Los últimos gobiernos españoles han optado por la política irresponsable y suicida de incrementar el endeudamiento y los programas electorales de los partidos de izquierda, irresponsablemente, apuestan por más funcionarios y políticos colocados y por más gasto público. La deuda pública española es tan grande que para muchos expertos es impagable y para otros condena el futuro del país e hipoteca a las tres próximas generaciones de ciudadanos.
Si ese endeudamiento respondiera a medidas para combatir la crisis, los ciudadanos lo asumirían como un mal inevitable, pero gran parte de la deuda española es para seguir permitiendo el despilfarro de las administraciones públicas que, acostumbradas a gastar a manos llenas, renuncian a la austeridad y no dudan en endeudarse para seguir manejando dinero abundante.
Es tan irresponsable y suicida la política del gobierno español que cada niño que nace en España llega a la vida con una deuda cercana a los 20.000 euros.
Mientras tanto, el maniroto gobierno de Rajoy se ha negado sistemáticamente a introducir medidas de austeridad y a someter a la dieta rigurosa que los expertos aconsejan al Estado, enfermo de obesidad mórbida, con más de tres millones de funcionarios y con otros 300.000 contratados, muchos de ellos familiares y amigos de políticos, enchufados de los partidos y gente comprada, muchas de las cuales ni siquiera trabajan a cambio de los sueldos que cobran del erario público.
Los ciudadanos se sienten indefensos y frustrados ante el abuso del poder y también incapaces de corregir esa política suicida de gasto. La llamada "democracia" española es, en realidad, una dictadura de partidos legalizada por las urnas en la que el ciudadano no tiene peso ni capacidad de influir o controlar a los poderes públicos.
Desde Zapatero, los gobiernos, los grandes partidos que han pilotado el desastre y el mismo Estado son ya mirados por una creciente masa de ciudadanos como "el enemigo", lo que deslegitima e invalida el sistema.
Francisco Rubiales
Si ese endeudamiento respondiera a medidas para combatir la crisis, los ciudadanos lo asumirían como un mal inevitable, pero gran parte de la deuda española es para seguir permitiendo el despilfarro de las administraciones públicas que, acostumbradas a gastar a manos llenas, renuncian a la austeridad y no dudan en endeudarse para seguir manejando dinero abundante.
Es tan irresponsable y suicida la política del gobierno español que cada niño que nace en España llega a la vida con una deuda cercana a los 20.000 euros.
Mientras tanto, el maniroto gobierno de Rajoy se ha negado sistemáticamente a introducir medidas de austeridad y a someter a la dieta rigurosa que los expertos aconsejan al Estado, enfermo de obesidad mórbida, con más de tres millones de funcionarios y con otros 300.000 contratados, muchos de ellos familiares y amigos de políticos, enchufados de los partidos y gente comprada, muchas de las cuales ni siquiera trabajan a cambio de los sueldos que cobran del erario público.
Los ciudadanos se sienten indefensos y frustrados ante el abuso del poder y también incapaces de corregir esa política suicida de gasto. La llamada "democracia" española es, en realidad, una dictadura de partidos legalizada por las urnas en la que el ciudadano no tiene peso ni capacidad de influir o controlar a los poderes públicos.
Desde Zapatero, los gobiernos, los grandes partidos que han pilotado el desastre y el mismo Estado son ya mirados por una creciente masa de ciudadanos como "el enemigo", lo que deslegitima e invalida el sistema.
Francisco Rubiales
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