La noticia de que Parcual Maragall cobrará una pensión de 125.000 euros al año ha golpeado como una maza de plomo la conciencia de millones de españoles, asqueados ya de los privilegios y ventajas de una casta política que parece estar fuera de cualquier control democrático.
La sociedad española no entiende ni aprueba que los políticos cobren esas lujosas pensiones, mientras que el resto de la población tiene que ahorrar para alimentar un fondo de pensiones que mejore las prestaciones escasas de las pensiones oficiales.
Tampoco entiende el ciudadano que esos privilegios se aprueben de espaldas al pueblo, sin publicidad, sin debate, en contra de la voluntad popular, y que sólo sean conocidos por la opinión pública cuando un medio de comunicación los publica.
Menos comprensible aun es que esos tipos tan poderosos y, en teoría, bien preparados, no sean capaces de forjarse un futuro propio, como los demás españoles, cuando abandonan una política que, necesariamente, por razones de salud pública, debe durar poco. Tampoco es explicable que con los grandes sueldos que reciben no sean capaces de montarse su propio plan de pensiones, como tenemos que hacer los demás ciudadanos si queremos disfrutar de pensiones más generosas que las exiguas que paga el Estado.
Pero lo menos comprensible y tolerable para la ciudadanía es la violación del principio constitucional de la "igualdad" que suponen esas pensiones de lujo para políticos, de las que se benefician también el andaluz Chaves, el vasco Ibarretxe y cada día más prebostes y jefecillos regionales, comarcales y municipales, sólo por el hecho de ser políticos.
Para colmo de desfachatez y de violación de las reglas de la democracia, existen dictámenes jurídicos de gran solvencia que declaran "ilegales" esas pensiones, basados en criterios tan solventes como la prohibición explícita de que ninguna pensión supere el tope establecido por la Ley de Presupuestos.
Las pensiones de lujo para los "nuevos amos" dañan la imagen de la política, alimentan la desconfianza del ciudadano en sus instituciones, destrozan el liderazgo y hasta hacer perder solvencia al sistema, que aparece ante el ciudadano como trucado y hasta prostituido por sus principales administradores.
La sociedad española no entiende ni aprueba que los políticos cobren esas lujosas pensiones, mientras que el resto de la población tiene que ahorrar para alimentar un fondo de pensiones que mejore las prestaciones escasas de las pensiones oficiales.
Tampoco entiende el ciudadano que esos privilegios se aprueben de espaldas al pueblo, sin publicidad, sin debate, en contra de la voluntad popular, y que sólo sean conocidos por la opinión pública cuando un medio de comunicación los publica.
Menos comprensible aun es que esos tipos tan poderosos y, en teoría, bien preparados, no sean capaces de forjarse un futuro propio, como los demás españoles, cuando abandonan una política que, necesariamente, por razones de salud pública, debe durar poco. Tampoco es explicable que con los grandes sueldos que reciben no sean capaces de montarse su propio plan de pensiones, como tenemos que hacer los demás ciudadanos si queremos disfrutar de pensiones más generosas que las exiguas que paga el Estado.
Pero lo menos comprensible y tolerable para la ciudadanía es la violación del principio constitucional de la "igualdad" que suponen esas pensiones de lujo para políticos, de las que se benefician también el andaluz Chaves, el vasco Ibarretxe y cada día más prebostes y jefecillos regionales, comarcales y municipales, sólo por el hecho de ser políticos.
Para colmo de desfachatez y de violación de las reglas de la democracia, existen dictámenes jurídicos de gran solvencia que declaran "ilegales" esas pensiones, basados en criterios tan solventes como la prohibición explícita de que ninguna pensión supere el tope establecido por la Ley de Presupuestos.
Las pensiones de lujo para los "nuevos amos" dañan la imagen de la política, alimentan la desconfianza del ciudadano en sus instituciones, destrozan el liderazgo y hasta hacer perder solvencia al sistema, que aparece ante el ciudadano como trucado y hasta prostituido por sus principales administradores.
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