La dimisión de Carlos Lesmes sitúa a la Justicia española en estado de emergencia y caos, al borde del colapso.
La dimisión de Lesmes deja la Justicia española en una situación endiablada y caótica, con un CGPJ en descomposición, sin sucesor claro y con posiciones de bloqueo. Vocales de los sectores conservador y progresista del Consejo se reúnen de emergencia, mientras que Sánchez y Feijóo hacen lo mismo en la Moncloa con la idea de evitar ante una crisis constitucional inédita.
La simple existencia de vocales conservadores y progresistas, encuadrados en asociaciones de jueces que se asemejan a los partidos políticos y que son obedientes a estos, demuestra que la Justicia española está corrompida hasta el tuétano y politizada, en contra de las normas y criterios básicos de la democracia.
Ambos partidos quieren seguir controlando los grandes tribunales, sobre todo el Constitucional, que tiene poder para rechazar las leyes que aprueba el gobierno. Sánchez y los suyos están empeñados en controlar ese alto tribunal para impedir que leyes y decisiones suyas de dudosa constitucionalidad, como las del aborto, la eutanasia, algunas leyes de género y otras muchas decisiones arbitrarias, partidistas y manifiestamente anticonstitucionales sean anuladas. El PP, por su parte, con la esperanza puesta en que la mayoría de los jueces en España son conservadores, apoya la doctrina de la Unión Europea de que sean los jueces los que controlen mayoritariamente la Justicia y que los partidos políticos saquen sus sucias manos de ese sector, cuya independencia y libertad son vitales en democracia.
Los partidos nacionalistas vascos y catalanes no son ajenos a la prostitución de la Justicia española porque ellos han participado en la intervención política y han reclamado desde el principio la colocación en los altos tribunales de jueces propios.
Los grandes partidos políticos españoles tienen poco de demócratas y una de las manifestaciones más claras de esa vocación antidemocrática ha sido el manejo sucio y pervertido de la Justicia. PSOE y PP han querido tener jueces de su cuerda ideológica gracias a los cuales sus muchos delitos y delincuentes escapan de la Justicia. Es una actitud repugnante que, por fortuna, está llegando a su fin gracias a la intervención de la Unión Europea.
Lesmes ha tenido que anunciar su dimisión para lograr que Sánchez y Feijóo se reúnan de forma urgente para abordar la situación dramática de la Justicia. Se abre así una crisis inédita en la historia de nuestra democracia en el tercer poder del Estado mientras los partidos parecen afirmarse en sus posiciones conocidas. El PP insiste en una reforma del sistema de elección, en la línea de las recomendaciones de la UE, pero el PSOE exige primero renovar el TC y descarta cambiar el modelo.
Detrás de esas posturas está el pánico del PSOE a que la Justicia realmente libre e independiente dinamite sus evidentes agresiones a la Constitución a través de leyes y decisiones que merman las libertades y derechos básicos. Por eso prefiere plantar cara a la Unión Europea antes que admitir que los jueces se liberen de las garras de los partidos políticos, que prostituyen claramente la Justicia.
Lesmes abandona el cargo con un mandato prorrogado -durante casi cuatro años- y con un órgano como el Consejo en estado de descomposición. Un poder del Estado estará a partir de hoy descabezado sin que nadie sepa con certeza durante cuánto tiempo se prolongará esa vergonzosa situación.
Francisco Rubiales
La simple existencia de vocales conservadores y progresistas, encuadrados en asociaciones de jueces que se asemejan a los partidos políticos y que son obedientes a estos, demuestra que la Justicia española está corrompida hasta el tuétano y politizada, en contra de las normas y criterios básicos de la democracia.
Ambos partidos quieren seguir controlando los grandes tribunales, sobre todo el Constitucional, que tiene poder para rechazar las leyes que aprueba el gobierno. Sánchez y los suyos están empeñados en controlar ese alto tribunal para impedir que leyes y decisiones suyas de dudosa constitucionalidad, como las del aborto, la eutanasia, algunas leyes de género y otras muchas decisiones arbitrarias, partidistas y manifiestamente anticonstitucionales sean anuladas. El PP, por su parte, con la esperanza puesta en que la mayoría de los jueces en España son conservadores, apoya la doctrina de la Unión Europea de que sean los jueces los que controlen mayoritariamente la Justicia y que los partidos políticos saquen sus sucias manos de ese sector, cuya independencia y libertad son vitales en democracia.
Los partidos nacionalistas vascos y catalanes no son ajenos a la prostitución de la Justicia española porque ellos han participado en la intervención política y han reclamado desde el principio la colocación en los altos tribunales de jueces propios.
Los grandes partidos políticos españoles tienen poco de demócratas y una de las manifestaciones más claras de esa vocación antidemocrática ha sido el manejo sucio y pervertido de la Justicia. PSOE y PP han querido tener jueces de su cuerda ideológica gracias a los cuales sus muchos delitos y delincuentes escapan de la Justicia. Es una actitud repugnante que, por fortuna, está llegando a su fin gracias a la intervención de la Unión Europea.
Lesmes ha tenido que anunciar su dimisión para lograr que Sánchez y Feijóo se reúnan de forma urgente para abordar la situación dramática de la Justicia. Se abre así una crisis inédita en la historia de nuestra democracia en el tercer poder del Estado mientras los partidos parecen afirmarse en sus posiciones conocidas. El PP insiste en una reforma del sistema de elección, en la línea de las recomendaciones de la UE, pero el PSOE exige primero renovar el TC y descarta cambiar el modelo.
Detrás de esas posturas está el pánico del PSOE a que la Justicia realmente libre e independiente dinamite sus evidentes agresiones a la Constitución a través de leyes y decisiones que merman las libertades y derechos básicos. Por eso prefiere plantar cara a la Unión Europea antes que admitir que los jueces se liberen de las garras de los partidos políticos, que prostituyen claramente la Justicia.
Lesmes abandona el cargo con un mandato prorrogado -durante casi cuatro años- y con un órgano como el Consejo en estado de descomposición. Un poder del Estado estará a partir de hoy descabezado sin que nadie sepa con certeza durante cuánto tiempo se prolongará esa vergonzosa situación.
Francisco Rubiales
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