Mientras el “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo” del Despotismo Ilustrado francés, era barrido por la propia Revolución de 1.789, la Ilustración inglesa consolida su régimen parlamentario, según el cual “El
Rey reina, pero no gobierna” quizás convergiendo con la teoría de separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, propugnada por Montesquieu.
En España “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, según dice el punto 3º del artículo 1, del Título Preliminar de nuestra Constitución. El Rey está obligado en todo caso a sancionar y promulgar las leyes aprobadas por el Parlamento, sin poder deliberar ni decidir.
Incluso la Reina, cuando se permitió opinar públicamente diciendo que no estaba de acuerdo en que se considerase matrimonio al reconocido por la Ley de Matrimonios Homosexuales aprobada en la pasada legislatura por el Parlamento, fue fuertemente contestada “hasta por el gato”… o sea, por Llamazares, que
haciendo gala de su amplia representación parlamentaria (es decir, de sí mismo), se dirige a la Reina en estos términos: “Por el bien de la institución, debe guardarse sus opiniones, sobre todo si son polémicas y afectan a otro poder del Estado como es el Parlamento”.
Otros, que se consideran afectados, también dan una muestra del respeto que tienen a la institución. Es el caso de Antonio Poveda que se dirige a la Reina diciendo que “Muchas madres de gays y lesbianas se van a preguntar por qué la Reina entiende que el Príncipe se case con una mujer divorciada, pero no puede entender que otras madres quieran la felicidad y el matrimonio para sus hijos, independientemente de con quién se casen".
Sin embargo, la mayoría (75% según El Barómetro de ese mismo fin de semana en una cadena tan poco sospechosa de desear un dato así como la Sexta) se mostraba partidaria de que los monarcas pudieran expresar libremente sus opiniones sobre temas de actualidad.
Pero al margen de opiniones personales, el absentismo de la Monarquía como institución en cuestiones nacionales críticas, su insistencia en no definirse en temas cruciales, ni tan siquiera en la defensa de España, hace que no pocos nos replanteemos si el crédito ganado en el infausto día del 23-F de 1.981 es inagotable.
El balance hasta ahora es penoso… hemos pasado por muchos momentos especiales, y el Rey, salvo gestos aislados, tendríamos que concluir que ha tenido muchos más “malos días” que “días buenos”.
Y es cierto que el Rey está obligado por la Constitución y que sus actos de sanción o promulgación no son sino un acto debido, sin que la discrepancia del Rey con el texto pueda ir más allá de su propia conciencia.
Pero, justamente ésa es la cuestión… su propia conciencia.
La verdad no es sino conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Distinto de la coherencia, que sería mantener una actitud consecuente con las posiciones anteriores.
Una ocasión más para nuestro monarca, que barrunto será contestada con un estruendoso silencio, tan sólo comparable, en su magnitud, al clamor de la ciudadanía resistente.
Albatros
Rey reina, pero no gobierna” quizás convergiendo con la teoría de separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, propugnada por Montesquieu.
En España “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, según dice el punto 3º del artículo 1, del Título Preliminar de nuestra Constitución. El Rey está obligado en todo caso a sancionar y promulgar las leyes aprobadas por el Parlamento, sin poder deliberar ni decidir.
Incluso la Reina, cuando se permitió opinar públicamente diciendo que no estaba de acuerdo en que se considerase matrimonio al reconocido por la Ley de Matrimonios Homosexuales aprobada en la pasada legislatura por el Parlamento, fue fuertemente contestada “hasta por el gato”… o sea, por Llamazares, que
haciendo gala de su amplia representación parlamentaria (es decir, de sí mismo), se dirige a la Reina en estos términos: “Por el bien de la institución, debe guardarse sus opiniones, sobre todo si son polémicas y afectan a otro poder del Estado como es el Parlamento”.
Otros, que se consideran afectados, también dan una muestra del respeto que tienen a la institución. Es el caso de Antonio Poveda que se dirige a la Reina diciendo que “Muchas madres de gays y lesbianas se van a preguntar por qué la Reina entiende que el Príncipe se case con una mujer divorciada, pero no puede entender que otras madres quieran la felicidad y el matrimonio para sus hijos, independientemente de con quién se casen".
Sin embargo, la mayoría (75% según El Barómetro de ese mismo fin de semana en una cadena tan poco sospechosa de desear un dato así como la Sexta) se mostraba partidaria de que los monarcas pudieran expresar libremente sus opiniones sobre temas de actualidad.
Pero al margen de opiniones personales, el absentismo de la Monarquía como institución en cuestiones nacionales críticas, su insistencia en no definirse en temas cruciales, ni tan siquiera en la defensa de España, hace que no pocos nos replanteemos si el crédito ganado en el infausto día del 23-F de 1.981 es inagotable.
El balance hasta ahora es penoso… hemos pasado por muchos momentos especiales, y el Rey, salvo gestos aislados, tendríamos que concluir que ha tenido muchos más “malos días” que “días buenos”.
Y es cierto que el Rey está obligado por la Constitución y que sus actos de sanción o promulgación no son sino un acto debido, sin que la discrepancia del Rey con el texto pueda ir más allá de su propia conciencia.
Pero, justamente ésa es la cuestión… su propia conciencia.
La verdad no es sino conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Distinto de la coherencia, que sería mantener una actitud consecuente con las posiciones anteriores.
Una ocasión más para nuestro monarca, que barrunto será contestada con un estruendoso silencio, tan sólo comparable, en su magnitud, al clamor de la ciudadanía resistente.
Albatros
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