Es difícil asistir a un acto con tantas mentiras y propaganda descarada. Sin duda, la ministra ha aprendido a mentir con solidez: que los presupuestos son maravillosos, que los autónomos son los grandes beneficiados en los nuevos impuestos, que van a gastar más pero bajando el déficit, que ellos quieren proteger a las clases medias, que los presupuestos no están influido por los socios antidemocráticos de su gobierno... Pero cuando la desfachetez alcanzó su cenit fue cuando habló del impuesto de Sucesiones, el más cruel, injusto y denostado entre los vigentes en España, sobre el que afirmó que era un impuesto justo y que lo impondría en toda España.
La antigua jefa de la Montero, la presidenta Susana Díaz, admitió que el impuesto de Sucesiones, el que roba las herencias, estaba “deslegitimado” después de la enorme protesta popular desatada contra ese tributo en la sociedad andaluza, pero la Montero, más radical, insensible e implacable, lo justifica y promete que lo impondrá en toda España. Una de sus mentiras arriesgadas fue que es un impuesto asumido en todo el mundo y tan antiguo que hunde sus raíces en los pueblos bárbaros, en la Grecia clásica y en el Imperio Romano.
Por vez primera en la Historia moderna de España, el pueblo se ha echado a la calle y alzado contra un impuesto que considera injusto y brutal, colocando contra las cuerdas a los gobiernos que los han impuesto en contra de la voluntad popular. El rechazo al tributo que grava las herencias es tan intenso que ha provocado no sólo manifestaciones de decenas de miles de ciudadanos en las calles, sino también ríos de tinta y de testimonios en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Ese rechazo popular, según las reglas democráticas, es razón suficiente para que ese impuesto quede suprimido, pero hay quien entiende la democracia como una burla constante a la voluntad popular y como la imposición sin piedad del criterio de los que mandan.
Las razones que esgrime la ciudadanía para rechazar el llamado "Impuesto a los muertos" son muchas y profundas. La primera es que ese impuesto obliga a tributar por lo que ya ha tributado. La segunda razón es que cada autonomía española lo cobra como quiere, generándose una desigualdad que rompe el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles. Otras razones esgrimidas es que ese impuesto viola la voluntad de los que mueren, que destroza la economía porque arruina empresas familiares o las cierra y que causa daños terribles a las familias, muchas de las cuales se empeñan y otras muchas renuncian a las herencias, con dolor, porque no pueden pagar las cantidades que el gobierno, sádico y codicioso, les exige.
La situación que crea ese impuesto es de grave daño para la economía, las personas y los derechos humanos básicos. La forma como se aplica el impuesto denota crueldad y brutalidad, pues las administraciones practican tasaciones abusivas y aplican intereses desproporcionados, sin proporcionar a las víctimas facilidades de ningún tipo. El drama de heredar en España se acentúa cuando los bienes heredades son subastados a precios muy reducidos, inferiores a los tasados, provocando que los afectados piensen, probablemente con razón, que han sido estafados y que son las víctimas de un saqueo por parte de los administradores del Estado, que ni siquiera los otorgan el derecho de tanteo en los bienes expoliados.
Los cientos de miles de andaluces que rechazan el impuesto de sucesiones saben que María Jesús Montero es fría, una mujer sin piedad a la que no le hacen mella las cientos de familias destrozadas en Andalucía por el robo de sus herencias, un tributo brutal que ha dejado tras de sí un reguero de familias arruinadas, propiedades embargadas, gente endeudada, renuncias masivas a heredar y muchos afectados en tratamiento psicológico porque no pueden entender ni soportar que la Junta, su gobierno, sea tan cruel y despiadada.
Sin que le temblara un sólo músculo, la Montero ignoró verdades tan sólidas y comprobadas como que ese impuesto, impopular, rechazado siempre por los ciudadanos y con graves efectos negativos en la economía, está en retroceso en todo el mundo, incluso en Europa, donde muchos países lo han suprimido y otros han elevado a máximos la cantidad exenta.
La ministra Montero, en un alarde de desconocimiento de la historia, se remonto al origen Romano del impuesto como forma de justificar su perdurabilidad en el tiempo. Pues bien, la realidad que la ministra parece desconocer es que se fue creado mediante un edicto excepcional de Octavio y Marco Antonio, con motivo de la guerra contra Pompeyo, que necesitaban financiar. Aquel tributo, del 5%, fue entonces, al igual que ahora, ampliamente rechazado por el pueblo de Roma, llegando finalmente a desaparecer.
En Estados Unidos, donde ese impuesto cumple también una función reguladora de la riqueza y no recaudadora, el mínimo exento a heredar ha sido elevado hasta cinco millones de dólares, lo que significa que más del 90 por ciento de las herencias no tributan.
En la casi totalidad de los países donde ese tributo se mantiene, su fin no es tanto recaudatorio como regulador de las grandes transmisiones de bienes y en ninguno de ellos se despluma, como ocurre en España, exclusivamente a las clases media y trabajadora, pues aquellos mas ricos, que deberían tributar por sus elevadas herencias, lo eluden fácilmente con artificios fiscales y financieros, como los empleados por el ministro Pedro Duque, o la misma portavoz de gobierno Isabel Celaá
La protesta popular hizo que algunas comunidades autónomas bonificaran ese impuesto hasta suprimirlo casi. Otras optaron por parches temporales para acallar la protesta ciudadana, creando así un agravio de desigualdad que viola flagrantemente el principio constitucional de que los españoles todos son iguales ante las leyes.
Francisco Rubiales
La antigua jefa de la Montero, la presidenta Susana Díaz, admitió que el impuesto de Sucesiones, el que roba las herencias, estaba “deslegitimado” después de la enorme protesta popular desatada contra ese tributo en la sociedad andaluza, pero la Montero, más radical, insensible e implacable, lo justifica y promete que lo impondrá en toda España. Una de sus mentiras arriesgadas fue que es un impuesto asumido en todo el mundo y tan antiguo que hunde sus raíces en los pueblos bárbaros, en la Grecia clásica y en el Imperio Romano.
Por vez primera en la Historia moderna de España, el pueblo se ha echado a la calle y alzado contra un impuesto que considera injusto y brutal, colocando contra las cuerdas a los gobiernos que los han impuesto en contra de la voluntad popular. El rechazo al tributo que grava las herencias es tan intenso que ha provocado no sólo manifestaciones de decenas de miles de ciudadanos en las calles, sino también ríos de tinta y de testimonios en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Ese rechazo popular, según las reglas democráticas, es razón suficiente para que ese impuesto quede suprimido, pero hay quien entiende la democracia como una burla constante a la voluntad popular y como la imposición sin piedad del criterio de los que mandan.
Las razones que esgrime la ciudadanía para rechazar el llamado "Impuesto a los muertos" son muchas y profundas. La primera es que ese impuesto obliga a tributar por lo que ya ha tributado. La segunda razón es que cada autonomía española lo cobra como quiere, generándose una desigualdad que rompe el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles. Otras razones esgrimidas es que ese impuesto viola la voluntad de los que mueren, que destroza la economía porque arruina empresas familiares o las cierra y que causa daños terribles a las familias, muchas de las cuales se empeñan y otras muchas renuncian a las herencias, con dolor, porque no pueden pagar las cantidades que el gobierno, sádico y codicioso, les exige.
La situación que crea ese impuesto es de grave daño para la economía, las personas y los derechos humanos básicos. La forma como se aplica el impuesto denota crueldad y brutalidad, pues las administraciones practican tasaciones abusivas y aplican intereses desproporcionados, sin proporcionar a las víctimas facilidades de ningún tipo. El drama de heredar en España se acentúa cuando los bienes heredades son subastados a precios muy reducidos, inferiores a los tasados, provocando que los afectados piensen, probablemente con razón, que han sido estafados y que son las víctimas de un saqueo por parte de los administradores del Estado, que ni siquiera los otorgan el derecho de tanteo en los bienes expoliados.
Los cientos de miles de andaluces que rechazan el impuesto de sucesiones saben que María Jesús Montero es fría, una mujer sin piedad a la que no le hacen mella las cientos de familias destrozadas en Andalucía por el robo de sus herencias, un tributo brutal que ha dejado tras de sí un reguero de familias arruinadas, propiedades embargadas, gente endeudada, renuncias masivas a heredar y muchos afectados en tratamiento psicológico porque no pueden entender ni soportar que la Junta, su gobierno, sea tan cruel y despiadada.
Sin que le temblara un sólo músculo, la Montero ignoró verdades tan sólidas y comprobadas como que ese impuesto, impopular, rechazado siempre por los ciudadanos y con graves efectos negativos en la economía, está en retroceso en todo el mundo, incluso en Europa, donde muchos países lo han suprimido y otros han elevado a máximos la cantidad exenta.
La ministra Montero, en un alarde de desconocimiento de la historia, se remonto al origen Romano del impuesto como forma de justificar su perdurabilidad en el tiempo. Pues bien, la realidad que la ministra parece desconocer es que se fue creado mediante un edicto excepcional de Octavio y Marco Antonio, con motivo de la guerra contra Pompeyo, que necesitaban financiar. Aquel tributo, del 5%, fue entonces, al igual que ahora, ampliamente rechazado por el pueblo de Roma, llegando finalmente a desaparecer.
En Estados Unidos, donde ese impuesto cumple también una función reguladora de la riqueza y no recaudadora, el mínimo exento a heredar ha sido elevado hasta cinco millones de dólares, lo que significa que más del 90 por ciento de las herencias no tributan.
En la casi totalidad de los países donde ese tributo se mantiene, su fin no es tanto recaudatorio como regulador de las grandes transmisiones de bienes y en ninguno de ellos se despluma, como ocurre en España, exclusivamente a las clases media y trabajadora, pues aquellos mas ricos, que deberían tributar por sus elevadas herencias, lo eluden fácilmente con artificios fiscales y financieros, como los empleados por el ministro Pedro Duque, o la misma portavoz de gobierno Isabel Celaá
La protesta popular hizo que algunas comunidades autónomas bonificaran ese impuesto hasta suprimirlo casi. Otras optaron por parches temporales para acallar la protesta ciudadana, creando así un agravio de desigualdad que viola flagrantemente el principio constitucional de que los españoles todos son iguales ante las leyes.
Francisco Rubiales
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