El presidente de la Generalidad Catalana, José Montilla, se ha rebelado contra el Tribunal Constitucional y afirma que la próxima sentencia sobre el Estatuto de Cataluña que emita dicho tribunal no deben cumplirse. Ese acontecimiento luctuoso para la democracia, unido a otro que coincide en el tiempo, el de unos policías catalanes (mossos d'esquadra) condenados a pagar sólo 600 euros de multa por haber apaleado brutalmente a un detenido, son pruebas irrefutables del enorme déficit democrático que convierte a Cataluña en una comunidad española infectada por el autoritarismo antidemocrático.
El "president" de los catalanes consideró «inimaginable y peligroso» que se produjera una involución en el sistema, y sostuvo que una ley orgánica de las características del Estatut no debería verse afectada por parte de un tribunal, ya que es fruto de un pacto entre dos parlamentos (el catalán y las Cortes) y, además, ha sido ratificado por el pueblo catalán en referendo.
Esa postura, además de negar la Constitución Española y el papel de la Justicia en democracia, es antidemocrática porque elimina el papel de la Justicia como máxima instancia en leyes y como freno de los posibles abusos de los demás poderes del estado. Llevada a la práctica, si un parlamento decide matar a los judios y esa política es ratificada por referendum, el exterminio sería "legal", toda una aberración nacida de la mente de un personaje democráticamente peligroso, al que el pueblo catalán tolera como líder.
El otro acontecimiento que refleja el creciente déficit democrático de Cataluña es la exoneración por parte de la Audiencia, a los policías catalanes que redujeron por la fuerza a un detenido, a los que exculpa de torturas, delito contra la integridad moral y falsificación en documento oficial. Los Mossos d’Esquadra que emplearon la fuerza para reducir a un detenido y cuyas grabaciones subrepticias provocaron una ardua polémica han sido absueltos por la Audiencia de Barcelona de estos delitos, aunque cuatro de ellos son condenados por lesiones: 10 euros de multa por día durante dos meses (es decir, 600 euros) y una indemnización de 1.610 euros por perjuicios al detenido, Rubén Pérez.
Pulse aquí si desea ver el video que muestra la oscura represión, que para muchos analistas y expertos es simplemente violencia policíal en estado puro o tortura.
El "president" de los catalanes consideró «inimaginable y peligroso» que se produjera una involución en el sistema, y sostuvo que una ley orgánica de las características del Estatut no debería verse afectada por parte de un tribunal, ya que es fruto de un pacto entre dos parlamentos (el catalán y las Cortes) y, además, ha sido ratificado por el pueblo catalán en referendo.
Esa postura, además de negar la Constitución Española y el papel de la Justicia en democracia, es antidemocrática porque elimina el papel de la Justicia como máxima instancia en leyes y como freno de los posibles abusos de los demás poderes del estado. Llevada a la práctica, si un parlamento decide matar a los judios y esa política es ratificada por referendum, el exterminio sería "legal", toda una aberración nacida de la mente de un personaje democráticamente peligroso, al que el pueblo catalán tolera como líder.
El otro acontecimiento que refleja el creciente déficit democrático de Cataluña es la exoneración por parte de la Audiencia, a los policías catalanes que redujeron por la fuerza a un detenido, a los que exculpa de torturas, delito contra la integridad moral y falsificación en documento oficial. Los Mossos d’Esquadra que emplearon la fuerza para reducir a un detenido y cuyas grabaciones subrepticias provocaron una ardua polémica han sido absueltos por la Audiencia de Barcelona de estos delitos, aunque cuatro de ellos son condenados por lesiones: 10 euros de multa por día durante dos meses (es decir, 600 euros) y una indemnización de 1.610 euros por perjuicios al detenido, Rubén Pérez.
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