Los datos demuestran que la clase política española y los cómplices que les ayudan a gobernar con suciedad, integran una gran pocilga donde nadan bichos sucios y alejados años luz del bien común, la democracia y la decencia. Por desgracia, no se trata sólo de pequeñas excepciones, sino que los corruptos y sinvergüenzas forman ya una masa densa y maloliente que marca el rumbo nefasto del país, arrastrado por esa chusma hacia el fondo del pozo del atraso, el fracaso, la ruina y el dolor.
La experiencia demuestra, de manera científica, que apenas un diez por ciento de esos delitos cometidos en las alturas del poder llegan a ser conocidos, lo que indica que la masa de arbitrariedades y abusos cometidos por esos verdaderos delincuentes es enorme.
Los políticos son los grandes protagonistas y los corruptores principales, pero en la orgía de la desvergüenza participan también periodistas, jueces, abogados, empresarios corrompidos y otros muchos profesionales y arribistas sin ética.
¿Cómo y por qué se ha llegado a esa situación en España?
La raíz del drama se encuentra en la Constitución, que fue redactada no para beneficio de los ciudadanos, sino para disfrute de los políticos y de sus partidos. La Constitución vigente no es democrática sino partitocrática. Los partidos políticos, en la Constitución Española, tienen más poder del que les corresponde y sus miembros, al carecer de los controles genuinos que establecen las verdaderas democracias, se han convertido en dictadores más o menos impunes.
Gracias a la Constitución, que fue redactada por políticos ambiciosos de manera desequilibrada, los políticos en España son semidioses intocables, a los que se les permite gobernar y disfrutar de un sinfín de privilegios sin tener que rendir cuentas y sin que los ciudadanos, que en teoría son los soberanos del sistema, puedan hacer nada.
Como consecuencia de esa Constitución desequilibrada, indeseables y sinvergüenzas han llegado a los partidos políticos y han alcanzado gran poder en los gobiernos y en las altas instituciones del Estado.
Los españoles hemos debido padecer una gran ceguera, que sigue escandalosamente vigente en la política actual, al votar y defender a verdaderos sinvergüenzas que han alcanzado el máximo poder y se han enriquecido de una manera oscura, veloz e inexplicable.
He escuchado decir a muchos jueces que en España hay decenas de miles de políticos incapaces de explicar y justificar sus abultados patrimonios.
Durante décadas, el país ha estado con un monarca corrupto al frente del Estado, al que los políticos en el poder permitían la corrupción y el abuso, que incluso alentaban porque de ese modo, con el rey abusando del poder, ellos también se sentían autorizados para meter la mano en el erario público.
Pero la corrupción española va muchos más allá del robo de dinero público y abarca todo un pavoroso elenco de actuaciones que van desde la prevaricación, el cobro de comisiones y la mentira, la estafa, el engaño, el clientelismo, el nepotismo, el cobro de impuestos abusivos, y muchos otros pecados y usos y abusos del poder todavía más sucios e inconfesables, en algunos casos provocadores hasta del suicidio de las víctimas.
Ante ese panorama, diagnosticable como un infección generalizada en las altas esferas de la nación, repugnante y dañina, la prioridad absoluta en España no es gobernar bien, ni elegir un partido u otro en las urnas, sino regenerar los partidos políticos y las instituciones del Estado, prescindiendo de generaciones enteras de políticos venales, sinvergüenzas y canallas.
No hace mucho hablaba yo de regeneración y corrupción con un diputado del PP que no era capaz de admitir que su partido pudiera compararse en corrupción con el PSOE. En el momento más acalorado del debate, me dijo: "Yo nunca he robado, aunque reconozco que he visto como algunos compañeros lo hacen". Le respondí rápido "Entonces eres un corrupto y quizás hasta un presunto delincuente porque quien conoce el delito debe denunciarlo, según la justicia española, y si no lo hace, uno se convierte en cómplice". Ahí terminó la conversación, de manera un tanto airada.
Recientemente tuve otra experiencia personal reveladora: un alto cargo de la actual Junta de Andalucía me exponía las muchas actuaciones que su gobierno estaba realizando, muchas de ellas con uso de mucho dinero público. Le pregunté ¿Por qué ahora la Junta parece tener tanto dinero y antes, con los socialistas, apenas había para nada? La respuesta fue tan sorprendente que me dejó medio KO: "Es que ahora no se roba".
Calcular el daño económico que la corrupción causa a España cada año es casi imposible, pero existen indicios que permiten acercarnos a la cifra real. El 2018 se publicaron análisis que cifraban en 90.000 millones de euros anuales el coste de la corrupción en España. Pero esa cifra, que representa casi el 8 por ciento del PIB, es apenas la punta del iceberg, si se tiene en cuenta la opinión de todo un experto, Antonio Garrigues Walker, durante muchos años responsable en España de Transparencia Internacional. Él sostiene que lo que se conoce de la corrupción es entre el 10 y el 20 por ciento de la realidad. Si se aplica ese criterio, la corrupción, sobre todo ahora que es más intensa y profunda, debe multiplicarse al menos por tres o cuatro veces, lo que nos lleva a cifras pavorosas.
Esas sospechas conectan con lo que afirman otros expertos economistas, según los cuales en España se roba con una intensidad enorme desde el mismo poder corrupto, dado que la economía española lo permite, por disponer de un rio de dinero entrando en las arcas públicas, procedente de los impuestos indirectos, difícilmente controlable. Ese dinero, si no fuera saqueado en parte, haría de España un país rico, porque recibiendo a mas de 80 millones de turistas al años, el Estado se hace multimillonario cobrando cada vez que un turista pernocta en un hotel, se bebe una cerveza, come en un restaurante o llena su depósito de combustible.
Todo este panorama delictivo y aterrador tiene que terminar y el camino no es otro que expulsar del poder no a unos cuantos políticos, sino a la inmensa mayoría del medio millón casi que cobran hoy del Estado, donde hay legiones enteras de corruptos y cómplices silenciosos, formados en el abuso, la arbitrariedad y la rapiña, a años luz de distancia de la democracia y de la decencia.
Francisco Rubiales
La experiencia demuestra, de manera científica, que apenas un diez por ciento de esos delitos cometidos en las alturas del poder llegan a ser conocidos, lo que indica que la masa de arbitrariedades y abusos cometidos por esos verdaderos delincuentes es enorme.
Los políticos son los grandes protagonistas y los corruptores principales, pero en la orgía de la desvergüenza participan también periodistas, jueces, abogados, empresarios corrompidos y otros muchos profesionales y arribistas sin ética.
¿Cómo y por qué se ha llegado a esa situación en España?
La raíz del drama se encuentra en la Constitución, que fue redactada no para beneficio de los ciudadanos, sino para disfrute de los políticos y de sus partidos. La Constitución vigente no es democrática sino partitocrática. Los partidos políticos, en la Constitución Española, tienen más poder del que les corresponde y sus miembros, al carecer de los controles genuinos que establecen las verdaderas democracias, se han convertido en dictadores más o menos impunes.
Gracias a la Constitución, que fue redactada por políticos ambiciosos de manera desequilibrada, los políticos en España son semidioses intocables, a los que se les permite gobernar y disfrutar de un sinfín de privilegios sin tener que rendir cuentas y sin que los ciudadanos, que en teoría son los soberanos del sistema, puedan hacer nada.
Como consecuencia de esa Constitución desequilibrada, indeseables y sinvergüenzas han llegado a los partidos políticos y han alcanzado gran poder en los gobiernos y en las altas instituciones del Estado.
Los españoles hemos debido padecer una gran ceguera, que sigue escandalosamente vigente en la política actual, al votar y defender a verdaderos sinvergüenzas que han alcanzado el máximo poder y se han enriquecido de una manera oscura, veloz e inexplicable.
He escuchado decir a muchos jueces que en España hay decenas de miles de políticos incapaces de explicar y justificar sus abultados patrimonios.
Durante décadas, el país ha estado con un monarca corrupto al frente del Estado, al que los políticos en el poder permitían la corrupción y el abuso, que incluso alentaban porque de ese modo, con el rey abusando del poder, ellos también se sentían autorizados para meter la mano en el erario público.
Pero la corrupción española va muchos más allá del robo de dinero público y abarca todo un pavoroso elenco de actuaciones que van desde la prevaricación, el cobro de comisiones y la mentira, la estafa, el engaño, el clientelismo, el nepotismo, el cobro de impuestos abusivos, y muchos otros pecados y usos y abusos del poder todavía más sucios e inconfesables, en algunos casos provocadores hasta del suicidio de las víctimas.
Ante ese panorama, diagnosticable como un infección generalizada en las altas esferas de la nación, repugnante y dañina, la prioridad absoluta en España no es gobernar bien, ni elegir un partido u otro en las urnas, sino regenerar los partidos políticos y las instituciones del Estado, prescindiendo de generaciones enteras de políticos venales, sinvergüenzas y canallas.
No hace mucho hablaba yo de regeneración y corrupción con un diputado del PP que no era capaz de admitir que su partido pudiera compararse en corrupción con el PSOE. En el momento más acalorado del debate, me dijo: "Yo nunca he robado, aunque reconozco que he visto como algunos compañeros lo hacen". Le respondí rápido "Entonces eres un corrupto y quizás hasta un presunto delincuente porque quien conoce el delito debe denunciarlo, según la justicia española, y si no lo hace, uno se convierte en cómplice". Ahí terminó la conversación, de manera un tanto airada.
Recientemente tuve otra experiencia personal reveladora: un alto cargo de la actual Junta de Andalucía me exponía las muchas actuaciones que su gobierno estaba realizando, muchas de ellas con uso de mucho dinero público. Le pregunté ¿Por qué ahora la Junta parece tener tanto dinero y antes, con los socialistas, apenas había para nada? La respuesta fue tan sorprendente que me dejó medio KO: "Es que ahora no se roba".
Calcular el daño económico que la corrupción causa a España cada año es casi imposible, pero existen indicios que permiten acercarnos a la cifra real. El 2018 se publicaron análisis que cifraban en 90.000 millones de euros anuales el coste de la corrupción en España. Pero esa cifra, que representa casi el 8 por ciento del PIB, es apenas la punta del iceberg, si se tiene en cuenta la opinión de todo un experto, Antonio Garrigues Walker, durante muchos años responsable en España de Transparencia Internacional. Él sostiene que lo que se conoce de la corrupción es entre el 10 y el 20 por ciento de la realidad. Si se aplica ese criterio, la corrupción, sobre todo ahora que es más intensa y profunda, debe multiplicarse al menos por tres o cuatro veces, lo que nos lleva a cifras pavorosas.
Esas sospechas conectan con lo que afirman otros expertos economistas, según los cuales en España se roba con una intensidad enorme desde el mismo poder corrupto, dado que la economía española lo permite, por disponer de un rio de dinero entrando en las arcas públicas, procedente de los impuestos indirectos, difícilmente controlable. Ese dinero, si no fuera saqueado en parte, haría de España un país rico, porque recibiendo a mas de 80 millones de turistas al años, el Estado se hace multimillonario cobrando cada vez que un turista pernocta en un hotel, se bebe una cerveza, come en un restaurante o llena su depósito de combustible.
Todo este panorama delictivo y aterrador tiene que terminar y el camino no es otro que expulsar del poder no a unos cuantos políticos, sino a la inmensa mayoría del medio millón casi que cobran hoy del Estado, donde hay legiones enteras de corruptos y cómplices silenciosos, formados en el abuso, la arbitrariedad y la rapiña, a años luz de distancia de la democracia y de la decencia.
Francisco Rubiales
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