Pobre España, víctima de sus políticos

a) Condiciones:

Condiciones para que exista democracia:

1.- Separación, independencia y vigilancia mutua de los tres poderes.
2.- Representatividad efectiva de los ciudadanos en las instituciones del gobierno democrático.

Basta con que una de esas condiciones no se dé para que la otra deje de tener sentido.

La pregunta es: ¿se cumplen tales condiciones en España?

1.- Con respecto a la primera habrá quien asegure que sí, que, por supuesto, hay una separación formal que viene recogida en nuestra Constitución. Si es así: ¿hay entonces independencia entre los poderes?, ¿hay vigilancia recíproca? ¿Quién propone en realidad las leyes? ¿Con qué libertad se votan? ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado? ¿Quiénes hay detrás de los miembros del Consejo General del Poder Judicial?, y, sobre todo, ¿por qué, en el lugar de los representantes del Legislativo que es el Congreso, hay unos bancos azules donde se sienta el poder Ejecutivo en pleno?

2.- Con respecto a la segunda condición, a buen seguro que se afirmará: existe representatividad, de hecho las dos cámaras son un ejemplo de representatividad, y los partidos políticos también. Entonces: ¿están ustedes seguros de que cualquiera de los nombres que aparecen en las listas electorales de los partidos les representa? ¿Los han puesto ustedes allí? ¿Tienen que ver con ustedes, con sus intereses? ¿Saben a lo que se dedicaban antes de entrar en la política? ¿Saben qué proponen? ¿Saben si están capacitados para el cargo? Y una vez que pasan al Congreso, ¿son ustedes a los que se deben? ¿Siguen dependiendo de ustedes?


b) Realidades:

1.- En España hay una separación teórica -sobre el papel, en el folklore democrático de los partidos, de los dueños de la opinión pública y de los libros de texto- del poder legislativo, ejecutivo y judicial, pero no existe independencia entre ellos, ni, por lo tanto, vigilancia mutua porque no se eligen directamente por separado.

2.- Los partidos políticos no representan a los ciudadanos porque éstos no votan “al representante” sino una lista que los propios partidos proponen. Ocurre así que, por ejemplo, por la circunscripción electoral de Murcia se postule, para unas Elecciones Generales, un señor de Bilbao, Cáceres o Santa Cruz de Tenerife, al que ningún habitante de la Región tiene el gusto de conocer. Luego, en el Congreso, a pesar de haber sido votado por los ciudadanos, éstos no tienen ningún control sobre él.


c) Soluciones:

1.- Para que haya independencia -y, por consiguiente, separación efectiva- entre los tres poderes, éstos deben ser elegidos por separado. El poder legislativo ha de tener unas elecciones propias. El poder ejecutivo ha de tener unas elecciones propias. El poder judicial ha de tener unas elecciones propias. Los dos primeros serían elegidos por sufragio universal; el último por los miembros y trabajadores de la judicatura, puesto que no es necesario que sea representativo de los ciudadanos. El poder judicial es el garante de la ley y, como muy bien supo ver Tocqueville, el parapeto esencial contra la tiranía de la mayoría.

2.- Para que exista representación de los ciudadanos, éstos deben poder elegir a sus representantes libremente, y la única manera de hacerlo sería en circunscripciones electorales unipersonales mediante elecciones a doble vuelta. Una vez que el elegido pasara al Congreso, sus electores podrían hacer uso del mandato imperativo -negado explícitamente en nuestra Constitución- con el que se revocaría el nombramiento del diputado si éste no cumple con sus obligaciones. Obviamente, al ser circunscripción unipersonal -sólo puede salir un candidato por circunscripción- las listas de partido -abiertas o cerradas- no existirían, lo cual garantizaría la libertad del voto del ciudadano. El elegido representaría en la Cámara única y exclusivamente a los electores de su circunscripción, pesando en sus decisiones más éstos y su propia conciencia que la disciplina del partido al que perteneciese. Así pues, la representación no sería proporcional y no se cometería -como ahora se comete- la injusticia basada en que unos centenares de miles tienen el mismo -o más- poder que un millón de votantes.


d) Aplicaciones:

1.- Como ya he explicado, resulta lógico que, para que para que el poder ejecutivo y el poder legislativo estén efectivamente separados y sean independientes, han de celebrar elecciones distintas. Esto sólo se concibe en un régimen presidencialista, donde el poder ejecutivo recae en el presidente y no en un primer ministro o en un canciller. La manera de elegir estos dos poderes me lleva al siguiente apartado, al de la representatividad.

2.- El poder legislativo recae en el Congreso, cuyos miembros han de ser representantes legítimos de los electores, por eso es tan importante que la representatividad no sea una ficción. La única manera de conseguirlo es mediante circunscripciones electorales unipersonales, donde los candidatos sean elegidos a doble vuelta. Las circunscripciones han de ser representativas de la nación y debe operar en ellas el principio de igualdad, así pues tendrían el mismo número de ciudadanos. No sería necesaria la actual Cámara del Senado.

España estaría dividida en, más o menos, cuatrocientas circunscripciones -de cien mil o ciento veinticinco mil habitantes cada una- de las que tendría que salir sólo un representante. Esto se consigue con dos vueltas en las votaciones: en la primera se presentan todos los candidatos -representante de partidos políticos e independientes- que lo crean necesario; en la segunda -si no hay mayoría absoluta-, sólo los dos que hayan acaparado el mayor número de votos, permitiendo que los perdedores se sumen, si lo desean, a alguna de las opciones en liza. El elegido, finalmente, pasa al Congreso, pero se ve obligado a continuar representando a sus electores y a su circunscripción ya que el mandato imperativo de aquéllos así lo dicta, por lo que no está sujeto a la disciplina de voto de su partido. La manera de regular el mandato imperativo es difícil pero no imposible: bien por medio de funcionarios neutrales que recogieran las denuncias de los electores, bien mediante uno de los juzgados de cada circunscripción, bien con una especie de “oficina del candidato”… Por otro lado, para que no sólo fuese efectivo sino riguroso y no entorpecedor de la normalidad democrática, el mandato imperativo tendría que llevarse a la práctica a partir de cuestiones muy concretas que afectasen a la deontología política y a la coherencia del programa del candidato. El Congreso -única cámara, insisto, que existiría-, con sus cuatrocientos diputados, legislaría con el beneplácito “directo” del pueblo, que, forzosamente cercano a sus representantes, habría de recuperar las amplias avenidas de la libertad política.

Cada cuatro años se celebrarían elecciones a la presidencia del Estado, para lo cual la única circunscripción sería la totalidad del territorio nacional, haciendo posible así el famoso adagio “un hombre, un voto”. Claro está, el sistema tendría que ser también a doble vuelta, como en Francia.


e) Beneficios:

1.- La independencia de los poderes evita males evidentes que ya estamos experimentando y motiva beneficios incuestionables; entre ellos, el más deseado por una democracia es el de la inteligencia de las instituciones políticas. Un ejemplo: imaginemos que el presidente y la mayoría de la Asamblea son de diferentes tendencias ideológicas; bien puede ocurrir que la mayoría de las leyes aprobadas en la cámara vayan en contra del programa de gobierno del ejecutivo; ¿qué ocurriría?: o que el presidente dimitiera, para lo que se debería disolver el legislativo y convocar nuevas elecciones -como jefe del ejecutivo tendría esa potestad-, o que la cámara presentase una moción de censura, para lo que también habría de disolverse el Parlamento. Que los dos caminos posean el mismo fin es una garantía de independencia, pero también del juego al que un poder y otro se verían abocados: la Política -pero, ojo, Política con mayúscula-. El poder ejecutivo debería considerar muy bien sus acciones si quiere cierta estabilidad y no podría zafarse de la vigilancia del legislativo; éste, a su vez, moderaría su superioridad representativa para no aparecer ante su electorado como un obstáculo para el país, por lo que se prestaría a una doble fiscalización. Ambos poderes, en definitiva, estarían obligados a la lucha, al pacto, a la estrategia y a la inteligencia; no haría falta consenso, pues éste sugiere y demuestra una complicidad tiránica que sólo tiene en cuenta los intereses de los partidos.

2.- Los beneficios de la representatividad real de los ciudadanos exceden lo meramente teórico en el discurso de la democracia. El más importante, a primera vista, sería el fin del sistema proporcional actual y, por consiguiente, la estricta igualdad que imperaría entre los representantes; esto presupone, además, que los intereses territoriales de tintes nacionalistas quedarían relegados a un segundo plano porque primarían tan sólo los cien mil representados de cada circunscripción. Consecuentemente, la ficticia división territorial actual que “pretende ser generosa con la Historia”, quedaría articulada administrativamente a partir de los ayuntamientos, mucho más cercanos e identificables. Asimismo el final de esas Autonomías consideradas como semi-estados con competencias de Estado desembocaría en un nuevo centralismo nacional -es decir, igualdad y lealtad territorial-, pero, a la vez, se fluctuaría hacia una descentralización administrativa con los municipios como eje fundamental.

¿Qué ocurriría con los partidos nacionalistas? Indudablemente, seguirían existiendo pero ya no tendrían más poder que el que le otorgasen sus votantes, y, además, en igualdad de condiciones con los otros miembros del Congreso. Su capacidad de decisión a nivel nacional -español- sería prácticamente nula, por lo que desaparecerían o, simplemente, se subirían al carro ganador. No haría falta prohibir ningún HB, PCTV o ANV, algo, por otro lado, que sólo cabe en una partitocracia como la que sufrimos.

Por último, al ser elección del presidente por sufragio universal en una única circunscripción -todo el territorio del estado-, su figura emergería como símbolo de la nación y como garante de su indivisibilidad. Los nacionalismos periféricos, el tan cacareado derecho de autodeterminación -romanticismo retomado y reconvertido por los totalitarismos del siglo XX, que consideraban la nación como un sentimiento y no como algo objetivo y dado por la Historia- o el federalismo -inútil concepto en una España donde nunca ha habido estados independientes que se quisieran “federar”-, tendrían que replegarse ante la auténtica democracia.


f) Matizaciones; reiteraciones:

f.1) La democracia es una forma de gobierno, nunca una forma de Estado.

f.2) Como forma de gobierno, la democracia se basa en la toma de decisiones colectivas partiendo de dos premisas o deslindes importantes: derechos y libertades individuales, y principios de participación e igualdad política.

f.3) El poder Legislativo debe ser representativo de los ciudadanos. En agrupaciones simples y poco numerosas, lo que se conoce como democracia directa es posible e incluso deseable -Tocqueville describe muy bien cómo a principios del siglo XIX, los municipios más pequeños de los Estados de la Unión norteamericana se regían sin referéndum de ningún tipo, ya que sus habitantes se turnaban religiosamente cada año en los puestos de responsabilidad y de gobierno-; en agrupaciones amplias, de miles, de millones de personas, sólo el sistema representativo es capaz de conjugar operatividad y libertad política -ya se sabe, aquello de que todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar, en igualdad, en los procesos decisorios-. Una Asamblea en la que cada uno de sus miembros represente al mismo número de personas es el método más preciso de hacer factible la igualdad política.

f.4) En la toma de decisiones colectivas, la mayoría siempre prevalece. Cuando cinco personas quieren decidir qué van a hacer una noche, resulta obvio que, tras la presentación y discusión de las diferentes alternativas, los cinco habrán de someterse a lo que la mayoría prefiera: Pepe, Pepa y Juan quieren ir a cenar a un restaurante chino, Juana y José a una pizzería; los cinco son amigos respetuosos, buenos chicos; ¿acaso los dos últimos no habrán de resignarse a comer arroz tres delicias?; y, lo que es más importante, ¿no quedaría descartada, por absurda, la posibilidad de que primero fueran a un chino e inmediatamente después a la pizzería? Esta lógica es la que se aplica, o se debería aplicar, a cualquier sistema democrático. La opción mayoritaria debe prevalecer porque se trata de elegir, entre varias opciones, una sola. ¿En qué queda el sentido de “elección” cuando se integra también a las opciones minoritarias? Por eso las circunscripciones electorales deben ser unipersonales a doble vuelta.

f.5) El sentido común, si partimos de las premisas antes señaladas, nos dicta, por tanto, que, para que haya representatividad política, el vínculo entre elegido y electores no se debe romper jamás. El mandato imperativo se erige así como salvaguarda de ese vínculo. Nuestra Carta se carga expresamente dicha posibilidad, guiada quizá por la maquiavélica idea -ya esbozada por sir Edmund Burke en el siglo XVIII en su carta a los ciudadanos de Bristol- de que los diputados dejan de representar a sus electores cuando llegan a la Asamblea y pasan a representar a la Nación. ¿Habrá idea más difusa? La representación ha de ser factible, identificable o no será. Con mecanismos legales estrictos y precisos que regulen el mandato imperativo se ofrece la posibilidad de que la decisión del elector no acabe cuando concluye la jornada electoral. Si bien existiría cierto peligro de atomización, de dominación implícita de la opinión pública, de manipulación, de demagogia e incluso de obstrucción de temas importantes para el país, hemos de tener en cuenta que todo sistema organizativo conlleva sus peligros, pero que no todos son capaces de solventarlos. El cacique de turno que salga elegido en un sistema representativo, siempre tendrá que currarse su demagogia -por decirlo de algún modo-, porque, en última instancia, sabe que él no controla su destino político; el cacique de turno que salga elegido en un sistema proporcional como el que tenemos, de listas -abiertas o cerradas, es lo mismo- de candidatos elaboradas por los propios partidos políticos, no está sujeto a nada ni a nadie, hará y deshará a su antojo, se perpetuará en el poder con la propia muerte o el flagrantísimo delito penal como únicas cortapisas.


f.6) Fin de la financiación pública de los partidos políticos. La financiación privada se admitiría siempre y cuando no hubiese donaciones anónimas.

f.7) Fin de las autonomías consideradas como entes que asumen competencias administrativas. Quizá las actuales sobrevivirían como factores de identificación sentimental y, sobre todo, como territorios judiciales. No sería necesario tampoco acabar con los legislativos autonómicos. Los Parlamentos regionales podrían seguir existiendo como órganos representativos de los ciudadanos. Lo verdaderamente esencial de la cuestión es que carecerían de las siguientes competencias fundamentales: fiscalidad, educación, sanidad, fuerzas del orden y justicia.

f.8) Dichas competencias volverían a centralizarse, otras pasarían directamente a los Ayuntamientos. Éstos deben erigirse como símbolos de una nueva descentralización administrativa.

f.9) El sistema electoral municipal sería el mismo. Los municipios, divididos en circunscripciones electorales unipersonales a doble vuelta tendrían que elegir a los concejales. En otra votación, con circunscripción única esta vez, al alcalde.

f.10) El poder judicial no tiene por qué ser representativo del pueblo, por lo que el sufragio para su elección bien puede ser restringido.

f.11) Esto no es la típica utopía. La utopía es un arma que el poder esgrime contra la libertad del individuo. La utopía nace con el sello de lo imposible. Luego cualquier utopía es conservadora. En política no hay frase más facciosa que la que sigue: “sed sensatos, pedid lo imposible”. Esto no es una utopía, insisto, sino un sensato avance hacia algo mejor que lo que tenemos. No es utopía sino “sentido común”. Ninguna de las medidas propuestas atenta contra alguna ideología que se defina como democrática; ninguna de las medidas propuestas es irrealizable porque ni aspiran a la perfección ni parten de una ideología determinada ni es corporativa. Este sistema no evitará la corrupción, pero tampoco la propiciará; no evitará veleidades despóticas de sus agentes, pero tampoco las blindará; no evitará la inestabilidad, pero tampoco hará uso interesado de ella. Su bondad es el equilibrio de fuerzas, la inteligencia de sus instituciones. Su bondad es la libertad política.

f.12) El único régimen capaz de realizar y salvaguardar este sistema es, claro está, la República Constitucional.

Saludos.

A.

El 90% de los vascos son buena gente. Y la gran mayoria de los españoles viven engañados por los líderes del PNV y EB. Nos hacen creer que odian a España.... mentira. se odian entre ellos y si alcanzan la independencia de mataran entre llos. Los bilbainos del Sistema, se forraron a la sombra de las grandes empresas estatales en el franquismo. Los guipuzcoanos son laboriosos, hijos y nietos de tornero y a los señoritos de achuri y neguri, los odian. (origen de la escision de carlos garaikoechea y ahora de josu j. imaz.).
Los alaveses desde el carlismo se han llevado mal con bilbao. Para adoctrinarlos llevaron alli en gobierno vasco. etc.etc.et. es solo algunos datos. Es como las familias conflictivas, solo se llevan bien y crean un enemigo fuera. Igual que en las izquierdas, no hay una sino, mil, en los aberchales cada uno es un reino de taifas y de Judas...