En España, la televisión es una sofisticada fábrica de esclavos al servicio del poder
El sistema político español no está sustentado por la voluntad popular, el bien común y la libertad, sino sobre la televisión, utilizada como instrumento de manipulación, engaño y dominio. España tiene uno de los "sistemas políticos televisivos" más sofisticado, injusto, corrupto y abusivo de todo el planeta.
El dinero sobra para capítulos que sólo interesan a los políticos, como las televisiones públicas, imprescindibles para mentir, engañar y manipular. Pero también sobran para financiar a los partidos políticos, generosamente regados con fondos públicos, para costear el despilfarro de los que gobiernan o para conceder ayudas y subvenciones a los amigos del poder, sus empresas, fundaciones y chiringuitos. El dinero es escaso para los ciudadanos, pero es generoso y fluye como un río para financiar el poder, fortalecer el aparato de propaganda, comprar voluntades y someter a los medios de comunicación y convertirlos en portavoces del poder.
El coste anual de las televisiones públicas en España supera los 1.200 millones de euros, a los que hay que agregar los gastos públicos en publicidad, mucho mayores, y las subvenciones. La televisión más cara de España es la catalana TV3, todo un imperio lleno de nacionalismo y odio.
El uso abusivo, injusto y mafioso del dinero público es uno de los rasgos que demuestran la podredumbre de la vida política y del sistema en España.
La llegada de los fondos especiales europeos, que el gobierno de Sánchez se ha negado a que sean administrados por una comisión independiente de prestigio, como han hecho otros países, ha enlodado todavía más la corrupción en el uso del dinero. Ya se sabe que 100 millones de esos fondos irán a enriquecer a los sindicatos, que son organizaciones decadentes que ya apenas tienen peso en la sociedad, pero que son de gran utilidad para el gobierno, que los utiliza para aparentar una democracia y un consenso que no existen.
Son tan antidemocráticos y miserables que prefieren suprimir derechos y servicios fundamentales antes que prescindir de esas televisiones autonómicas que sólo sirven para mentir, manipular y controlar las mentes de los votantes.
Prescindir de las televisiones autonómicas públicas sería una solución y permitiría destinar miles de millones de euros a reforzar los servicios elementales y a asegurar las pensiones, entre otras necesidades. No existe ni una sola televisión autonómica que sea necesaria. Todas ellas son juguetes del poder, armas para ganar votos, manipular y embrutecer a la audiencia. Algunas, como la catalana, e manos del nacionalismo y el golpismo, son utilizadas para esparcir odio y rencor.
La mayoría de ellas son ruinosas y con el dinero que cuestan podrían solucionarse muchos problemas. Pero ningún político parece dispuesto a privatizarlas, con los que conseguiría un triple objetivo: dinero fresco para el presente, ahorro para el futuro y más salud mental para los españoles.
Lo de las televisiones públicas españolas, en estos tiempos de crisis, constituye la prueba más evidente de que el bien común ha quedado olvidado en la política española, donde las prioridad absoluta es el control del poder. Cualquier político español de los grandes partidos, sean de derecha, izquierda o nacionalistas, preferirían morir antes que prescindir de la televisión, sin la cual no podrían seguir sometiendo, ¡sojuzgando y estafando a los ciudadanos con corrupción y mal gobierno.
Las televisiones autonómicas son costosos e inútiles instrumentos de influencia y dominio al servicio de los gobiernos regionales, que no cumplen misión social, cultural o política alguna que justifique su existencia. Son caprichos costosos al servicio de la casta, instrumentos de dominio y lujos superfluos que la decencia aconseja eliminar ahora, cuando España está obligada a transitar por la dura ruta del ahorro y la austeridad.
Lo que aportan las autonómicas está más que cubierto por las televisiones privadas. ¿Es que esas cadenas públicas se dedican a difundir cultura, formación, vertebración y valores o más bien compiten con las cadenas privadas en difundir basura, violencia y chabacanería para ganar raiting y share? Si se realiza un examen imparcial de la programación de las televisiones autonómicas, ni una de ellas justifica su existencia por su aportación a la información o la cultura ciudadana.
La existencia de las televisiones autonómicas no está justificada en esta etapa de la Historia de España, como tampoco lo están los viajes innecesarios de políticos costeados por el erario público, las tarjetas visa que tienen los políticos sin límite de gasto y otros privilegios y abusos que los españoles ya no pueden costear.
La casta política española es incapaz de renunciar a sus ilegítimos privilegios, que nunca han sido democráticos y que ahora, en estos tiempos de crisis, son un claro reflejo de indecencia, opresión y dominio.
Los únicos movimientos importantes de los políticos españoles para afrontar la crisis han sido a costa de los ciudadanos, sin tocar ni uno sólo de sus múltiples y escandalosos privilegios. Han preferido subir los impuestos hasta la locura, retrasar la jubilación, eliminar el cheque bebé y ampliar el tiempo de cotización que tocar uno solo de sus lujos de casta.
Francisco Rubiales
El dinero sobra para capítulos que sólo interesan a los políticos, como las televisiones públicas, imprescindibles para mentir, engañar y manipular. Pero también sobran para financiar a los partidos políticos, generosamente regados con fondos públicos, para costear el despilfarro de los que gobiernan o para conceder ayudas y subvenciones a los amigos del poder, sus empresas, fundaciones y chiringuitos. El dinero es escaso para los ciudadanos, pero es generoso y fluye como un río para financiar el poder, fortalecer el aparato de propaganda, comprar voluntades y someter a los medios de comunicación y convertirlos en portavoces del poder.
El coste anual de las televisiones públicas en España supera los 1.200 millones de euros, a los que hay que agregar los gastos públicos en publicidad, mucho mayores, y las subvenciones. La televisión más cara de España es la catalana TV3, todo un imperio lleno de nacionalismo y odio.
El uso abusivo, injusto y mafioso del dinero público es uno de los rasgos que demuestran la podredumbre de la vida política y del sistema en España.
La llegada de los fondos especiales europeos, que el gobierno de Sánchez se ha negado a que sean administrados por una comisión independiente de prestigio, como han hecho otros países, ha enlodado todavía más la corrupción en el uso del dinero. Ya se sabe que 100 millones de esos fondos irán a enriquecer a los sindicatos, que son organizaciones decadentes que ya apenas tienen peso en la sociedad, pero que son de gran utilidad para el gobierno, que los utiliza para aparentar una democracia y un consenso que no existen.
Son tan antidemocráticos y miserables que prefieren suprimir derechos y servicios fundamentales antes que prescindir de esas televisiones autonómicas que sólo sirven para mentir, manipular y controlar las mentes de los votantes.
Prescindir de las televisiones autonómicas públicas sería una solución y permitiría destinar miles de millones de euros a reforzar los servicios elementales y a asegurar las pensiones, entre otras necesidades. No existe ni una sola televisión autonómica que sea necesaria. Todas ellas son juguetes del poder, armas para ganar votos, manipular y embrutecer a la audiencia. Algunas, como la catalana, e manos del nacionalismo y el golpismo, son utilizadas para esparcir odio y rencor.
La mayoría de ellas son ruinosas y con el dinero que cuestan podrían solucionarse muchos problemas. Pero ningún político parece dispuesto a privatizarlas, con los que conseguiría un triple objetivo: dinero fresco para el presente, ahorro para el futuro y más salud mental para los españoles.
Lo de las televisiones públicas españolas, en estos tiempos de crisis, constituye la prueba más evidente de que el bien común ha quedado olvidado en la política española, donde las prioridad absoluta es el control del poder. Cualquier político español de los grandes partidos, sean de derecha, izquierda o nacionalistas, preferirían morir antes que prescindir de la televisión, sin la cual no podrían seguir sometiendo, ¡sojuzgando y estafando a los ciudadanos con corrupción y mal gobierno.
Las televisiones autonómicas son costosos e inútiles instrumentos de influencia y dominio al servicio de los gobiernos regionales, que no cumplen misión social, cultural o política alguna que justifique su existencia. Son caprichos costosos al servicio de la casta, instrumentos de dominio y lujos superfluos que la decencia aconseja eliminar ahora, cuando España está obligada a transitar por la dura ruta del ahorro y la austeridad.
Lo que aportan las autonómicas está más que cubierto por las televisiones privadas. ¿Es que esas cadenas públicas se dedican a difundir cultura, formación, vertebración y valores o más bien compiten con las cadenas privadas en difundir basura, violencia y chabacanería para ganar raiting y share? Si se realiza un examen imparcial de la programación de las televisiones autonómicas, ni una de ellas justifica su existencia por su aportación a la información o la cultura ciudadana.
La existencia de las televisiones autonómicas no está justificada en esta etapa de la Historia de España, como tampoco lo están los viajes innecesarios de políticos costeados por el erario público, las tarjetas visa que tienen los políticos sin límite de gasto y otros privilegios y abusos que los españoles ya no pueden costear.
La casta política española es incapaz de renunciar a sus ilegítimos privilegios, que nunca han sido democráticos y que ahora, en estos tiempos de crisis, son un claro reflejo de indecencia, opresión y dominio.
Los únicos movimientos importantes de los políticos españoles para afrontar la crisis han sido a costa de los ciudadanos, sin tocar ni uno sólo de sus múltiples y escandalosos privilegios. Han preferido subir los impuestos hasta la locura, retrasar la jubilación, eliminar el cheque bebé y ampliar el tiempo de cotización que tocar uno solo de sus lujos de casta.
Francisco Rubiales
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