña? ¿Y los silencios y ocultaciones de los memoriones de la II República? Es más, puede proponerse y propongo que se confeccione una relación de las mentiras de los políticos españoles, sin distinción de partido, que se hayan inyectado sobre la población desde 1976 hasta el momento. Dará para algunos tomos.
Por ello, y aunque no sé si algún día será posible alguna democracia que respete a los ciudadanos y los considere fines en sí mismos y no medios para sus infames, casi siempre, propósitos, me gustaría que algún partido propusiera una reforma del Código Penal para que las penas por falso testimonio o perjurio fueran mucho más elevadas, como lo son en otros países, que se aplicaran en serio y que afectara de manera preferente a los políticos de cualquier nivel.
Pero mi gozo en un pozo. Hoy mismo se ha informado de que el Tribunal Superior de Londres ha desestimado, sin dar razón siquiera, procesar al exministro de Exteriores británico por haber mentido durante la campaña del Brexit. Estamos atrapados. Bienaventurados los mentirosos porque de ellos son los Gobiernos, democráticos o no, que cada vez más da lo mismo si la democracia no sirve para castigar a los embusteros, falsarios, tramposos, badulaques y farsantes que inundan la vida pública.
Pedro de Tena
Me lo refirió hace dos días mi amiga Cornelia Cinna Minor, que no es la esposa de ningún César y sí una cincinata infatigable, y lo comentó su blog Letra Cursiva. Pero lamentablemente ha sido en el Reino Unido y el afectado ha sido Boris Johnson, el conservador, probable sucesor de Theresa May y partidario inmisericorde del Brexit. El denunciante ha sido un joven empresario que ha motivado su acción judicial en que Johnson mintió cuando dijo que la salida de la UE supondría un ahorro semanal de 350 millones de libras (396 millones de euros) que el Reino Unido podría destinar a la sanidad pública. Me morí de envidia, lo confieso. La democracia española, si es que tal cosa existe, se ha convertido en un paraíso de la mentira cada vez más cochina, pero a los ciudadanos nos falta coraje para emprender acciones judiciales para cercar y reducir al silencio político a los mentirosos. Es más, es que ni siquiera en los procesos judiciales los testigos dicen la verdad, porque mentir en España es posible, es rentable y no tiene consecuencias. El falso testimonio es lo habitual en nuestros juzgados y las penas previstas, si es que se aplican alguna vez, poco contundentes.
En el artículo 458 del Código Penal se dice que el testigo judicial que mienta será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. Si su mentira se inscribe en una causa criminal de ámbito nacional o internacional, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. E incluso penas superiores en grado si su falso testimonio ha provocado una condena. Pero hay más. En el artículo siguiente, los peritos e intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente serán inhabilitados para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce años. Si hay alteración, inexactitud o silencio acerca de hechos relevantes, también hay multas y suspensión de empleo o cargo público. Pero de los políticos, intérpretes máximos de la realidad nacional, no se dice ni media palabra en cuanto a su habitual persistencia en el mentir.
Se me vienen a la cabeza tantas mentiras perpetradas por políticos españoles, por presidentes del Gobierno incluso, por ministros, por altos cargos de los partidos, por alcaldes y por concejales, que no doy abasto memorístico. Las hay del género bobo, como aquella de Manuel Chaves que trataba de hacer tragar que no conocía que su hija trabajaba en la empresa a la que la Junta le concedió 10 millones de euros a fondo perdido ni en calidad de qué lo hacía. Pero las hay más abominables, desde la OTAN no, pero de entrada sí, a las un Zapatero o un Rajoy que decían no tener nada que negociar con ETA ante las cámaras pero que entre bambalinas hacían lo contrario.
¿Y lo de las desaladoras? ¿Y lo de los sobresueldos y tinglados internos? ¿Y lo del 11-M? ¿Y lo de que Vox es violento mientras los que han matado, escrachado y golpeado, ayer mismo en los Sanfermines, son otros? ¿Y lo de que Ciudadanos es anti-homosexuales mientras Irán, fuente financiera de Pablo Iglesias y otros, los condena a muerte? ¿Y las trolas del golpe de Estado en Cataluña? ¿Y los silencios y ocultaciones de los memoriones de la II República? Es más, puede proponerse y propongo que se confeccione una relación de las mentiras de los políticos españoles, sin distinción de partido, que se hayan inyectado sobre la población desde 1976 hasta el momento. Dará para algunos tomos.
Por ello, y aunque no sé si algún día será posible alguna democracia que respete a los ciudadanos y los considere fines en sí mismos y no medios para sus infames, casi siempre, propósitos, me gustaría que algún partido propusiera una reforma del Código Penal para que las penas por falso testimonio o perjurio fueran mucho más elevadas, como lo son en otros países, que se aplicaran en serio y que afectara de manera preferente a los políticos de cualquier nivel.
Pero mi gozo en un pozo. Hoy mismo se ha informado de que el Tribunal Superior de Londres ha desestimado, sin dar razón siquiera, procesar al exministro de Exteriores británico por haber mentido durante la campaña del Brexit. Estamos atrapados. Bienaventurados los mentirosos porque de ellos son los Gobiernos, democráticos o no, que cada vez más da lo mismo si la democracia no sirve para castigar a los embusteros, falsarios, tramposos, badulaques y farsantes que inundan la vida pública.
Pedro de Tena
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