Sede del Tribunal Constitucional español
Los pactos alcanzados por el PSOE y el PP para renovar órganos democráticos constituyen un nuevo deterioro corrupto de la democracia española, que hoy amanece un poco más sucia y envilecida por culpa de su peor enemigo: los grandes partidos políticos. Los dos principales partidos del país invaden el poder judicial y otros órganos y colocan a tipos cuyo gran mérito es tener un carné de partido o ser ciegamente leales a esos partidos, invadiendo y ensuciando así espacios y órganos del Estado que la democracia exige que sean independientes.
El acuerdo alcanzado renueva, politiza y contamina el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. La renovación afecta a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2019, el recambio para doce consejeros del Tribunal de Cuentas y al defensor del pueblo y a su ayudante.
El pacto no afecta al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, donde ambos mantienen posturas alejadas: el PP pide un cambio en el método de elección para despolitizarlo y los socialistas quieren mantener el sistema vigente.
Con esta renovación politizada, España da un paso más hacia la podredumbre y la degradación de la democracia, ya seriamente dañada por el poder excesivo de los gobiernos y los partidos, por sus privilegios desmedidos, por el control obsceno que ejercen sobre la sociedad civil y por la indecente ausencia del pueblo, teóricamente soberano, pero que es ignorado y tratado como rebaño por los grandes partidos y el poder político en general.
El pacto pone de manifiesto la verdad de lo que tantas veces han denunciado los demócratas verdaderos: que los dos grandes partidos, PP y PSOE, terminan siempre por ponerse a cuerdo en todo lo que afecta a incrementar su poder y privilegios, desde ocupar órganos y espacios que en democracia deben ser independientes y limpios, hasta subirse los sueldos e incrementar sus privilegios.
Francisco Rubiales
El acuerdo alcanzado renueva, politiza y contamina el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. La renovación afecta a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2019, el recambio para doce consejeros del Tribunal de Cuentas y al defensor del pueblo y a su ayudante.
El pacto no afecta al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, donde ambos mantienen posturas alejadas: el PP pide un cambio en el método de elección para despolitizarlo y los socialistas quieren mantener el sistema vigente.
Con esta renovación politizada, España da un paso más hacia la podredumbre y la degradación de la democracia, ya seriamente dañada por el poder excesivo de los gobiernos y los partidos, por sus privilegios desmedidos, por el control obsceno que ejercen sobre la sociedad civil y por la indecente ausencia del pueblo, teóricamente soberano, pero que es ignorado y tratado como rebaño por los grandes partidos y el poder político en general.
El pacto pone de manifiesto la verdad de lo que tantas veces han denunciado los demócratas verdaderos: que los dos grandes partidos, PP y PSOE, terminan siempre por ponerse a cuerdo en todo lo que afecta a incrementar su poder y privilegios, desde ocupar órganos y espacios que en democracia deben ser independientes y limpios, hasta subirse los sueldos e incrementar sus privilegios.
Francisco Rubiales
Inicio
Enviar
Versión para Imprimir
Comentarios: