Ciertas sentencias judiciales llevan un patente tufillo partidista. El ciudadano, que no es tonto, auque algunos lo crean, observa atónito que le sustraen la democracia, de la que sólo le dejan ejercer su voto, porque lo necesitan. De aquello, de la separación de los tres poderes, los políticos se van olvidando con tesón y, sigilosamente, los van mermando y solapando bajo las mangas del poder
La Sra. López, inspectora de Policía y perito del informe sobre el caso del ácido bórico afirma que “la obsesión de Garzón era la palabra ETA”. Imputada por Garzón y exonerada por otra juez, hablando de su experiencia judicial, expresa con amargura que “se sintió detenida e incomunicada; llegamos como testigos y salimos como falsificadores de nuestro propio informe”. Isabel López, que tiene miedo a sufrir represalias en su trabajo, firmó, con otros dos peritos de la Policía Científica, el informe que relacionaba el 11-M con ETA, una hipótesis que sus superiores mutilaron tras conminarlos, sin éxito, a retirarla. Oída su declaración, el juez Garzón le imputó, junto a sus compañeros, un delito de falsedad documental; no obstante, después, otra juez, que mantuvo con Garzón una disputa jurídica por la competencia del asunto, les ha retirado la imputación. López dice que, ante el juez Garzón, “envalentonado y atosigante”, hubo de explicar varias veces las circunstancias del documento que relacionaba el 11-M con ETA y que la información había salido del disquete que se mantenía en el laboratorio, y el haciéndose de nuevas, no entendía o no quería entender.
M. Escribano e I. López, dos de los mejores peritos de la Policía Científica, establecieron el vínculo entre el 11-M y ETA y sus Jefes tuvieron que falsear el informe, para que el juez del Olmo no conociera tan inconveniente nexo. “Nos dijeron que había que eliminar lo de ETA, por orden de la superioridad”. Hecho que no puede haber sido cosa solamente de la Policía, sino también de la Comisión General de Información que encargó el informe. La juez G. Gallego, que instruye el caso de la falsificación, ha imputado a la cúpula de la Policía Científica y estos peritos pasan a ser sólo testigos en la causa. Han realizado en su laboratorio más de tres mil informes en su larga vida profesional y nunca han tenido que modificar ninguno.
La autenticidad de su testimonio ratifica este escándalo de decisivas implicaciones, policiales, judiciales y políticas que entraña el modificar un documento por asombrosa interposición de un sesgo político en un cometido celosamente realizado. Es un acto propio de la degradación democrática, la ocultación y negación de un hecho que descubren: No querían que se conectase ETA con el 11-M, ni siquiera con el ácido bórico. Quiere decir que, sustrayéndole al juez datos de cuya relevancia sólo él tenía que decidir, se recompuso la información del 11-M, para insuflar las tesis partidistas oficiales. Es hora de que se cumpla el propósito del portavoz socialista de “investigar quiénes han sido los instigadores de la falsificación”. Es hora de terminar con vericuetos y tejemanejes, de arrostrar compromisos y eficacia. Es hora de la verdad y del deber por el bien común.
Cicerón
La Sra. López, inspectora de Policía y perito del informe sobre el caso del ácido bórico afirma que “la obsesión de Garzón era la palabra ETA”. Imputada por Garzón y exonerada por otra juez, hablando de su experiencia judicial, expresa con amargura que “se sintió detenida e incomunicada; llegamos como testigos y salimos como falsificadores de nuestro propio informe”. Isabel López, que tiene miedo a sufrir represalias en su trabajo, firmó, con otros dos peritos de la Policía Científica, el informe que relacionaba el 11-M con ETA, una hipótesis que sus superiores mutilaron tras conminarlos, sin éxito, a retirarla. Oída su declaración, el juez Garzón le imputó, junto a sus compañeros, un delito de falsedad documental; no obstante, después, otra juez, que mantuvo con Garzón una disputa jurídica por la competencia del asunto, les ha retirado la imputación. López dice que, ante el juez Garzón, “envalentonado y atosigante”, hubo de explicar varias veces las circunstancias del documento que relacionaba el 11-M con ETA y que la información había salido del disquete que se mantenía en el laboratorio, y el haciéndose de nuevas, no entendía o no quería entender.
M. Escribano e I. López, dos de los mejores peritos de la Policía Científica, establecieron el vínculo entre el 11-M y ETA y sus Jefes tuvieron que falsear el informe, para que el juez del Olmo no conociera tan inconveniente nexo. “Nos dijeron que había que eliminar lo de ETA, por orden de la superioridad”. Hecho que no puede haber sido cosa solamente de la Policía, sino también de la Comisión General de Información que encargó el informe. La juez G. Gallego, que instruye el caso de la falsificación, ha imputado a la cúpula de la Policía Científica y estos peritos pasan a ser sólo testigos en la causa. Han realizado en su laboratorio más de tres mil informes en su larga vida profesional y nunca han tenido que modificar ninguno.
La autenticidad de su testimonio ratifica este escándalo de decisivas implicaciones, policiales, judiciales y políticas que entraña el modificar un documento por asombrosa interposición de un sesgo político en un cometido celosamente realizado. Es un acto propio de la degradación democrática, la ocultación y negación de un hecho que descubren: No querían que se conectase ETA con el 11-M, ni siquiera con el ácido bórico. Quiere decir que, sustrayéndole al juez datos de cuya relevancia sólo él tenía que decidir, se recompuso la información del 11-M, para insuflar las tesis partidistas oficiales. Es hora de que se cumpla el propósito del portavoz socialista de “investigar quiénes han sido los instigadores de la falsificación”. Es hora de terminar con vericuetos y tejemanejes, de arrostrar compromisos y eficacia. Es hora de la verdad y del deber por el bien común.
Cicerón
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