El siglo XXI ha sido un siglo que ha presenciado la caída de mitos, o mejor dicho, que ha absorbido el aura que se ha creado y levantado al respecto. Entre estos mitos pueden contarse los del Socialismo, el Capitalismo, como ideologías dogmáticas, pero hay uno que ha permanecido impoluto: el de la Segunda República. En el ámbito filosófico-jurídico se la ha querido vincular con la herencia intelectual progresista, o herencia intelectual a secas, ya sea del Krausismo de la mano de la Institución Libre de Enseñanza de Francisco Giner de los Ríos o del peso anteriormente “liberal” al que ya hiciera referencia Azorín. Si bien es cierto que esto tiene mucho más de mito que de realidad.
Se debe empezar desmintiendo el impulso socialista a la Democracia, individualmente considerado, como muestran los postulados de Pablo Iglesias:
• Subordinación a las teorías marxistas.
• Objetivo en la “Dictadura del Proletariado”.
• Falta de adecuación a la realidad: proletariado minúsculo durante la etapa de la Restauración Borbónica, burguesía reducida y predominio de la pequeña propiedad agraria y comercial.
• Rechazo del “reformismo burgués” y combate del mismo.
El impulso definitivo vino con la Huelga General Revolucionaria de 1917, con una Asamblea General de Parlamentarios en Barcelona cuyo propósito era derribar al régimen mediante una huelga revolucionaria, en conjunción con los catalanistas, socialistas, anarquistas y republicanos, con la formación de un gobierno provisional presidido por Melquíades Álvarez, y con la división del país en 3 regiones para tomar el Poder:
• Madrid, Castilla y Vizcaya: Pablo Iglesias, junto a Largo Caballero, Besteiro, Cordero y Sabarit.
• Cataluña, Valencia, Andalucía y Aragón: Lerroux, junto a Pestaña, Seguí, Buenacasa, Garbó, Marcelino Domínguez, Anguaiano y los republicanos valencianos.
• Asturias y León: Melquíades Álvarez, junto con Llaneza, Teodomiro Menéndez y Quintanilla.
Al margen de esto, el peso de la intelectualidad liberal-progresista siguió siendo un importante pilar, sobre todo en los que respecta al mundo de la Universidad, que exigía una “democratización” del sistema. La “bicefalia” del movimiento republicano continuó con un divorcio evidente entre la concepción de la intelectualidad universitaria y la proyección revolucionaria; muestra de ello es la reunión del 30 de Agosto de 1930, en la que participan personajes tan ilustres como Lerroux, Azaña, Domingo, Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Carrasco, Formiguera, Mallol, Ayguades, Casares Quiroga, Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos, con el objetivo de derribar la monarquía mediante Golpe de Estado e implantar la República. Esto daría lugar a la constitución de un Comité Revolucionario presidido por Alcalá-Zamora, junto con militares pro- republicanos, como López Ochoa, Batet, Riquelme, Fermín Galán, Queipo de Llano o Ramón Franco. El fracaso de esa opción vio cauce electoral en las elecciones municipales de Abril de 1931; cuyos resultados fueron:
• Primera Fase (5 de Abril):
Monárquicos: 14.018 concejales.
Republicanos: 1.832 concejales.
• Segunda Fase (12 de Abril):
Monárquicos: 22.150 concejales.
Republicanos: 5.775 concejales.
El colofón de ilusiones democráticas se desvaneció con la probación de una ley electoral basada en la Ley Acerbo de la Italia Fascista, que implicaba que con el 25% de los votos se obtenía el 75% de los diputados de la Cámara (en el caso de la República, única), relativizando los resultados en la España rural e hipertrofiando los de la España urbana y grandes ciudades. La intransigencia de parte de la izquierda republicana quedó bien clara, ejemplificándose con las declaraciones de Álvaro de Albornoz, del Partido Radical-Socialista: “No consentiremos jamás que el Poder nos sea arrebatado por los monárquicos disfrazados de republicanos.”
O de Marcelino Domingo, del mismo partido: “Si se opone resistencia a la revolución social y no encuentra cauces jurídicos, los encontrará en las calles.”
A esto se suma la aprobación de la Carta Magna en Diciembre sin ningún tipo de referéndum constitucional, ya que, según Domingo, de nuevo, las leyes de desarrollo constitucional exigían “prontitud en su aprobación y espíritu revolucionario en su redacción”. El propio Azaña señaló inequívocamente esa identificación de la República con un contenido político concreto, es decir, “su” república, en un debate parlamentario al referirse a la minoría agraria: “Ustedes no tienen legitimidad para venir a esta Cámara a decir si el Gobierno es o no un gobierno dictatorial; su grupo no sólo “no es republicano” sino que “no lo puede ser”, y no lo será nunca, aunque lo queráis.”
Es más, la ley de regulación del Tribunal de Garantías Constitucionales (antecedente de nuestro Tribunal Constitucional) establecía que “ la acción jurisdiccional derivada de la presente ley (…) no se extenderá, ni a las disposiciones promulgadas por las Cortes actuales antes de ser aprobada la misma, ni a los actos que el poder público haya realizado con anterioridad a su publicación”, es decir, establecía la imposibilidad de recurrir ante este tribunal todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento para desarrollar la Constitución. Tampoco podía plantearse recurso contra los actos del Gobierno anteriores a dicha ley. Esta ley fue firmada por Albornoz, elegido el 13 de Julio de 1933 primer presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, y que justificaba lo anteriormente expuesto en base a que “nosotros queremos excluir (de la acción de este tribunal) toda obra realizada por estas Cortes y queremos excluirla por motivos políticos, franca y notablemente políticos, que no disimulamos un solo momento (…)” y que “ por encima del Parlamento no puede haber nada que desconozca ni suprima ni cercene su soberanía.” El mismo Jerónimo Gomáriz, diputado radical-socialista (recuérdese, el grupo más numeroso de la izquierda republicana, y con clara mayoría a la hora de las Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución de 1931) remachaba: “Estas Cortes no son un Parlamento cualquiera. Estamos aún (…) en una misión francamente revolucionaria y constituyente.” Esto no resultaba mera palabrería, baste echar un vistazo al documento interno elaborado por afiliados radical-socialistas de Madrid, que justificaban la oposición a la Derecha “con y todos los medios que fueran precisos”: “En caso de la conquista del poder por las izquierdas violentamente, como contestación a la violencia de las derechas, el Gobierno que se constituya gobernaría por Decretos durante el tiempo que fuera necesario, hasta llegar a la transformación del País en una profundidad y extensión tal que no pueda originarse en mucho tiempo una resurrección de los hombres de la monarquía.”
En realidad, se trataba de cortar de raíz el proceso de “tránsfuga” tan común a la hora de un cambio de régimen. Mención aparte merece la Ley de Defensa de la República, que establecía la tipificación penal de la apología de la Monarquía o la crítica al Gobierno de turno, con sanciones económicas y penas de confinamiento y/o extrañamiento. A esto debe sumarse la “bolchevización” del PSOE, de la mano de Largo Caballero, debido, principalmente, al carácter puramente instrumental con que contemplaban la República, el afianzamiento del Nacional-Socialismo en Alemania, y sus posibles efectos miméticos en España. Se llega así a la Revolución de Octubre de 1934, un Golpe de Estado orquestado por el PSOE, en connivencia con la CNT y el PCE, con un programa revolucionario redactado por Indalecio Prieto, que incluía:
• Separación del Ejército de toda oficialidad y reorganización sobre sus bases “democráticas”, al igual que la Guardia Civil y demás institutos armados.
• Milicia reclutada entre los afiliados.
• Separación de la Administración Pública de los funcionarios desafectos al régimen.
• Disolución de las órdenes religiosas e incautación de todos sus bienes.
• Declaración de todas las tierras como propiedad del Estado.
Los preparativos versaron sobre la procuración de armas y el adiestramiento militar, con la responsabilización de Indalecio Prieto de los preparativos materiales, militares y el avituallamiento de armas, distribuidas en grandes cantidades por el país, como quedó demostrado al hacerse las fuerzas de seguridad con varios alijos en Septiembre de 1934, no sólo en Madrid y Asturias. El documento emitido por los responsables de este “movimiento” fue mimetizado de “Técnica del Colpo di Stato” (1931), de Curzio Malaparte, con el objetivo de llevar a buen puerto “un movimiento de carácter nacional revolucionario para conquistar el poder político para la clase obrera”, en palabras de Largo Caballero, en un ejercicio de negación en cuanto a la aceptación de los resultados de los comicios verdaderamente terrorífico, que se vería emulado por la derecha en 1936, estando los visos del primer en la entrevista mantenida por Azaña con Martínez Barrio para invalidar el resultado de las elecciones de 1933, como se desprende de las memorias de este último.
El resultado de esta intentona revolucionaria, apadrinada por algunos sectores del republicanismo de izquierdas y condenado por otros, se saldó con 1.300 muertos, 20.000 detenidos y fusilamientos prácticamente inexistentes.
Llegamos finalmente a las elecciones de febrero de 1936, para el comentario de las cuales me remito a reproducir las declaraciones del ex-presidente de la República, Niceto Alcalá- Zamora, al Journal Geneve, en 1937: “A pesar de los esfuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente un poco más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados. Resultó la minaría más importante, pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de la legalidad y de la conciencia. Primer etapa: desde el 17 de febrero, incluso desde la noche de del 16 de, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, lo que debería haber tenido lugar ante las juntas provinciales del censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el poder por vía de la violencia.
Crisis: algunos gobernadores civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales: en muchas localidades los resultados pudieron se falsificados. Segunda etapa: conquistada la mayoría de este modo, fue fácilmente hacerla aplastante, reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de manera arbitraria. Se anularon las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa, se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer de la Cámara una Convención, aplastar a la oposición y sujetar al grupo menos exaltado del Frente Popular.
Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir de él, este grupo no era sino un juguete de las peores locuras. Fue así cómo las Cortes prepararon dos golpes de estado parlamentarios. Con el primero, se declararon a sí mismas indisolubles durante la duración de mi mandato presidencial. Con el segundo, me revocaron. El último obstáculo estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la guerra civil.” Junto a esto, al alteración de los resultados en 12 provincias, y la suspensión de la participación de las derechas en las elecciones de Cuenca y Granada, condicionó la victoria electoral del Frente Popular, quedando el promedio de votos obtenidos en la elección de diputados a Cortes del 16 de febrero de 1936 de la manera que sigue:
• Izquierda: 4.358.903.
• Centro: 556.010.
• Derecha: 4.155.126.
Debe tenerse en cuenta que, en muchos lugares, la concurrencia de la derecha y el centro fue conjunta. Dicho esto, el Golpe de Estado contra el gobierno del Frente Popular (no contra la República) se puso en marcha desde el momento en que se conocieron los resultados, y no como se establece habitualmente a consecuencia de los desórdenes posteriores, si bien esta última circunstancia ayudó a los indecisos a sumarse al mismo. El mismo Mola cursó una circular en la que anunciaba que el directorio militar que se instauraría tras el golpe contra el gobierno del Frente Popular respetaría el régimen republicano. Muestra de ello (aunque la realidad de la guerra y la virulencia del golpe y de la sublevación en cuestión, así como los apoyos fácticos lo harían derivar hacia una dictadura autoritaria de derechas con vocación totalitaria) es lo que figura en bando proclamado en Melilla, declarando el Estado de Guerra en Marruecos, en la tarde del 17 de Julio, por el general Francisco Franco: “Se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la República, no solamente en sus apariencias y signos exteriores, sino también en su misma esencia”.
Entre tanto, el 10 de Junio de 1936 se creó un Tribunal Especial para exigir responsabilidades políticas a jueces, magistrados y fiscales, compuesto por Magistrados del Tribunal Supremos y 12 jurados, aniquilando la independencia judicial por parte del gobierno del Frente Popular. Al estallar el conflicto fratricida, debe dejarse patente que la intención del bando sublevado de “hacer limpieza” formaba parte de sus planes desde el principio, como bien lo expresó uno de los jefes de prensa de Franco, el capitán Gonzalo de Aguilera, en una entrevista que le hizo el periodista norteamericano John Whitaker, en la que dejaba clara su intención de “exterminar a un tercio de la población masculina y limpiar el país de proletarios”. La represión nacional se estructuró en varias fases:
1. Matanzas militares de ocupación “in situ”.
2. Matanza “a discreción” por parte de milicias falangistas o, en determinados lugares, de requetés.
3. Consejos de Guerra Militares, con juicios-farsa.
Entre sus víctimas se encontraban funcionarios del Frente Popular, políticos, intelectuales, profesores, clase media progresista que no apoyaba el golpe, etc.
La cifra de víctimas ejecutadas por “rebelión militar”, en un triste eufemismo, desde el inicio del Golpe hasta 1948 puede situarse entre 200.000 y 250.000.
La gigantesca maquinaria represora franquista, bendecida por la Iglesia Católica, convirtió a un país roto en posguerra en una gigantesca cárcel que poco tenía que envidiar a los campos de concentración edificados durante (y después) de la Guerra de Secesión Americana. De nuevo el capitán Aguilera, 17º Conde de Alba y Yeltes, describía la paranoia digna de psiquiátrico inquisitorial: “En épocas más sanas…las plagas y las pestes solían causar una mortandad masiva entre los españoles…Son una raza de esclavos…Son como animales, ¿sabe?, y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste…Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado.”
270.719 personas, según las cifras del Ministerio de Justicia, fueron a parar a las cárceles franquistas, al margen de los campos de concentración, provocando el colapso económico de este sistema represor, dando origen del Patronato Central para la Redención por el Trabajo, creado en Octubre de 1938 a propuesta del sacerdote jesuita José Antonio Pérez del Pulgar, gestionado por el Padre Martín Torrent y el director general de prisiones, el acertadamente llamado Máximo Cuervo. No puede dejarse pasar que toda esta represión pretendió tener su cobertura legal en la Ley de Responsabilidades Políticas, publicada en Burgos el 13 de Febrero de 1939, y que en su artículo primero establecía: “Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1º de Octubre de 1934 y antes del 18 Julio de 1936 contribuyeran a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España, y de aquellos otros que a partir de dichas fechas se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave.”
La retroactividad de esta ley, además de su extensión debida a su ambigüedad terminológica, no permitió empañar la eficacia del avatar represivo del Franquismo. El aparato policial franquista dividió a los presos en anteriores al 1 de Abril de 1939 y posteriores, es decir, los detenidos por haber participado en la resistencia. Así, dado que los “rojos” eran “criminales empedernidos, sin posible redención dentro de lo humano”, se pensó en “investigar las raíces de tanto mal”, de lo que se encargó Antonio Vallejo Nógera, comandante del Ejército, miembro de Acción Española y catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Madrid, fundando en verano de 1938 un gabinete de investigaciones psicológicas, para estudiar el “psiquismo del fanatismo marxista”, estableciéndose durante la guerra 14 clínicas psiquiátricas en la zona nacional. Estas investigaciones llevaron a la conclusión de que, para proteger a la sociedad de tamaño amenaza, la única posibilidad radicaba en “la segregación total de estos sujetos desde la infancia”, para lo que era necesaria la creación de una Inquisición moderna, de cara a evitar la “disolución racial de la Hispanidad”, en un triste ejercicio que encuentra parangón en ese “derecho penal del enemigo”, de Günther Jakobs. Por el contrario, la represión del Frente Popular, que no tuvo nada de espontáneo, como se empeñan enfoques actuales en demostrar, partió también de esa lógica del “derecho penal del enemigo”, en un ejercicio de exterminio que ya fuera anunciado por el PSOE, el PCE o la CNT. Los objetivos de esta represión fueron militares, miembros de clases medias, burgueses, gente de cierta educación, religiosos, creyentes, simples tibios, etc. Esa lógica paranoica la encarnan bien las palabras de Enrique Castro Delgado, comandante del 5º Regimiento: “Matar, matar…seguir matando hasta que el cansancio impida matar más…Después…Después construir el socialismo…Que salgan en filas y se vayan colocando junto a aquella pared de enfrente, y que se queden allí, de cara a la pared… ¡Daos prisa!”
La tipología de las torturas incluían la aplicación de hierros al rojo vivo, y arrancar uñas de las manos y de los pies. La fiscalización por parte del Gobierno Republicano llegó con el Comité Provincial de Investigación Pública, dependiente del Ministerio de Guerra, fruto del acuerdo que tuvo lugar en una reunión que tuvo lugar en Agosto de 1936 en el Palacio del Círculo de Bellas Artes, que respondía a la convocatoria de Manuel Muñoz Martínez, Director General de Seguridad y diputado de Izquierda Republicana, asistiendo representantes de todos los partidos y sindicatos que formaban el Frente Popular, cuya competencia era acordar todas las muertes que estimara convenientes. Este Comité Provincial de Investigación Pública estuvo formado por secciones o tribunales (con representantes del PSOE, PCE, FAI, Unión Republicana, Partido Sindicalista, Izquierda Republicana, UGT, CNT, Juventudes Socialistas Unificadas y Juventudes Libertarias). Entre sus víctimas se encontró Melquíades Álvarez, líder del Partido Reformista, republicano histórico, mentor de Azaña y Catedrático de Derecho Romano. El 7 de Noviembre de 1936 el Comité Provincial presentaba la siguiente estructura:
• 5 miembros incorporados al Consejo de la Dirección General de Seguridad: uno perteneciente al PCE, otro a las JSU.
• Presidente: Segundo Serrano Poncela.
• Consejeros: Juan Alcántara, Juan Torrecilla Guijarro, Santiago Álvarez Santiago.
• Decisión final: Santiago Carrillo (Consejero de Orden Público en la Junta Militar del General Miaja).
• Dirección General de Seguridad, que llevaba “un libro de registro de expediciones de presos para asesinarlos”, según el testimonio del comunista Ramón Torrecilla.
La azarosa represión de los primero momentos dejó paso a la sistematización durante el gobierno del socialista Juan Negrín con la creación del Servicio de Investigación Militar (SIM), cuyo arquitecto fue Indalecio Prieto, con la función de policía político-militar al estilo del NKVD soviético, que también actuaba en España. Su estilo de tortura incluía métodos “científicos” importados de la URSS: “En los suelos de las celdas disponían baldosas de canto cuyas aristas puntiagudas laceraban continuamente los pies de los prisioneros descalzos y desnudos como técnicas de desorientación y de pérdida de los sentidos, los hombres del NKVD utilizaron, sobretodo en Barcelona, extraños sonidos metálicos, colores, luces y suelos en pendiente. Si todas estas técnicas fallaban, o los interrogadores tenían prisa, siempre quedaba el recurso a la “silla eléctrica” y a la “caja de ruidos”, aunque con ello se arriesgaban a enloquecer demasiado pronto a sus prisioneros.”
La represión frentepopulista se cobró cerca de 70.000 víctimas. El mismo Negrín, último presidente de la República, había discutido con Díaz y Uribe la idea de un “Frente Nacional”. Marchenko (asesor soviético) informó a Vorosílov de una conversación mantenida con Negrín (quien había apadrinado las actividades del SIM) el 10 de Diciembre de 1938. En dicho informa se menciona que: “No cabe regreso al viejo parlamentarismo. Sería imposible consentir el “libre juego” de los partidos tal y como existía antes, ya que en ese caso la derecha podría conseguir nuevamente llegar al poder. Eso significa que resulta imperativa o una organización política unificada o una dictadura militar. No ve que sea posible otra salida.”
La monopolización por parte del PCE de la política del Frente Popular coincide plenamente con la que llevarían a cabo los partidos comunistas en Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial para hacerse con el control de sus respectivos países con el objetivo de instaurar las llamadas “Repúblicas Populares”, es decir, estados totalitarios de corte comunista; que llevaron a cabo un genocidio mucho mayor que el perpetrado por los Nacional-Socialistas, tanto cualitativa como cuantitativamente hablando. En opinión de quien escribe, la llamada “Memoria Histórica” no es más que una falacia que sólo sirve para desviar y obstaculizar el conocimiento, pues “memoria” es recuerdo, y el recuerdo es una impresión. Lo que debe buscarse es el estudio, tanto histórico como jurídico, basado en el rigor científico y en la objetividad, sin entrar en juicios de valor y sensiblería barata, que sólo busca condicionar la opinión de los más ignorantes en estas materias. Debe dejarse de intentar ubicar los elementos a investigar en términos fáciles como “bueno” o “malo”, o en simplificaciones absurdas como “fascista” o “comunista”, que no constituyen sino un acto de asombrosa pereza intelectual.
Pablo Gea Congosto
Se debe empezar desmintiendo el impulso socialista a la Democracia, individualmente considerado, como muestran los postulados de Pablo Iglesias:
• Subordinación a las teorías marxistas.
• Objetivo en la “Dictadura del Proletariado”.
• Falta de adecuación a la realidad: proletariado minúsculo durante la etapa de la Restauración Borbónica, burguesía reducida y predominio de la pequeña propiedad agraria y comercial.
• Rechazo del “reformismo burgués” y combate del mismo.
El impulso definitivo vino con la Huelga General Revolucionaria de 1917, con una Asamblea General de Parlamentarios en Barcelona cuyo propósito era derribar al régimen mediante una huelga revolucionaria, en conjunción con los catalanistas, socialistas, anarquistas y republicanos, con la formación de un gobierno provisional presidido por Melquíades Álvarez, y con la división del país en 3 regiones para tomar el Poder:
• Madrid, Castilla y Vizcaya: Pablo Iglesias, junto a Largo Caballero, Besteiro, Cordero y Sabarit.
• Cataluña, Valencia, Andalucía y Aragón: Lerroux, junto a Pestaña, Seguí, Buenacasa, Garbó, Marcelino Domínguez, Anguaiano y los republicanos valencianos.
• Asturias y León: Melquíades Álvarez, junto con Llaneza, Teodomiro Menéndez y Quintanilla.
Al margen de esto, el peso de la intelectualidad liberal-progresista siguió siendo un importante pilar, sobre todo en los que respecta al mundo de la Universidad, que exigía una “democratización” del sistema. La “bicefalia” del movimiento republicano continuó con un divorcio evidente entre la concepción de la intelectualidad universitaria y la proyección revolucionaria; muestra de ello es la reunión del 30 de Agosto de 1930, en la que participan personajes tan ilustres como Lerroux, Azaña, Domingo, Alcalá-Zamora, Miguel Maura, Carrasco, Formiguera, Mallol, Ayguades, Casares Quiroga, Indalecio Prieto o Fernando de los Ríos, con el objetivo de derribar la monarquía mediante Golpe de Estado e implantar la República. Esto daría lugar a la constitución de un Comité Revolucionario presidido por Alcalá-Zamora, junto con militares pro- republicanos, como López Ochoa, Batet, Riquelme, Fermín Galán, Queipo de Llano o Ramón Franco. El fracaso de esa opción vio cauce electoral en las elecciones municipales de Abril de 1931; cuyos resultados fueron:
• Primera Fase (5 de Abril):
Monárquicos: 14.018 concejales.
Republicanos: 1.832 concejales.
• Segunda Fase (12 de Abril):
Monárquicos: 22.150 concejales.
Republicanos: 5.775 concejales.
El colofón de ilusiones democráticas se desvaneció con la probación de una ley electoral basada en la Ley Acerbo de la Italia Fascista, que implicaba que con el 25% de los votos se obtenía el 75% de los diputados de la Cámara (en el caso de la República, única), relativizando los resultados en la España rural e hipertrofiando los de la España urbana y grandes ciudades. La intransigencia de parte de la izquierda republicana quedó bien clara, ejemplificándose con las declaraciones de Álvaro de Albornoz, del Partido Radical-Socialista: “No consentiremos jamás que el Poder nos sea arrebatado por los monárquicos disfrazados de republicanos.”
O de Marcelino Domingo, del mismo partido: “Si se opone resistencia a la revolución social y no encuentra cauces jurídicos, los encontrará en las calles.”
A esto se suma la aprobación de la Carta Magna en Diciembre sin ningún tipo de referéndum constitucional, ya que, según Domingo, de nuevo, las leyes de desarrollo constitucional exigían “prontitud en su aprobación y espíritu revolucionario en su redacción”. El propio Azaña señaló inequívocamente esa identificación de la República con un contenido político concreto, es decir, “su” república, en un debate parlamentario al referirse a la minoría agraria: “Ustedes no tienen legitimidad para venir a esta Cámara a decir si el Gobierno es o no un gobierno dictatorial; su grupo no sólo “no es republicano” sino que “no lo puede ser”, y no lo será nunca, aunque lo queráis.”
Es más, la ley de regulación del Tribunal de Garantías Constitucionales (antecedente de nuestro Tribunal Constitucional) establecía que “ la acción jurisdiccional derivada de la presente ley (…) no se extenderá, ni a las disposiciones promulgadas por las Cortes actuales antes de ser aprobada la misma, ni a los actos que el poder público haya realizado con anterioridad a su publicación”, es decir, establecía la imposibilidad de recurrir ante este tribunal todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento para desarrollar la Constitución. Tampoco podía plantearse recurso contra los actos del Gobierno anteriores a dicha ley. Esta ley fue firmada por Albornoz, elegido el 13 de Julio de 1933 primer presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, y que justificaba lo anteriormente expuesto en base a que “nosotros queremos excluir (de la acción de este tribunal) toda obra realizada por estas Cortes y queremos excluirla por motivos políticos, franca y notablemente políticos, que no disimulamos un solo momento (…)” y que “ por encima del Parlamento no puede haber nada que desconozca ni suprima ni cercene su soberanía.” El mismo Jerónimo Gomáriz, diputado radical-socialista (recuérdese, el grupo más numeroso de la izquierda republicana, y con clara mayoría a la hora de las Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución de 1931) remachaba: “Estas Cortes no son un Parlamento cualquiera. Estamos aún (…) en una misión francamente revolucionaria y constituyente.” Esto no resultaba mera palabrería, baste echar un vistazo al documento interno elaborado por afiliados radical-socialistas de Madrid, que justificaban la oposición a la Derecha “con y todos los medios que fueran precisos”: “En caso de la conquista del poder por las izquierdas violentamente, como contestación a la violencia de las derechas, el Gobierno que se constituya gobernaría por Decretos durante el tiempo que fuera necesario, hasta llegar a la transformación del País en una profundidad y extensión tal que no pueda originarse en mucho tiempo una resurrección de los hombres de la monarquía.”
En realidad, se trataba de cortar de raíz el proceso de “tránsfuga” tan común a la hora de un cambio de régimen. Mención aparte merece la Ley de Defensa de la República, que establecía la tipificación penal de la apología de la Monarquía o la crítica al Gobierno de turno, con sanciones económicas y penas de confinamiento y/o extrañamiento. A esto debe sumarse la “bolchevización” del PSOE, de la mano de Largo Caballero, debido, principalmente, al carácter puramente instrumental con que contemplaban la República, el afianzamiento del Nacional-Socialismo en Alemania, y sus posibles efectos miméticos en España. Se llega así a la Revolución de Octubre de 1934, un Golpe de Estado orquestado por el PSOE, en connivencia con la CNT y el PCE, con un programa revolucionario redactado por Indalecio Prieto, que incluía:
• Separación del Ejército de toda oficialidad y reorganización sobre sus bases “democráticas”, al igual que la Guardia Civil y demás institutos armados.
• Milicia reclutada entre los afiliados.
• Separación de la Administración Pública de los funcionarios desafectos al régimen.
• Disolución de las órdenes religiosas e incautación de todos sus bienes.
• Declaración de todas las tierras como propiedad del Estado.
Los preparativos versaron sobre la procuración de armas y el adiestramiento militar, con la responsabilización de Indalecio Prieto de los preparativos materiales, militares y el avituallamiento de armas, distribuidas en grandes cantidades por el país, como quedó demostrado al hacerse las fuerzas de seguridad con varios alijos en Septiembre de 1934, no sólo en Madrid y Asturias. El documento emitido por los responsables de este “movimiento” fue mimetizado de “Técnica del Colpo di Stato” (1931), de Curzio Malaparte, con el objetivo de llevar a buen puerto “un movimiento de carácter nacional revolucionario para conquistar el poder político para la clase obrera”, en palabras de Largo Caballero, en un ejercicio de negación en cuanto a la aceptación de los resultados de los comicios verdaderamente terrorífico, que se vería emulado por la derecha en 1936, estando los visos del primer en la entrevista mantenida por Azaña con Martínez Barrio para invalidar el resultado de las elecciones de 1933, como se desprende de las memorias de este último.
El resultado de esta intentona revolucionaria, apadrinada por algunos sectores del republicanismo de izquierdas y condenado por otros, se saldó con 1.300 muertos, 20.000 detenidos y fusilamientos prácticamente inexistentes.
Llegamos finalmente a las elecciones de febrero de 1936, para el comentario de las cuales me remito a reproducir las declaraciones del ex-presidente de la República, Niceto Alcalá- Zamora, al Journal Geneve, en 1937: “A pesar de los esfuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente un poco más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados. Resultó la minaría más importante, pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de la legalidad y de la conciencia. Primer etapa: desde el 17 de febrero, incluso desde la noche de del 16 de, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, lo que debería haber tenido lugar ante las juntas provinciales del censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el poder por vía de la violencia.
Crisis: algunos gobernadores civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales: en muchas localidades los resultados pudieron se falsificados. Segunda etapa: conquistada la mayoría de este modo, fue fácilmente hacerla aplastante, reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de manera arbitraria. Se anularon las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa, se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer de la Cámara una Convención, aplastar a la oposición y sujetar al grupo menos exaltado del Frente Popular.
Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir de él, este grupo no era sino un juguete de las peores locuras. Fue así cómo las Cortes prepararon dos golpes de estado parlamentarios. Con el primero, se declararon a sí mismas indisolubles durante la duración de mi mandato presidencial. Con el segundo, me revocaron. El último obstáculo estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la guerra civil.” Junto a esto, al alteración de los resultados en 12 provincias, y la suspensión de la participación de las derechas en las elecciones de Cuenca y Granada, condicionó la victoria electoral del Frente Popular, quedando el promedio de votos obtenidos en la elección de diputados a Cortes del 16 de febrero de 1936 de la manera que sigue:
• Izquierda: 4.358.903.
• Centro: 556.010.
• Derecha: 4.155.126.
Debe tenerse en cuenta que, en muchos lugares, la concurrencia de la derecha y el centro fue conjunta. Dicho esto, el Golpe de Estado contra el gobierno del Frente Popular (no contra la República) se puso en marcha desde el momento en que se conocieron los resultados, y no como se establece habitualmente a consecuencia de los desórdenes posteriores, si bien esta última circunstancia ayudó a los indecisos a sumarse al mismo. El mismo Mola cursó una circular en la que anunciaba que el directorio militar que se instauraría tras el golpe contra el gobierno del Frente Popular respetaría el régimen republicano. Muestra de ello (aunque la realidad de la guerra y la virulencia del golpe y de la sublevación en cuestión, así como los apoyos fácticos lo harían derivar hacia una dictadura autoritaria de derechas con vocación totalitaria) es lo que figura en bando proclamado en Melilla, declarando el Estado de Guerra en Marruecos, en la tarde del 17 de Julio, por el general Francisco Franco: “Se trata de restablecer el imperio del orden dentro de la República, no solamente en sus apariencias y signos exteriores, sino también en su misma esencia”.
Entre tanto, el 10 de Junio de 1936 se creó un Tribunal Especial para exigir responsabilidades políticas a jueces, magistrados y fiscales, compuesto por Magistrados del Tribunal Supremos y 12 jurados, aniquilando la independencia judicial por parte del gobierno del Frente Popular. Al estallar el conflicto fratricida, debe dejarse patente que la intención del bando sublevado de “hacer limpieza” formaba parte de sus planes desde el principio, como bien lo expresó uno de los jefes de prensa de Franco, el capitán Gonzalo de Aguilera, en una entrevista que le hizo el periodista norteamericano John Whitaker, en la que dejaba clara su intención de “exterminar a un tercio de la población masculina y limpiar el país de proletarios”. La represión nacional se estructuró en varias fases:
1. Matanzas militares de ocupación “in situ”.
2. Matanza “a discreción” por parte de milicias falangistas o, en determinados lugares, de requetés.
3. Consejos de Guerra Militares, con juicios-farsa.
Entre sus víctimas se encontraban funcionarios del Frente Popular, políticos, intelectuales, profesores, clase media progresista que no apoyaba el golpe, etc.
La cifra de víctimas ejecutadas por “rebelión militar”, en un triste eufemismo, desde el inicio del Golpe hasta 1948 puede situarse entre 200.000 y 250.000.
La gigantesca maquinaria represora franquista, bendecida por la Iglesia Católica, convirtió a un país roto en posguerra en una gigantesca cárcel que poco tenía que envidiar a los campos de concentración edificados durante (y después) de la Guerra de Secesión Americana. De nuevo el capitán Aguilera, 17º Conde de Alba y Yeltes, describía la paranoia digna de psiquiátrico inquisitorial: “En épocas más sanas…las plagas y las pestes solían causar una mortandad masiva entre los españoles…Son una raza de esclavos…Son como animales, ¿sabe?, y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste…Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado.”
270.719 personas, según las cifras del Ministerio de Justicia, fueron a parar a las cárceles franquistas, al margen de los campos de concentración, provocando el colapso económico de este sistema represor, dando origen del Patronato Central para la Redención por el Trabajo, creado en Octubre de 1938 a propuesta del sacerdote jesuita José Antonio Pérez del Pulgar, gestionado por el Padre Martín Torrent y el director general de prisiones, el acertadamente llamado Máximo Cuervo. No puede dejarse pasar que toda esta represión pretendió tener su cobertura legal en la Ley de Responsabilidades Políticas, publicada en Burgos el 13 de Febrero de 1939, y que en su artículo primero establecía: “Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1º de Octubre de 1934 y antes del 18 Julio de 1936 contribuyeran a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España, y de aquellos otros que a partir de dichas fechas se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave.”
La retroactividad de esta ley, además de su extensión debida a su ambigüedad terminológica, no permitió empañar la eficacia del avatar represivo del Franquismo. El aparato policial franquista dividió a los presos en anteriores al 1 de Abril de 1939 y posteriores, es decir, los detenidos por haber participado en la resistencia. Así, dado que los “rojos” eran “criminales empedernidos, sin posible redención dentro de lo humano”, se pensó en “investigar las raíces de tanto mal”, de lo que se encargó Antonio Vallejo Nógera, comandante del Ejército, miembro de Acción Española y catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Madrid, fundando en verano de 1938 un gabinete de investigaciones psicológicas, para estudiar el “psiquismo del fanatismo marxista”, estableciéndose durante la guerra 14 clínicas psiquiátricas en la zona nacional. Estas investigaciones llevaron a la conclusión de que, para proteger a la sociedad de tamaño amenaza, la única posibilidad radicaba en “la segregación total de estos sujetos desde la infancia”, para lo que era necesaria la creación de una Inquisición moderna, de cara a evitar la “disolución racial de la Hispanidad”, en un triste ejercicio que encuentra parangón en ese “derecho penal del enemigo”, de Günther Jakobs. Por el contrario, la represión del Frente Popular, que no tuvo nada de espontáneo, como se empeñan enfoques actuales en demostrar, partió también de esa lógica del “derecho penal del enemigo”, en un ejercicio de exterminio que ya fuera anunciado por el PSOE, el PCE o la CNT. Los objetivos de esta represión fueron militares, miembros de clases medias, burgueses, gente de cierta educación, religiosos, creyentes, simples tibios, etc. Esa lógica paranoica la encarnan bien las palabras de Enrique Castro Delgado, comandante del 5º Regimiento: “Matar, matar…seguir matando hasta que el cansancio impida matar más…Después…Después construir el socialismo…Que salgan en filas y se vayan colocando junto a aquella pared de enfrente, y que se queden allí, de cara a la pared… ¡Daos prisa!”
La tipología de las torturas incluían la aplicación de hierros al rojo vivo, y arrancar uñas de las manos y de los pies. La fiscalización por parte del Gobierno Republicano llegó con el Comité Provincial de Investigación Pública, dependiente del Ministerio de Guerra, fruto del acuerdo que tuvo lugar en una reunión que tuvo lugar en Agosto de 1936 en el Palacio del Círculo de Bellas Artes, que respondía a la convocatoria de Manuel Muñoz Martínez, Director General de Seguridad y diputado de Izquierda Republicana, asistiendo representantes de todos los partidos y sindicatos que formaban el Frente Popular, cuya competencia era acordar todas las muertes que estimara convenientes. Este Comité Provincial de Investigación Pública estuvo formado por secciones o tribunales (con representantes del PSOE, PCE, FAI, Unión Republicana, Partido Sindicalista, Izquierda Republicana, UGT, CNT, Juventudes Socialistas Unificadas y Juventudes Libertarias). Entre sus víctimas se encontró Melquíades Álvarez, líder del Partido Reformista, republicano histórico, mentor de Azaña y Catedrático de Derecho Romano. El 7 de Noviembre de 1936 el Comité Provincial presentaba la siguiente estructura:
• 5 miembros incorporados al Consejo de la Dirección General de Seguridad: uno perteneciente al PCE, otro a las JSU.
• Presidente: Segundo Serrano Poncela.
• Consejeros: Juan Alcántara, Juan Torrecilla Guijarro, Santiago Álvarez Santiago.
• Decisión final: Santiago Carrillo (Consejero de Orden Público en la Junta Militar del General Miaja).
• Dirección General de Seguridad, que llevaba “un libro de registro de expediciones de presos para asesinarlos”, según el testimonio del comunista Ramón Torrecilla.
La azarosa represión de los primero momentos dejó paso a la sistematización durante el gobierno del socialista Juan Negrín con la creación del Servicio de Investigación Militar (SIM), cuyo arquitecto fue Indalecio Prieto, con la función de policía político-militar al estilo del NKVD soviético, que también actuaba en España. Su estilo de tortura incluía métodos “científicos” importados de la URSS: “En los suelos de las celdas disponían baldosas de canto cuyas aristas puntiagudas laceraban continuamente los pies de los prisioneros descalzos y desnudos como técnicas de desorientación y de pérdida de los sentidos, los hombres del NKVD utilizaron, sobretodo en Barcelona, extraños sonidos metálicos, colores, luces y suelos en pendiente. Si todas estas técnicas fallaban, o los interrogadores tenían prisa, siempre quedaba el recurso a la “silla eléctrica” y a la “caja de ruidos”, aunque con ello se arriesgaban a enloquecer demasiado pronto a sus prisioneros.”
La represión frentepopulista se cobró cerca de 70.000 víctimas. El mismo Negrín, último presidente de la República, había discutido con Díaz y Uribe la idea de un “Frente Nacional”. Marchenko (asesor soviético) informó a Vorosílov de una conversación mantenida con Negrín (quien había apadrinado las actividades del SIM) el 10 de Diciembre de 1938. En dicho informa se menciona que: “No cabe regreso al viejo parlamentarismo. Sería imposible consentir el “libre juego” de los partidos tal y como existía antes, ya que en ese caso la derecha podría conseguir nuevamente llegar al poder. Eso significa que resulta imperativa o una organización política unificada o una dictadura militar. No ve que sea posible otra salida.”
La monopolización por parte del PCE de la política del Frente Popular coincide plenamente con la que llevarían a cabo los partidos comunistas en Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial para hacerse con el control de sus respectivos países con el objetivo de instaurar las llamadas “Repúblicas Populares”, es decir, estados totalitarios de corte comunista; que llevaron a cabo un genocidio mucho mayor que el perpetrado por los Nacional-Socialistas, tanto cualitativa como cuantitativamente hablando. En opinión de quien escribe, la llamada “Memoria Histórica” no es más que una falacia que sólo sirve para desviar y obstaculizar el conocimiento, pues “memoria” es recuerdo, y el recuerdo es una impresión. Lo que debe buscarse es el estudio, tanto histórico como jurídico, basado en el rigor científico y en la objetividad, sin entrar en juicios de valor y sensiblería barata, que sólo busca condicionar la opinión de los más ignorantes en estas materias. Debe dejarse de intentar ubicar los elementos a investigar en términos fáciles como “bueno” o “malo”, o en simplificaciones absurdas como “fascista” o “comunista”, que no constituyen sino un acto de asombrosa pereza intelectual.
Pablo Gea Congosto
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