La Audiencia Nacional también ha impuesto al Partido Popular una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de la trama Gürtel, lo que convierte al partido que preside Mariano Rajoy en el primer partido en el gobierno de España condenado por corrupción, algo que en democracia representa un mazazo que, lógicamente, debería representar el fin de ese gobierno.
La condena, en el caso español, es todavía más grave porque representa el último eslabón de una larga cadena de escándalos y condenas por corrupción que han afectado a numerosos altos cargos del partido, que se encuentra claramente en crisis y perdiendo votos y simpatías ciudadanas.
El horizonte judicial del PP es amenazante y permite vaticinar un calvario para ese partido, que tendrá que hacer frente a varias causas más abiertas por corrupción.
Ante la situación de práctico KO del gobierno, otra opción que se baraja es la del adelanto electoral, probablemente la más justa y decente en estos momentos de angustia y bochorno, cuando la democracia española se encuentra claramente en entredicho al ser gobernada por un partido que ha sido condenado por corrupción en los tribunales.
España, objetivamente, desde la óptica de una democracia moderna, padece una crisis profunda, cuyas salidas siempre son traumáticas. Sin embargo, la realidad española, siempre diferente, y el comportamiento de los políticos de este país, siempre atípico y sorprendente, permite imaginar la más inesperada y antidemocrática de las salidas: que no ocurra nada y que todo siga igual.
De las opciones posibles, la más justa y democrática es convocar elecciones anticipadas y dejar en manos de los ciudadanos la salida de la crisis, una opción más decente que la de sustituir al actual partido en el poder, el PP, por el PSOE, otro partido igualmente manchado por la corrupción y en declive, que accedería al poder no por voluntad popular sino por una maniobra política en el Congreso.
En España se dan todas las condiciones para que el pueblo vote y decida. A la crisis del PP, que le causa un desgaste y un desprestigio que le inhabilitan para seguir gobernando, se agrega la crisis independentista catalana, que exige un gobierno fuerte con capacidad de frenar el golpismo anticonstitucional y delictivo de los separatistas, lanzados con demencial irresponsabilidad hacia la ruptura de la nación.
Ocurra lo que ocurra, lo que parece evidente es que la carrera política de Mariano Rajoy ha llegado a su final. Después de la actual condenada judicial, resulta inimaginable que vuelva a presentarse a unas elecciones generales como candidato.
Francisco Rubiales
La condena, en el caso español, es todavía más grave porque representa el último eslabón de una larga cadena de escándalos y condenas por corrupción que han afectado a numerosos altos cargos del partido, que se encuentra claramente en crisis y perdiendo votos y simpatías ciudadanas.
El horizonte judicial del PP es amenazante y permite vaticinar un calvario para ese partido, que tendrá que hacer frente a varias causas más abiertas por corrupción.
Ante la situación de práctico KO del gobierno, otra opción que se baraja es la del adelanto electoral, probablemente la más justa y decente en estos momentos de angustia y bochorno, cuando la democracia española se encuentra claramente en entredicho al ser gobernada por un partido que ha sido condenado por corrupción en los tribunales.
España, objetivamente, desde la óptica de una democracia moderna, padece una crisis profunda, cuyas salidas siempre son traumáticas. Sin embargo, la realidad española, siempre diferente, y el comportamiento de los políticos de este país, siempre atípico y sorprendente, permite imaginar la más inesperada y antidemocrática de las salidas: que no ocurra nada y que todo siga igual.
De las opciones posibles, la más justa y democrática es convocar elecciones anticipadas y dejar en manos de los ciudadanos la salida de la crisis, una opción más decente que la de sustituir al actual partido en el poder, el PP, por el PSOE, otro partido igualmente manchado por la corrupción y en declive, que accedería al poder no por voluntad popular sino por una maniobra política en el Congreso.
En España se dan todas las condiciones para que el pueblo vote y decida. A la crisis del PP, que le causa un desgaste y un desprestigio que le inhabilitan para seguir gobernando, se agrega la crisis independentista catalana, que exige un gobierno fuerte con capacidad de frenar el golpismo anticonstitucional y delictivo de los separatistas, lanzados con demencial irresponsabilidad hacia la ruptura de la nación.
Ocurra lo que ocurra, lo que parece evidente es que la carrera política de Mariano Rajoy ha llegado a su final. Después de la actual condenada judicial, resulta inimaginable que vuelva a presentarse a unas elecciones generales como candidato.
Francisco Rubiales
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