Pero hay muchas otras afrentas y provocaciones en las leyes y normas españolas que reclaman una urgente eliminación, algunas de enorme envergadura, como la existencia de las comunidades autónomas, cada día más rechazadas por los ciudadanos, que, según las encuestas, uno de cada cuatro las considera como la causa principal de la inflación de políticos mantenidos por el Estado, de la corrupción, del abuso de poder y de las tendencias independentistas y de odio a España.
En la lista de los oprobios y desvergüenzas de los políticos españoles figuran también la mala gestión de las pensiones y la liquidación inexplicable del fondo de reserva, que permitía cobrar en tiempos de crisis, la financiación de los partidos y sindicatos con dinero procedente de los impuestos; una ley electoral que otorga a unos votos más valor que a otros; diferencias fiscales y de otro tipo que dinamitan la igualdad entre los españoles y que benefician a los habitantes de algunas regiones sobre los de otras; el deterioro de la Sanidad Pública, cada día más patente; los privilegios, los sueldos y las pensiones de la clase política española, muy duros de soportar por un pueblo que ha aprendido a despreciar y hasta a odiar a su clase política; la impunidad de los políticos; el abuso de la figura del aforamiento; los pactos contra natura entre partidos de ideología opuesta, sin otro motivo que el reparto del poder; la cobardía de los gobiernos y la insoportable tolerancia que los dos grandes partidos han tenido con el nacionalismo feroz de catalanes y vascos; el escaso control del dinero público; las ventajas fiscales para las grandes empresas y los ricos, que, compàrativamente, pagan mucho menos a la hacienda pública que los trabajadores, las clases medias y las pequeñas y medianas empresas, y un larguísimo etcétera que convierte a España en un país tan desequilibrado e injusto que los ciudadanos no tienen otro remedio que despreciar a sus clases dirigentes, habituadas a abusar y oprimir a los más débiles y desprotegidos.
El robo de herencias que practican los gobiernos españoles se está convirtiendo en una afrenta tan impopular y denostada que FENCIS, la plataforma creada para luchar contra el impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, Aragón y Asturias, las tres regiones más castigadas por ese expolio, han decidido boicotear activamente, en las próximas elecciones, a los partidos políticos que sigan defendiendo el robo de las herencias, una campaña tan cercana al ciudadano que, si se desarrolla con eficacia, podría cambiar el mapa político de España.
Las injusticias y afrentas vigentes terminarán con el bipartidismo y, si el problema persiste, también con la democracia. Si la voluntad popular y el bien común siguen sin respetarse, la sociedad española avanzará con paso firme hacia la disgregación y la confrontación y la primera consecuencia traumática serán visibles en las próximas elecciones, que se convertirán en un festival de venganza, donde los ciudadanos castigarán con ardor y saña a los políticos, sobre todo a los partidos más poderosos, culpables directos de la situación.
Francisco Rubiales
En la lista de los oprobios y desvergüenzas de los políticos españoles figuran también la mala gestión de las pensiones y la liquidación inexplicable del fondo de reserva, que permitía cobrar en tiempos de crisis, la financiación de los partidos y sindicatos con dinero procedente de los impuestos; una ley electoral que otorga a unos votos más valor que a otros; diferencias fiscales y de otro tipo que dinamitan la igualdad entre los españoles y que benefician a los habitantes de algunas regiones sobre los de otras; el deterioro de la Sanidad Pública, cada día más patente; los privilegios, los sueldos y las pensiones de la clase política española, muy duros de soportar por un pueblo que ha aprendido a despreciar y hasta a odiar a su clase política; la impunidad de los políticos; el abuso de la figura del aforamiento; los pactos contra natura entre partidos de ideología opuesta, sin otro motivo que el reparto del poder; la cobardía de los gobiernos y la insoportable tolerancia que los dos grandes partidos han tenido con el nacionalismo feroz de catalanes y vascos; el escaso control del dinero público; las ventajas fiscales para las grandes empresas y los ricos, que, compàrativamente, pagan mucho menos a la hacienda pública que los trabajadores, las clases medias y las pequeñas y medianas empresas, y un larguísimo etcétera que convierte a España en un país tan desequilibrado e injusto que los ciudadanos no tienen otro remedio que despreciar a sus clases dirigentes, habituadas a abusar y oprimir a los más débiles y desprotegidos.
El robo de herencias que practican los gobiernos españoles se está convirtiendo en una afrenta tan impopular y denostada que FENCIS, la plataforma creada para luchar contra el impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, Aragón y Asturias, las tres regiones más castigadas por ese expolio, han decidido boicotear activamente, en las próximas elecciones, a los partidos políticos que sigan defendiendo el robo de las herencias, una campaña tan cercana al ciudadano que, si se desarrolla con eficacia, podría cambiar el mapa político de España.
Las injusticias y afrentas vigentes terminarán con el bipartidismo y, si el problema persiste, también con la democracia. Si la voluntad popular y el bien común siguen sin respetarse, la sociedad española avanzará con paso firme hacia la disgregación y la confrontación y la primera consecuencia traumática serán visibles en las próximas elecciones, que se convertirán en un festival de venganza, donde los ciudadanos castigarán con ardor y saña a los políticos, sobre todo a los partidos más poderosos, culpables directos de la situación.
Francisco Rubiales
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