Si para algo ha servido hasta ahora la OPA hostil de Gas Natural sobre ENDESA es para que los españoles vean con claridad que los organismos reguladores creados para cuidar del bien común están enfermos y no funcionan. Su mal es que están contaminados por los partidos políticos y que sus miembros aprueban no lo que necesita la sociedad española, sino lo que ordenan las élites dominantes de la oligocracia partidista española.
La prensa española destaca hoy como noticia dominante que el Tribunal de Defensa de la Competencia recomienda al gobierno que no apruebe la OPA porque dañaría seriamente la necesaria competencia en el mercado y los intereses de los ciudadanos. El fallo de ese tribunal es sospechosamente fiel a su composición política: los seis miembros designados por el PP han votado a favor del dictamen y los tres puestos por el gobierno, en contra.
Lo mismo ha ocurrido en los últimos meses cada vez que se ha pronunciado sobre la OPA un organismo regulador: la CNE, donde el PSOE tiene mayoría, se pronunció a favor de la OPA y hasta se atrevió a retocar los informes de ´sus propios técnicos, lo mismo que la CNMV, también de "obediencia" socialista, lo que da una idea del patológico dominio que los partidos político ejercen sobre la sociedad española.
La sociedad espñola está ocupada por los partidos y esa ocupación no sólo invalida y deslegitima la democracia, sino que pone en peligro la necesaria búsqueda y defensa del bien común que es preceptiva en democracia.
El dominio abusivo de los partidos políticos no sólo se refleja en los órganos reguladores, sino en casi todos los ámbitos de la vida, lo que convierte la atmósfera en irrespirable. Las comisiones parlamentarias no buscan la verdad sino la verdad que interesa a cada partido político; las cajas de ahorros responden al partido dominante, el debate parlamentario está dominado no por los intereses ciudadanos sino por los de los partidos que conforman las mayorías y las minorías.
Hasta la mayoría de los medios de comunicación han dejado de ser independientes y han sustituido el servicio a la verdad y al ciufdadano por la defensa a ulytranza de los puntos de vista e intereses de un partido político u otro.
Las consecuencias directas de la "ocupación" de la sociedad por parte de los partidos y de la "desaparición" de las instituciones y de los ciudadanos libres e independientes del panorama político español, son, entre otras muchas, todas graves, la desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema, el desprestigio de la política y la indiferencia ante los procesos electorales, un panorama preocupante cuyo principal reflejo urnas cada vez más vacias y una política que se desenvuelve al margen de la ciudadanía.
Si lo que nos rige políticamente en España es una democracia, que venga Dios y lo vea.
La prensa española destaca hoy como noticia dominante que el Tribunal de Defensa de la Competencia recomienda al gobierno que no apruebe la OPA porque dañaría seriamente la necesaria competencia en el mercado y los intereses de los ciudadanos. El fallo de ese tribunal es sospechosamente fiel a su composición política: los seis miembros designados por el PP han votado a favor del dictamen y los tres puestos por el gobierno, en contra.
Lo mismo ha ocurrido en los últimos meses cada vez que se ha pronunciado sobre la OPA un organismo regulador: la CNE, donde el PSOE tiene mayoría, se pronunció a favor de la OPA y hasta se atrevió a retocar los informes de ´sus propios técnicos, lo mismo que la CNMV, también de "obediencia" socialista, lo que da una idea del patológico dominio que los partidos político ejercen sobre la sociedad española.
La sociedad espñola está ocupada por los partidos y esa ocupación no sólo invalida y deslegitima la democracia, sino que pone en peligro la necesaria búsqueda y defensa del bien común que es preceptiva en democracia.
El dominio abusivo de los partidos políticos no sólo se refleja en los órganos reguladores, sino en casi todos los ámbitos de la vida, lo que convierte la atmósfera en irrespirable. Las comisiones parlamentarias no buscan la verdad sino la verdad que interesa a cada partido político; las cajas de ahorros responden al partido dominante, el debate parlamentario está dominado no por los intereses ciudadanos sino por los de los partidos que conforman las mayorías y las minorías.
Hasta la mayoría de los medios de comunicación han dejado de ser independientes y han sustituido el servicio a la verdad y al ciufdadano por la defensa a ulytranza de los puntos de vista e intereses de un partido político u otro.
Las consecuencias directas de la "ocupación" de la sociedad por parte de los partidos y de la "desaparición" de las instituciones y de los ciudadanos libres e independientes del panorama político español, son, entre otras muchas, todas graves, la desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema, el desprestigio de la política y la indiferencia ante los procesos electorales, un panorama preocupante cuyo principal reflejo urnas cada vez más vacias y una política que se desenvuelve al margen de la ciudadanía.
Si lo que nos rige políticamente en España es una democracia, que venga Dios y lo vea.
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