El gobierno español guarda un antidemocrático silencio ante la oleada de extorsión de ETA denunciada por los empresarios vascos y navarros, que están recibiendo masivamente cartas de la banda terrorista exigiéndoles dinero.
El gobierno y, concretamente, el Ministerio del Interior guardan un silencio que es intolerable en democracia porque su deber ineludible es defender a los empresarios acosados por ETA y desarrollar su acción de gobierno dentro de la transparencia informativa que obliga al sector público.
Los empresarios se sienten solos y no entienden por qué razón el gobierno no cumple con su deber de defenderlos y garantizar su seguridad, uno de los compromisos fundamentales del poder democrático ante sus ciudadanos soberanos.
ETA no ha dejado de enviar cartas de chantaje a los empresarios durante los últimos meses, ni siquiera durante la tregua, a pesar de que el gobierno lo negara al principio y lo silencie ahora.
El gobierno y, concretamente, el Ministerio del Interior guardan un silencio que es intolerable en democracia porque su deber ineludible es defender a los empresarios acosados por ETA y desarrollar su acción de gobierno dentro de la transparencia informativa que obliga al sector público.
Los empresarios se sienten solos y no entienden por qué razón el gobierno no cumple con su deber de defenderlos y garantizar su seguridad, uno de los compromisos fundamentales del poder democrático ante sus ciudadanos soberanos.
ETA no ha dejado de enviar cartas de chantaje a los empresarios durante los últimos meses, ni siquiera durante la tregua, a pesar de que el gobierno lo negara al principio y lo silencie ahora.