El Confidencial Digital publica hoy que la juez francesa Laurence Le Vert, la principal colaboradora con España en la lucha contra ETA, estuvo a punto de detener en mayo a la cúpula de la organización terrorista, pero una filtración del gobierno de España lo impidió.
La juez, en colaboración con la policía gala, montó un dispositivo para detener a la cúpula de ETA. Era una información segura, pero los que esperanaban a los asesinos se vieron sorprendidos porque no llegó nadie a la cita. Despues, la juez supo que una filtración desde España había prevenido a los etarras para que no acudieran. La filtración sólo pudo haberse producido desde los altos poderes del gobierno español, con los que la juez, como es habitual, coordinaba sus actuaciones.
Si es cierta esa información, la situación de España como país es grave. Rodeados de traidores y con gente sin respeto a la ley sentada en los sillones gubernamentales, España puede naufragar pronto como proyecto común de convivencia, es decir, como nación.
Si se comprueba la veracidad de la información, lo democráticamente pertinente sería la dimisión inmediata del Ministro del Interior y la comparecencia urgente del Presidente del Gobierno para pedir perdón a la sociedad española por la traición perpetrada por los gobernantes a la nación y al estado de derecho. Después de esa petición de perdón, lo democrático y honrado sería que también dimitiera.
Leer aquí lo que publica hoy el Confidencial Digital.
La juez, en colaboración con la policía gala, montó un dispositivo para detener a la cúpula de ETA. Era una información segura, pero los que esperanaban a los asesinos se vieron sorprendidos porque no llegó nadie a la cita. Despues, la juez supo que una filtración desde España había prevenido a los etarras para que no acudieran. La filtración sólo pudo haberse producido desde los altos poderes del gobierno español, con los que la juez, como es habitual, coordinaba sus actuaciones.
Si es cierta esa información, la situación de España como país es grave. Rodeados de traidores y con gente sin respeto a la ley sentada en los sillones gubernamentales, España puede naufragar pronto como proyecto común de convivencia, es decir, como nación.
Si se comprueba la veracidad de la información, lo democráticamente pertinente sería la dimisión inmediata del Ministro del Interior y la comparecencia urgente del Presidente del Gobierno para pedir perdón a la sociedad española por la traición perpetrada por los gobernantes a la nación y al estado de derecho. Después de esa petición de perdón, lo democrático y honrado sería que también dimitiera.
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