El gobierno ha presentado a la sociedad un balance positivo de su actuación en 2005 y lo ha hecho destacando una batería de "hitos" que la oposición cuestiona. Algunos de esos presuntos éxitos son, por lo menos, discutibles, como el de la LOE, presentada como modelo de consenso, o las relaciones con la Unión Europea, el primero porque un millón y medio de personas inundaron la calle para rechazarla y el segundo porque España ha perdido una catarata de millones de euros en fondos de ayuda, convirtiéndose así en el país que más pierde con la ampliación a 25.
Pero no tratamos aquí de cuestionar el balance del gobierno, sino de destacar que en el mundo empresarial un balance no tiene validez ni credibilidad a no ser que sea "auditado" por una entidad independiente y de garantizada profesionalidad. Y nos preguntamos ¿Quién audita los balances del gobierno?
La respuesta es "nadie".
El gobierno, cualquiera que sea su color, desde su arrogancia, no permite ser auditado por gente independiente y libre. Como mucho, en caso de duda o pelémica insoportable, utiliza la trampa de nombrar una comisión parlamentaria en la que, logicamente, tiene mayoría y cuyas conclusiones no responden al interés nacional, ni al bien común, sino al puro interés de los partidos políticos que nombran a los miembros de la comisión, todos ellos, lógicamente, pagados por el erario público.
Los ciudadanos independientes y libres deberíamos auditar al gobierno, como también deberíamos obligar a nuestros gobernantes a que estén preparados para representar a España y sepan idiomas, por lo menos como lo saben las secretarias en nuestras empresas. También deberíamos obligar a nuestros dirigentes políticos a que pasen controles antidoping, como los ciclistas ¿Acaso no es más poligroso un ministro o un diputado dopado que un ciclista dopado? Deberíamos también ogligarles a pasar controles de alcoholemia porque un dirigente político borracho, obligado por su cargo a tomar decisiones de enorme importancia, es muchos más peligrosos que un conductor beodo. Por supuesto que las comisiones de investigación, en lugar de estar integradas por militantes de partidos deberían formarse con ciudadanos de probada independencia y prestigio, elegidos por instituciones independientes de la sociedad civil.
En fin, pero no seamos inocentes hoy también (el dia de los inocentes fue ayer) y dejemos de soñar en democracia porque el gobierno, arrogante, no permite ser controlado, como debería ser preceptivo en una democracia auténtica.
La única instancia que podría auditar al gobierno y controlarlo con garantías es la prensa libre e independiente. La democracia atribuye precisamente esa función controladora y vigilante del gobierno a la prensa. Pero, por desgracia, ese tipo de prensa quizás ya no exista en la democracia española, donde los medios y los periodistas se han alineado en los últimos años y están hoy divididos en partidarios de un partido y en partidarios de otro.
En fin, un panorama democráticamente desolador que tiene difícil solución, aunque no imposible.
¿Será capaz ZP de solucionar este problema de pureza democrática con su genial talante y elevada sensibilidad cívica?
La solución en el siguiente capítulo del comic.
Pero no tratamos aquí de cuestionar el balance del gobierno, sino de destacar que en el mundo empresarial un balance no tiene validez ni credibilidad a no ser que sea "auditado" por una entidad independiente y de garantizada profesionalidad. Y nos preguntamos ¿Quién audita los balances del gobierno?
La respuesta es "nadie".
El gobierno, cualquiera que sea su color, desde su arrogancia, no permite ser auditado por gente independiente y libre. Como mucho, en caso de duda o pelémica insoportable, utiliza la trampa de nombrar una comisión parlamentaria en la que, logicamente, tiene mayoría y cuyas conclusiones no responden al interés nacional, ni al bien común, sino al puro interés de los partidos políticos que nombran a los miembros de la comisión, todos ellos, lógicamente, pagados por el erario público.
Los ciudadanos independientes y libres deberíamos auditar al gobierno, como también deberíamos obligar a nuestros gobernantes a que estén preparados para representar a España y sepan idiomas, por lo menos como lo saben las secretarias en nuestras empresas. También deberíamos obligar a nuestros dirigentes políticos a que pasen controles antidoping, como los ciclistas ¿Acaso no es más poligroso un ministro o un diputado dopado que un ciclista dopado? Deberíamos también ogligarles a pasar controles de alcoholemia porque un dirigente político borracho, obligado por su cargo a tomar decisiones de enorme importancia, es muchos más peligrosos que un conductor beodo. Por supuesto que las comisiones de investigación, en lugar de estar integradas por militantes de partidos deberían formarse con ciudadanos de probada independencia y prestigio, elegidos por instituciones independientes de la sociedad civil.
En fin, pero no seamos inocentes hoy también (el dia de los inocentes fue ayer) y dejemos de soñar en democracia porque el gobierno, arrogante, no permite ser controlado, como debería ser preceptivo en una democracia auténtica.
La única instancia que podría auditar al gobierno y controlarlo con garantías es la prensa libre e independiente. La democracia atribuye precisamente esa función controladora y vigilante del gobierno a la prensa. Pero, por desgracia, ese tipo de prensa quizás ya no exista en la democracia española, donde los medios y los periodistas se han alineado en los últimos años y están hoy divididos en partidarios de un partido y en partidarios de otro.
En fin, un panorama democráticamente desolador que tiene difícil solución, aunque no imposible.
¿Será capaz ZP de solucionar este problema de pureza democrática con su genial talante y elevada sensibilidad cívica?
La solución en el siguiente capítulo del comic.
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