Ocurrió hoy, domingo, en Sevilla: un hombre circula con su vehiculo por un barrio sevillano y atropella a una niña de siete años. Sus familiares, de étnia gitana y residentes en el barrio marginal de "El Vacie", acribillan a balazos al conductor, que muere en el acto sin poder levantarse del asiento. La niña no sufre daño alguno y los asesinos huyen.
La sociedad española, ante la osadia cada día mayor de la delincuencia, empieza a ser víctima de alarma social.
En los últimos meses han sido frecuentes los casos de tiroteos y exhibición masiva de armas en barrios marginales de España y en numerosos hogares asaltados. El de hoy en Sevilla es un caso más que demuestra algo que duele al poder pero que es una verdad irrefutable: en España, los delincuentes están armados hasta los dientes y los ciudadanos, sin armas, están indefensos y son víctimas de la dlincuencia en las calles y, últimamente, también en sus hogares, atacados fpor bandas bien entrenadas y con armas automáticas procedentes de países del Este de Europa.
La delincuencia se ha disparado en el país tras la llegada masiva de inmigrantes extranjeros. En las cárceles españolas hay ya más presos comunes extranajeros que españoles.
¿A que espera el gobierno español para ordenar a la policía que desarme a los delincuentes y que haga registros en sus barrios? ¿Cuantos ciudadanos más deben morir para que los gobernantes, a salvo de la delincuencia en sus coches blindados y rodeados de guardaespaldas, reaccionen?
Al dejar desprotegidos a los ciudadanos frente a la delincuencia, el gobierno incumple su contrato con la ciudadanía y estafa a los contribuyentes. El Estado tiene el monopolio de la violencia y, a cambio, los ciudadanos renuncian a poseer armas, pero las fuerzas de seguridad tienen la obligación de defenderlos. Son reglas básicas del Estado moderno y de la democracia. Cuando ese compromiso falla, se produce una estafa frente a la que el ciudadano ni siquiera puede reclamar.
La sociedad española, ante la osadia cada día mayor de la delincuencia, empieza a ser víctima de alarma social.
En los últimos meses han sido frecuentes los casos de tiroteos y exhibición masiva de armas en barrios marginales de España y en numerosos hogares asaltados. El de hoy en Sevilla es un caso más que demuestra algo que duele al poder pero que es una verdad irrefutable: en España, los delincuentes están armados hasta los dientes y los ciudadanos, sin armas, están indefensos y son víctimas de la dlincuencia en las calles y, últimamente, también en sus hogares, atacados fpor bandas bien entrenadas y con armas automáticas procedentes de países del Este de Europa.
La delincuencia se ha disparado en el país tras la llegada masiva de inmigrantes extranjeros. En las cárceles españolas hay ya más presos comunes extranajeros que españoles.
¿A que espera el gobierno español para ordenar a la policía que desarme a los delincuentes y que haga registros en sus barrios? ¿Cuantos ciudadanos más deben morir para que los gobernantes, a salvo de la delincuencia en sus coches blindados y rodeados de guardaespaldas, reaccionen?
Al dejar desprotegidos a los ciudadanos frente a la delincuencia, el gobierno incumple su contrato con la ciudadanía y estafa a los contribuyentes. El Estado tiene el monopolio de la violencia y, a cambio, los ciudadanos renuncian a poseer armas, pero las fuerzas de seguridad tienen la obligación de defenderlos. Son reglas básicas del Estado moderno y de la democracia. Cuando ese compromiso falla, se produce una estafa frente a la que el ciudadano ni siquiera puede reclamar.
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