El atunero de Bermeo "Alakrana", ha sido secuestrado por piratas en aguas internacionales del Océano Índico, a 350 millas de la costa de Somalia. La fragata Canarias y al avión de combate especializado en patrulla marítima, P3 Orión, han marchado inmediatamente hacia la zona.
Aquí, con un Gobierno imberbe e inconsistente, adornado de niñas y niñitas, cuyo único bagaje y mérito consiste en ser militantes del postsocialista partido de ZP, nos secuestran barcos impunemente y hasta los calzones si quieren, porque no tenemos respeto ni autoridad dentro ni fuera; estas son notas que hay que ejercerlas y ganárselas. Y mal se consiguen y se exhiben, cuando es el Gobierno Español el que vino a pedir a los pescadores, hace un mes, que redujeran la zona, donde faenan; cuando es la Vice De la Vega la que sale ayer a decir que el secuestro y los asaltos de piratas "forman parte" del oficio atunero; y, cuando es la ministra Chacón la que va y advierte a los armadores que surcan las aguas de Somalia que reduzcan el perímetro de pesca y que se doten de seguridad privada, denegándoles la protección militar solicitada, porque no la cree legal, y porque el Estado Mayor de la Defensa dice que operativamente no es posible". Su única visión del asunto es el pago y la liberación, según adujo: "Nuestra prioridad es que cuanto antes los tripulantes sean liberados sanos y salvos", que está bien, pero después de mostrar el Derecho y el Poder de España.
El Gobierno y el Presidente de una nación, según el Derecho Nacional, tienen el deber de defender a sus ciudadanos de todo peligro y ataque en su territorio, que es también una nave con pabellón nacional, aunque el ministro de Fomento, J. Blanco, diga que el ordenamiento jurídico español «no lo permite»; dichos y posturas como estos sólo favorecen a los piratas que observan la debilidad e irresolución de estos gobernantes. Es absolutamente lógico, justo y necesario, ante el riesgo de nuestros marineros, ponerles la defensa del Ejército o la Guardia Civil, que es su función. El Ministerio de Defensa Español denegó el pasado Septiembre la petición de los atuneros de contar con presencia militar ante el incremento de la inseguridad en el Índico, porque "no lo permite el "ordenamiento", ese "ordenamiento" es el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que recoge los "tipos de operaciones" en los que pueden participar las Fuerzas Armadas, tanto en territorio nacional como en el exterior, de "prevención de conflictos o disuasión, de mantenimiento de la paz, actuaciones en situaciones de crisis y, en su caso, de respuesta a la agresión"; "hay antecedentes en los que se han cambiado las cosas, como con la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la que los militares se han puesto al servicio de los cuerpos forestales".
No hay que «echarle la culpa a los atuneros», sino embarcar bien armados unos infantes de marina, como autorizan las Convenciones de la ONU y las Leyes Internacionales. En todo caso, en lugar de contar «falacias y mentiras», siéntense y esfuércense en corregir y adaptar el tal ordenamiento jurídico, para dotar a los pesqueros españoles de militares que disuadan y ahuyenten la piratería.
C. Mudarra
Aquí, con un Gobierno imberbe e inconsistente, adornado de niñas y niñitas, cuyo único bagaje y mérito consiste en ser militantes del postsocialista partido de ZP, nos secuestran barcos impunemente y hasta los calzones si quieren, porque no tenemos respeto ni autoridad dentro ni fuera; estas son notas que hay que ejercerlas y ganárselas. Y mal se consiguen y se exhiben, cuando es el Gobierno Español el que vino a pedir a los pescadores, hace un mes, que redujeran la zona, donde faenan; cuando es la Vice De la Vega la que sale ayer a decir que el secuestro y los asaltos de piratas "forman parte" del oficio atunero; y, cuando es la ministra Chacón la que va y advierte a los armadores que surcan las aguas de Somalia que reduzcan el perímetro de pesca y que se doten de seguridad privada, denegándoles la protección militar solicitada, porque no la cree legal, y porque el Estado Mayor de la Defensa dice que operativamente no es posible". Su única visión del asunto es el pago y la liberación, según adujo: "Nuestra prioridad es que cuanto antes los tripulantes sean liberados sanos y salvos", que está bien, pero después de mostrar el Derecho y el Poder de España.
El Gobierno y el Presidente de una nación, según el Derecho Nacional, tienen el deber de defender a sus ciudadanos de todo peligro y ataque en su territorio, que es también una nave con pabellón nacional, aunque el ministro de Fomento, J. Blanco, diga que el ordenamiento jurídico español «no lo permite»; dichos y posturas como estos sólo favorecen a los piratas que observan la debilidad e irresolución de estos gobernantes. Es absolutamente lógico, justo y necesario, ante el riesgo de nuestros marineros, ponerles la defensa del Ejército o la Guardia Civil, que es su función. El Ministerio de Defensa Español denegó el pasado Septiembre la petición de los atuneros de contar con presencia militar ante el incremento de la inseguridad en el Índico, porque "no lo permite el "ordenamiento", ese "ordenamiento" es el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que recoge los "tipos de operaciones" en los que pueden participar las Fuerzas Armadas, tanto en territorio nacional como en el exterior, de "prevención de conflictos o disuasión, de mantenimiento de la paz, actuaciones en situaciones de crisis y, en su caso, de respuesta a la agresión"; "hay antecedentes en los que se han cambiado las cosas, como con la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la que los militares se han puesto al servicio de los cuerpos forestales".
No hay que «echarle la culpa a los atuneros», sino embarcar bien armados unos infantes de marina, como autorizan las Convenciones de la ONU y las Leyes Internacionales. En todo caso, en lugar de contar «falacias y mentiras», siéntense y esfuércense en corregir y adaptar el tal ordenamiento jurídico, para dotar a los pesqueros españoles de militares que disuadan y ahuyenten la piratería.
C. Mudarra
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