Amaia y Alfred, la pareja antiespañola en Eurovisión 2018
Lo único bueno de la gran depresión que acosó a España es que logró que algunas verdades salieran a la luz, dejando claro que las televisiones autonómicas son costosos e inútiles instrumentos de influencia y dominio al servicio exclusivo de los gobiernos regionales, que no cumplen misión social, cultural o política alguna que justifique su existencia. Son caprichos costosos al servicio de la casta, instrumentos de dominio y lujos superfluos que la decencia aconseja eliminar, pero que los políticos mantienen vivos y prefieren que el cierre y las rebajas afecten a hospitales, escuelas, pensiones y a otras necesidades básicas del pueblo.
¿Es que esas cadenas públicas se dedican a difundir cultura, formación, vertebración y valores o más bien compiten con las cadenas privadas en difundir basura, violencia y chabacanería para ganar rating y share? Si se realiza un examen imparcial de la programación de las televisiones autonómicas, ni una de ellas justifica su existencia por su aportación a la información o la cultura ciudadana.
Hasta Bruselas está indignada con el panorama de las televisiones públicas españolas porque los políticos, incapaces de acabar con el déficit público y de mejorar los servicios ciudadanos, se empeñan en alimentar, año tras año, a esos monstruos inútiles.
La existencia de lujos y caprichos como las televisiones autonómicas, con cuya supresión España ahorraría miles de millones de euros, mientras retrocedemos en servicios básicos y hemos renunciado casi por completo a la investigación y la ciencia es pura opresión, injusticia ostentosa y arrogancia antidemocrática.
El director del Instituto Juan de Mariana y profesor, Juan Ramón Rallo, lo tenía claro cuando cerró la televisión valenciana: "El cierre de Canal 9 debería escandalizar al ciudadano: no porque las administraciones públicas se desprenden de un mecanismo para manipular a las masas, sino porque la clausura haya tardado casi 25 años en producirse".
Rallo defiende la misma tesis que el blog Voto en Blanco viene proclamando desde el año 2004, cuando comenzó a publicarse para luchar por una verdadera democracia en España: las televisiones controladas por los partidos gobernantes no defienden el bien común, sino el poder de los partidos y de sus élites. No existe justificación alguna en una verdadera democracia para crear un medio de televisión público. Si por razones extraordinarias y muy raras existiera la necesidad real de emitir mensajes concretos desde el gobierno, ese objetivo puede alcanzarse estableciendo acuerdos con los medios privados, lo que implicaría costos centenares de veces inferiores al costo de las ruinosas televisiones públicas.
Además, poner un medio de comunicación tan potente como la televisión en manos de gobernantes como los españoles, acosados por la Justicia, marcados por la corrupción, divorciados de sus pueblos y acostumbrados a anteponer sus propios intereses al bien común, es proporcionarles mas poder del que merecen poseer en democracia y equivale a entregar un revolver a un mono loco.
Francisco Rubiales
¿Es que esas cadenas públicas se dedican a difundir cultura, formación, vertebración y valores o más bien compiten con las cadenas privadas en difundir basura, violencia y chabacanería para ganar rating y share? Si se realiza un examen imparcial de la programación de las televisiones autonómicas, ni una de ellas justifica su existencia por su aportación a la información o la cultura ciudadana.
Hasta Bruselas está indignada con el panorama de las televisiones públicas españolas porque los políticos, incapaces de acabar con el déficit público y de mejorar los servicios ciudadanos, se empeñan en alimentar, año tras año, a esos monstruos inútiles.
La existencia de lujos y caprichos como las televisiones autonómicas, con cuya supresión España ahorraría miles de millones de euros, mientras retrocedemos en servicios básicos y hemos renunciado casi por completo a la investigación y la ciencia es pura opresión, injusticia ostentosa y arrogancia antidemocrática.
El director del Instituto Juan de Mariana y profesor, Juan Ramón Rallo, lo tenía claro cuando cerró la televisión valenciana: "El cierre de Canal 9 debería escandalizar al ciudadano: no porque las administraciones públicas se desprenden de un mecanismo para manipular a las masas, sino porque la clausura haya tardado casi 25 años en producirse".
Rallo defiende la misma tesis que el blog Voto en Blanco viene proclamando desde el año 2004, cuando comenzó a publicarse para luchar por una verdadera democracia en España: las televisiones controladas por los partidos gobernantes no defienden el bien común, sino el poder de los partidos y de sus élites. No existe justificación alguna en una verdadera democracia para crear un medio de televisión público. Si por razones extraordinarias y muy raras existiera la necesidad real de emitir mensajes concretos desde el gobierno, ese objetivo puede alcanzarse estableciendo acuerdos con los medios privados, lo que implicaría costos centenares de veces inferiores al costo de las ruinosas televisiones públicas.
Además, poner un medio de comunicación tan potente como la televisión en manos de gobernantes como los españoles, acosados por la Justicia, marcados por la corrupción, divorciados de sus pueblos y acostumbrados a anteponer sus propios intereses al bien común, es proporcionarles mas poder del que merecen poseer en democracia y equivale a entregar un revolver a un mono loco.
Francisco Rubiales
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