II. LA VERDADERA DEMOCRACIA

El término democracia proviene de los vocablos griegos ‘demos’, pueblo y ‘kratos’, gobernación. Democracia, pues, es el gobierno del pueblo; el sistema en que el pueblo es sujeto activo de la política y de su futuro, pone y cambia sus gobernantes de modo pacífico y la función del Poder Público sólo está a su servicio; la democracia no es prurito, es una necesidad. La democracia es el sistema político, necesariamente asumible; es el más eficaz y el que permite un mayor desarrollo individual y colectivo, el más lógico y racional, el más científico y libre de todas las opciones ideológicas, porque permite gestionar y administrar el poder al amparo de un derecho sacrosanto que reconoce sin paliativos el nacimiento libre e igual de todos los hombres. La democracia, además de ser la forma de manifestar la voluntad libremente expresada en el marco de un Estado de derecho, es administrar el poder defender el interés común

Aquí no hay democracia, sino partitocracia; el poder público lo ostentan los partidos que sólo se ocupan y se sirven a sí mismos; el ejercicio de la política se ha instrumentalizado hasta tal punto que los medios no es que se confundan con los fines, es que simplemente han venido a sustituirlos; de modo que la política se ha convertido en una finalidad en sí misma, que se retroalimenta a través de organizaciones endogámicas cuyo único objeto es alcanzar el poder y perpetuarse, sin dar mucha importancia al detrimento de las razones de justicia social y filosofía política que justifican su existencia.

Así pues, permitir que la democracia se cercene es sustraer al ciudadano el elemento más imprescindible y casi único que tiene de alzar su voz y mandar; en el ejercicio democrático, la sociedad halla el paradigma jurídico y político adecuado para insertar la libertad, la igualdad de oportunidades, la justicia social y la solidaridad en la práctica diaria de su hacer y pensar a favor del bien común y de los intereses generales. Destruir la democracia significa simplemente renunciar a la evolución social y abrazar aquellos convencimientos sectarios y partidistas de clara factura facistoide y tribal que entrañan la estrategia política de guerras civiles y enfrentamientos frecuentes y el aniquilamiento del contrario.

Se habla de igualdad y democracia, pero el ciudadano realmente no percibe tales conceptos en la práctica diaria, se siente sometido por varias prohibiciones impuestas desde arriba y a hirientes desigualdades económicas y sociales; la libertad, bello y difuminado hallazgo, se le coarta por la transgresión de otros, por la intromisión autoritaria del poder o por la presencia de personas libres, que no comparten necesariamente el mismo perfil ideológico y cultural rígido y fanático. Es fundamental asentar el concepto de libertad y redefinir el alcance del de autoridad; la sociedad democrática ha de respetar e implantar con toda claridad la práctica real de la igualdad y la libertad.

La organización estatal y todo el entramado gubernamental no tienen poderes algunos más que los que les concede la soberanía del pueblo; el poder del Estado es delegación de la ciudadanía; a su vez, el ciudadano ha de cumplir unas obligaciones cívicas con el Estado, que ha de velar y proteger la libertad y la igualdad que le corresponden. No las concede el Estado sino que le pertenecen en propiedad. El Estado y el Gobierno no son dueños de nada ni de nadie, sólo son instrumentos rectores al servicio del propietario. El individuo no mantiene ningún "contrato social" con el Estado, por nacimiento natural forma parte de su estructura y es propietario por derecho; es un hecho consumado, se produce una convivencia obligada y obligatoria.



C. Mudarra