Europa necesita un pacto urgente con sus ciudadanos

Los expertos al servicio de la Unión Europea opinan con rara unanimidad que, después de los "noes" de Francia y Holanda al proyecto de Constitución, de los resultados electorales en Alemania y Polonia y de la cifícil apertura de negociaciones con Turquía, una decisión contraria a la mayoría de la opinión pública europea, deben considerarse como realidades críticas el divorcio entre políticos y ciudadanos, la ruptura del impulso de construcción y el estancamiento y confusión de una Unión que no sabe recuperar su antiguo ritmo integrador.

Pero si el diagnóstico de que existe una crisis profunda es unánime, también es casi unánime la receta: Europa necesita reconciliarse urgentemente con sus ciudadanos.

Donde sí existen discrepancias es en la manera de conseguir esa reconciliación, en torno a la cual se están formulando propuestas técnicas tan diferentes y enfrentadas que no contribuyen, precisamente, a relanzar la esperanza en el futuro de una Unión Europea que, además, padece en este semestre una ralentización suplementaria causada por el escaso ímpetu de la presidencia semestral británica.

Cuando todos admitían que Europa, incomprensiblemente, ha estado construyéndose, desde mediados del siglo XX, de espaldas al ciudadano, casi en secreto, por sus políticos, y cuando todos esperaban una rectificación del rumbo, la Unión ha dado otro sorprendente paso en contra de la opinión pública al abrir las negociaciones para que Turquía se incorpore como miembro, a pesar de que en ninguno de los paises europeos existe una mayoría de más del 35 por ciento de los ciudadanos a favor de esa medida.

Ese constante actuar en contra de la opinión de sus ciudadanos es considerada por muchos observadores, analistas y politólogos como una inexplicable trasgresión de las reglas de la democracia.

Las posturas más firmes sostienen que el mal radica en que, contrariamente a lo que siempre se ha sostenido, los partidos políticos no representan ya a los ciudadanos, sino únicamente a ellos mismos, tras haberse transformado en maquinarias captadoras de poder. Otros sostienen que los gobiernos europeaos, sobre todo Francia y Alemania, que han llevado las riendas del proceso, son los culpables porque han considerado siempre la construcción de Europa como un asunto de política interna, acerca del cual ni han debatido, ni informado a los ciudadanos.

Todos admiten, además, que el problema de la Unión, como tal, no existe porque es una consecuencia directa del problema de las democracias europeas, que padecen un profundo déficit democrático. La mayoría piensa que la raíz del déficit está en la evolución protagonizada por los partidos políticos, que nacieron como intermediarios para llevar hasta el gobierno, con autoridad, las aspiraciones de la sociedad, pero que han perdido esa capacidad de ser puentes entre la sociedad y el gobierno porque ellos mismos han optado por formar parte del Estado, al que han llegado a dominar, para el que realizan funciones y del que reciben financiación y privilegios.

El divorcio entre los ciudadanos y la Unión es, según estas tesis, el mismo divorcio que separa hoy a los políticos de los ciudadanos en los sistemas europeos, donde se acumulan otros problemas como son la debilidad extrema de la sociedad civil europea, el engreimiento del poder, el exceso de autoritarismo en las vida interna de los partidos, la pérdida de confianza del ciudadano en sus representantes y hasta en el sistema democrático, la arrogancia del poder, la corrupción, el escaso interés por las elecciones y el casi monopolio que los políticos ejercen sobre la política en toda Europa.

Sin embargo, a pesar de las discrepancias en las fórmulas salvadoras y de que la mayoría opina que el problema no tiene solución si no se cambia antes la manera como se entiende la democracia y se reforma antes la política en cada país, todas las posturas coinciden al menos en la bondad y oportunidad de medidas como las siguientes:

Europa debe fortalecer su sociedad civil, que se encuentra postrada, poco cohesionada, sin influencia y con una vitalidad muy inferior a la sociedad civil americana o británica; debe incrementarse el debate público con los ciudadanos sobre asuntos europeos, en los que deben participar jefes de gobierno, ministros, comisarios europeos y altos funcionarios de la Unión; debe incrementarse la información, utilizando medios cercanos al ciudadano, como prensa, folletos, revistas, radio, televisión, Internet, blogs, etc.; los parlamentos de cada país deben debatir en sus sesiones problemas y políticas europeas; debe crearse la figura del referéndum europeo por iniciativa popular; debe, por último, crearse una comisión ciudadana, no de partidos políticos, ni comandada por partidos políticos, que dictamine sobre las medidas necesarias para vincular a la ciudadanía en los procesos de construcción de Europa.