LA MANIFESTACIÓN DE LA DIAGONAL

El Presidente de la Generalidad aparece indignado por la sentencia del Alto el Tribunal que se ha atrevido a enmendar una norma aprobada contra la legalidad constitucional. Es gravísima la decisión del hombrecete este de Iznajar (Córdoba) de convocar una manifestación contra la sentencia del TC, aceptando las proclamas independentistas de otros y desechando la bandera nacional. Es inaceptable que Montilla asuma el derecho a decidir el principio de autodeterminación rechazado por la sentencia y negado por la Constitución Española. Y más grave aún, que ZP y su Gobierno permitan este atropello y que intenten validar mediante decreto los artículos rechazados.

La Generalidad y los grupúsculos nacionalistas que la acompañan exhiben su conocida irresponsabilidad en sus discrepancias con la sentencia y en su actuación que desbordan el cauce del Estatuto y de la Constitución. Viendo el comportamiento de esa clase política se comprende por qué Cataluña nunca ha llegado a ser una Nación. El texto definitivo de la sentencia resalta el recorte del contenido del Estatuto en aquellos aspectos que concedían a Cataluña potestades de autogobierno en ese federalismo asimétrico que inspiró su redacción; carece de todo valor jurídico y de la más mínima coherencia constitucional alegar que el Tribunal presidido por la Señora E. Casas debía haber renunciado a pronunciarse sobre una norma refrendada. Las Instituciones de la Generalidad tienen la obligación de garantizar y asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente; la ilegalidad no se puede admitir porque la vote un millón ni la apruebe un parlamento ni dos; ni porque ZP prometiera a los catalanes que les concedería lo que aprobasen y pidiesen. Es una impostura no acatar le sentencia pronunciada por el Supremo Interprete de la Constitución y no valen atajos ni artimañas jurídicas para eludir los principios esenciales confirmados por el TC; resulta inadmisible alentar un conflicto de legitimidades en torno a una ley orgánica

El Gobierno de ZP puso en marcha un proceso de reforma constitucional encubierta que muestra sus secuelas en estas actitudes radicales y en el deterioro de las instituciones. Hay que cumplir las leyes y las normas y no tiene justificación la protesta, que reclama el incumplimiento de la sentencia y deslegitima al Alto Tribunal. El millón de manifestantes forman parte de ese tejido social que vive de las subvenciones públicas y paga en especie la deuda contraída con los partidos que controlan las instituciones; son sectores políticos muy concretos que suscitan la rebelión, a sabiendas de que allí hay otros cinco millones de habitantes que silenciosos no salieron a la Diagonal; la movilización de ayer se interpreta como el hecho social capaz de anular la sentencia y la propia autoridad del TC; es sólo expresión abierta de la disconformidad. Los catalanes movidos y manipulados por esos politiquillos nacionalistas y soberanistas pueden protestar y agitarse, pero los puntos sagrados y fundamentales: la unidad nacional, la prioridad jurídica y el orden legislativo, quedan y deben quedar a salvo.

Personajillos del neosocialismo carentes de argumentos ante la ilegalidad del Estatuto, confusos y confundidos creen que discrepar con ellos es atacar el Estado de Derecho y estar en continua actitud de confrontación. El PSOE, oportunista, ante su fracaso, propala la derrota del PP y sólo sabe echar le la culpa de todos los males. Maniatado por sus errores y por su minoría parlamentaria el socialismo es zarandeado prisionero de su inepcia; el PP, que, desde el principio ha denunciado la inconstitucionalidad del Estatuto, ha logrado que se enderecen y reformen cuarenta y tantos artículos y de no ser por ello, posiblemente, hoy no existiría la Unidad de España.



C. Mudarra