El impuesto a la muerte, un sucio tributo que debe extinguirse
Luchar contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, como están haciendo, mediante protestas, manifestaciones y recogida de firmas, cientos de miles de ciudadanos en Andalucía, Asturias, Aragón y otras regiones españolas donde los políticos lo aplican provocando injusticia, dolor y ruina, no solo es un derecho democrático reconocido, sino un deber, ya que la lucha contra lo que es injusto e indecente es obligatoria para cada ciudadano en democracia.
Este derecho puede considerarse implícito en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, que en su párrafo más famoso declara:
"Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad".
El derecho a la resistencia fue incluido de forma explícita en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) de la Revolución francesa, pero se encuentra más desarrollado en los tres últimos artículos de la que se redactó nuevamente el 24 de junio de 1793:
Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre.
Artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido.
Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.
Oponerse y plantar cara a los gobiernos provoca miedo y vértigo porque la lucha se plantea contra un "monstruo" lleno de arrogancia y poder, que cuenta con policías, dinero, periodistas, jueces y mucha experiencia en el dominio y el control de las masas, pero por mucha fuerza que exhiba el poder, el pueblo es invencible cuando le acompañan dos valores: cuando tiene razón y cuando está dispuesto a cambiar y mejorar un mundo que es injusto e indecente.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es el más impopular, injusto, cruel y anticonstitucional de todos los tributos vigentes en España porque obliga al ciudadano a pagar por lo que ya ha pagado (doble imposición), porque burla sin necesidad la voluntad de los muertos y porque pulveriza el derecho de los españoles a ser iguales ante las leyes y normas, reconocido por la Constitución. Un impuesto que obliga a miles de familias a renunciar a su herencia, que arruina a otras miles cada año y que obliga a un heredero andaluz o asturiano a pagar cien veces más por su herencia que uno de Madrid y mil más que uno de Canarias es, a todas luces, un impuesto oprobioso, indecente, inmoral e injusto, que no sólo debería declararse ilegal y suprimirse, sino que debería ser merecedor de castigo para los políticos opresores e injustos que se atreven a aplicarlo.
La lucha contra este impuesto es todo un símbolo de sana y democrática rebeldía, ya que la democracia no sólo consiste en votar cada cuatro años para elegir un gobierno, sino que conlleva la vigilancia ciudadana sobre un poder político que siempre tiende a desmandarse y a crecer de manera opresiva, abusando del poder y esparciendo iniquidad. El corazón de la democracia no es el voto, sino la lucha ciudadana constante por un mundo justo y decente.
Que nadie dude que lo que hace, al oponerse a Susana, a Rajoy y a otros sátrapas por mantener vivo ese tributo discriminatorio, injusto y contrario a las leyes, es no sólo justo sino también noble y ejemplar porque representa la lucha ciudadana por un mundo mejor, libre de indecencias, injusticias y abusos.
Francisco Rubiales
Este derecho puede considerarse implícito en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, que en su párrafo más famoso declara:
"Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad".
El derecho a la resistencia fue incluido de forma explícita en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) de la Revolución francesa, pero se encuentra más desarrollado en los tres últimos artículos de la que se redactó nuevamente el 24 de junio de 1793:
Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre.
Artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido.
Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.
Oponerse y plantar cara a los gobiernos provoca miedo y vértigo porque la lucha se plantea contra un "monstruo" lleno de arrogancia y poder, que cuenta con policías, dinero, periodistas, jueces y mucha experiencia en el dominio y el control de las masas, pero por mucha fuerza que exhiba el poder, el pueblo es invencible cuando le acompañan dos valores: cuando tiene razón y cuando está dispuesto a cambiar y mejorar un mundo que es injusto e indecente.
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es el más impopular, injusto, cruel y anticonstitucional de todos los tributos vigentes en España porque obliga al ciudadano a pagar por lo que ya ha pagado (doble imposición), porque burla sin necesidad la voluntad de los muertos y porque pulveriza el derecho de los españoles a ser iguales ante las leyes y normas, reconocido por la Constitución. Un impuesto que obliga a miles de familias a renunciar a su herencia, que arruina a otras miles cada año y que obliga a un heredero andaluz o asturiano a pagar cien veces más por su herencia que uno de Madrid y mil más que uno de Canarias es, a todas luces, un impuesto oprobioso, indecente, inmoral e injusto, que no sólo debería declararse ilegal y suprimirse, sino que debería ser merecedor de castigo para los políticos opresores e injustos que se atreven a aplicarlo.
La lucha contra este impuesto es todo un símbolo de sana y democrática rebeldía, ya que la democracia no sólo consiste en votar cada cuatro años para elegir un gobierno, sino que conlleva la vigilancia ciudadana sobre un poder político que siempre tiende a desmandarse y a crecer de manera opresiva, abusando del poder y esparciendo iniquidad. El corazón de la democracia no es el voto, sino la lucha ciudadana constante por un mundo justo y decente.
Que nadie dude que lo que hace, al oponerse a Susana, a Rajoy y a otros sátrapas por mantener vivo ese tributo discriminatorio, injusto y contrario a las leyes, es no sólo justo sino también noble y ejemplar porque representa la lucha ciudadana por un mundo mejor, libre de indecencias, injusticias y abusos.
Francisco Rubiales
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