Es sangrante e indigno el caso de algunos gobiernos autonómicos españoles, sobre todo Andalucía y Asturias, que aplican un brutal impuesto de sucesiones contra la razón, la justicia y la voluntad popular, un tributo que grava las herencias con porcentajes tan brutales que miles de familias se ven obligadas a renunciar a lo que sus padres o parientes les han legado por no poder satisfacer las desproporcionadas cuotas que exigen las administraciones.
No se trata de una contribución al bien común, sino de un expolio o robo legalizado, que humilla y aplasta al ciudadano, al que se le obliga a pagar contra su voluntad, de manera coercitiva y practicándole una confiscación de sus bienes.
¿Cómo justifican ese impuesto? De manera chulesca y autoritaria: "los ricos deben pagar", un argumento falso porque los ricos eluden el pago de ese impuesto con productos financieros que lo evitan, como los fondos de pensiones y los de capitalización vitalicia, además de establecer su residencia en autonomías como Madrid, donde se paga cien veces menos que en Andalucía o Asturias. Son las clases medias y trabajadoras las que están pagando o renunciando a sus herencias, que se las quedan los gobiernos autonómicos.
¿Violación del básico derecho a la propiedad? ¿Doble o triple imposición? ¿Robo legal? ¿Abuso de poder? ¿Impuesto a los muertos? ¿Codicia insaciable de unos políticos indignos? Todo eso al mismo tiempo, sin restar nada.
Es tan brutal el abuso que es necesario rebelarse cívicamente y protestar para que ese abuso de poder sea retirado de circulación, como corresponde a un país de ciudadanos libres.
El primer deber de un demócrata o de un ciudadano decente, en este momento, cuando la opinión pública se revuelve contra esa injusticia, es oponerse con todas sus fuerzas al Impuesto de Sucesiones, una imposición que, para colmo de males, no respeta el concepto de igualdad que proclama la Constitución porque en algunas regiones, como Andalucía, es cien veces superior al que se cobra en otras, como Madrid, lo que significa discriminación abusiva, cometida por los políticos, quieres están mas obligados que nadie a respetar la Carta Magna.
Contra ese abuso hay que resistir y alzarse, de manera pacífica, pero con contundencia, tomando las calles, creando opinión, criticando con fuerza el abuso, acosando a los que abusan de su poder, afeándoles su conducta a los políticos socialistas, que no tienen argumentos para sostener ese impuesto, salvo el empleo de la fuerza.
Los notarios denunciar que miles de familias están renunciando a las herencias porque no pueden pagar los impuestos que les exigen esos gobiernos regionales. En Andalucía, la lluvia de renuncias es enorme porque el pago a la administración debe hacerse antes de que los herederos puedan vender los bienes heredados, lo que representa otra injusticia añadida.
Todo el montaje es truculento, además de sucio y opresivo, si se tiene en cuenta que la Administración tasa los bienes heredados por encima del valor catastral y por encima del valor de mercado, lo que constituye otro comportamiento insoportable y digno de repulsa y desprecio cívico.
Y otra consideración que agranda la brutalidad del impuesto: los bienes que se heredan ya fueron pagados por sus adquirientes con sus impuestos correspondientes. Cobrar de nuevo por ellos representa una doble imposición carente de legalidad y de ética.
Soportar ese abuso sin luchar es de esclavos. Ni siquiera es un asunto de ideología, sino de dignidad humana.
Hay un último argumento que todavía hace más indecente ese Impuesto de Sucesiones: los políticos que lo cobran han perdido el prestigio y se han ganado a pulso, a base de robos, escándalos, imputaciones y condenas, la imagen de indecentes y corruptos, lo que induce a los ciudadanos obligados a pagar ese Impuesto de Sucesiones, a temer que el dinero que entregan a la Administración no sea empleado para ayudar a los débiles o contribuir al bien común, sino que termine llenando los bolsillos de políticos que, sin decencia ni valores, se han incrustado en el poder y mandan en los partidos y las instituciones.
La solución ante tanta ignominia solo es una: alzarse y protestar hasta el cansancio, sin parar hasta conseguir que ese impuesto indecente sea retirado.
Francisco Rubiales
No se trata de una contribución al bien común, sino de un expolio o robo legalizado, que humilla y aplasta al ciudadano, al que se le obliga a pagar contra su voluntad, de manera coercitiva y practicándole una confiscación de sus bienes.
¿Cómo justifican ese impuesto? De manera chulesca y autoritaria: "los ricos deben pagar", un argumento falso porque los ricos eluden el pago de ese impuesto con productos financieros que lo evitan, como los fondos de pensiones y los de capitalización vitalicia, además de establecer su residencia en autonomías como Madrid, donde se paga cien veces menos que en Andalucía o Asturias. Son las clases medias y trabajadoras las que están pagando o renunciando a sus herencias, que se las quedan los gobiernos autonómicos.
¿Violación del básico derecho a la propiedad? ¿Doble o triple imposición? ¿Robo legal? ¿Abuso de poder? ¿Impuesto a los muertos? ¿Codicia insaciable de unos políticos indignos? Todo eso al mismo tiempo, sin restar nada.
Es tan brutal el abuso que es necesario rebelarse cívicamente y protestar para que ese abuso de poder sea retirado de circulación, como corresponde a un país de ciudadanos libres.
El primer deber de un demócrata o de un ciudadano decente, en este momento, cuando la opinión pública se revuelve contra esa injusticia, es oponerse con todas sus fuerzas al Impuesto de Sucesiones, una imposición que, para colmo de males, no respeta el concepto de igualdad que proclama la Constitución porque en algunas regiones, como Andalucía, es cien veces superior al que se cobra en otras, como Madrid, lo que significa discriminación abusiva, cometida por los políticos, quieres están mas obligados que nadie a respetar la Carta Magna.
Contra ese abuso hay que resistir y alzarse, de manera pacífica, pero con contundencia, tomando las calles, creando opinión, criticando con fuerza el abuso, acosando a los que abusan de su poder, afeándoles su conducta a los políticos socialistas, que no tienen argumentos para sostener ese impuesto, salvo el empleo de la fuerza.
Los notarios denunciar que miles de familias están renunciando a las herencias porque no pueden pagar los impuestos que les exigen esos gobiernos regionales. En Andalucía, la lluvia de renuncias es enorme porque el pago a la administración debe hacerse antes de que los herederos puedan vender los bienes heredados, lo que representa otra injusticia añadida.
Todo el montaje es truculento, además de sucio y opresivo, si se tiene en cuenta que la Administración tasa los bienes heredados por encima del valor catastral y por encima del valor de mercado, lo que constituye otro comportamiento insoportable y digno de repulsa y desprecio cívico.
Y otra consideración que agranda la brutalidad del impuesto: los bienes que se heredan ya fueron pagados por sus adquirientes con sus impuestos correspondientes. Cobrar de nuevo por ellos representa una doble imposición carente de legalidad y de ética.
Soportar ese abuso sin luchar es de esclavos. Ni siquiera es un asunto de ideología, sino de dignidad humana.
Hay un último argumento que todavía hace más indecente ese Impuesto de Sucesiones: los políticos que lo cobran han perdido el prestigio y se han ganado a pulso, a base de robos, escándalos, imputaciones y condenas, la imagen de indecentes y corruptos, lo que induce a los ciudadanos obligados a pagar ese Impuesto de Sucesiones, a temer que el dinero que entregan a la Administración no sea empleado para ayudar a los débiles o contribuir al bien común, sino que termine llenando los bolsillos de políticos que, sin decencia ni valores, se han incrustado en el poder y mandan en los partidos y las instituciones.
La solución ante tanta ignominia solo es una: alzarse y protestar hasta el cansancio, sin parar hasta conseguir que ese impuesto indecente sea retirado.
Francisco Rubiales
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