Tony Blair, al iniciar sus seis meses de mandato al frente de la Unión Europea, recomendó a los paises que la integran que se sometieran a dieta, que reduzcan el peso del sector público, que limiten los poderes desatados de sus administraciones y partidos políticos y que fortalezcan sus respectivas sociedades civiles, para recuperar el equilibrio social y lograr que los ciudadanos vuelvan a ganar protagonismo.
Esas recomendaciones, núcleo de la "receta británica" para solucionar los graves problemas de Europa, puestos sobre el tapete tras los "noes" de Francia y Holanda a la Constitución y el descubrimiento de que los gobiernos y partidos europeos están lejos de unos ciudadanos que ya no confían en sus políticos, están ganando cada día más posiciones y adeptos en Europa, excepto en España, donde los políticos reman en sentido contrario.
Los amigos y asesores más próximos al "premier" británico Tony Blair citan a España como el ejemplo más evidente de lo que no debe hacerse en una sociedad moderna: partidos políticos que ocupan la sociedad civil, un Estado que engorda sin parar hasta convertirse en adiposo, de movimientos lentos y de una salud enfermiza que los ciudadanos perciben como ineficacia y desmesurado poder de lo público.
A juzgar por lo que se observa, es posible afirmar que los asesores de Blair tienen razón y que España posee actualmente el record europeo de crecimiento ultrarápìdo y desmesurado del Estado, que ha pasado en poco más de dos décadas de la anorexia franquista, cuya administración era extremadamente austera, a la obesidad mórbida de la actual democracia, que ha multiplicado más de cien veces sus efectivos y ha permitido a sus dirigentes políticos crear pequeñas cortes autonómicas, provinciales y locales que duplican y hasta triplican a la ya bien nutrida administración central, plagadas de funcionarios y cortesanos (asesores, gualdaespaldas, periodistas, analistas, informáticos, documentalistas, expertos, sociólogos, economistas, chóferes, secretarias y miles de cargos de libre designación) en los 17 gobiernos autónomos, parlamentos, diputaciones, delegaciones, autonomías, consejerías, delegaciones, diputaciones, municipios y en miles de instituciones, organismos y empresas públicas.
De hecho, el nuevo presupuesto europeo, en el que, según Blair, España es la que más pierde con la ampliación a 25, significa una "dieta" obligatoria para España, impuesta por los europeos. Los expertos de Bruselas también creen que España, en esta nueva etapa que inicia, con menos fondos de ayuda, no podrá mantener su "gordura" estatal sin subir sensiblemente los impuestos, una medida impopular y contraria a las corrientes de la economía mundial.
La "receta británica", acogida con esperanza en una Europa económica y políticamente estancada, no sólo recomienda adelgazar a los Estados, sino también que se olviden de las subvenciones improductivas en sectores como el agrícola, que nunca será rentable, y que concentren el esfuerzo en las inversiones que crean competitividad y riqueza, sobre todo en la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
Esas recomendaciones, núcleo de la "receta británica" para solucionar los graves problemas de Europa, puestos sobre el tapete tras los "noes" de Francia y Holanda a la Constitución y el descubrimiento de que los gobiernos y partidos europeos están lejos de unos ciudadanos que ya no confían en sus políticos, están ganando cada día más posiciones y adeptos en Europa, excepto en España, donde los políticos reman en sentido contrario.
Los amigos y asesores más próximos al "premier" británico Tony Blair citan a España como el ejemplo más evidente de lo que no debe hacerse en una sociedad moderna: partidos políticos que ocupan la sociedad civil, un Estado que engorda sin parar hasta convertirse en adiposo, de movimientos lentos y de una salud enfermiza que los ciudadanos perciben como ineficacia y desmesurado poder de lo público.
A juzgar por lo que se observa, es posible afirmar que los asesores de Blair tienen razón y que España posee actualmente el record europeo de crecimiento ultrarápìdo y desmesurado del Estado, que ha pasado en poco más de dos décadas de la anorexia franquista, cuya administración era extremadamente austera, a la obesidad mórbida de la actual democracia, que ha multiplicado más de cien veces sus efectivos y ha permitido a sus dirigentes políticos crear pequeñas cortes autonómicas, provinciales y locales que duplican y hasta triplican a la ya bien nutrida administración central, plagadas de funcionarios y cortesanos (asesores, gualdaespaldas, periodistas, analistas, informáticos, documentalistas, expertos, sociólogos, economistas, chóferes, secretarias y miles de cargos de libre designación) en los 17 gobiernos autónomos, parlamentos, diputaciones, delegaciones, autonomías, consejerías, delegaciones, diputaciones, municipios y en miles de instituciones, organismos y empresas públicas.
De hecho, el nuevo presupuesto europeo, en el que, según Blair, España es la que más pierde con la ampliación a 25, significa una "dieta" obligatoria para España, impuesta por los europeos. Los expertos de Bruselas también creen que España, en esta nueva etapa que inicia, con menos fondos de ayuda, no podrá mantener su "gordura" estatal sin subir sensiblemente los impuestos, una medida impopular y contraria a las corrientes de la economía mundial.
La "receta británica", acogida con esperanza en una Europa económica y políticamente estancada, no sólo recomienda adelgazar a los Estados, sino también que se olviden de las subvenciones improductivas en sectores como el agrícola, que nunca será rentable, y que concentren el esfuerzo en las inversiones que crean competitividad y riqueza, sobre todo en la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
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