La nueva ley española sobre el aborto, que permite interrumpir voluntariamente el embarazo a adolescentes de 16 años sin permiso paterno, tiene rasgos totalitarios y es una imposición a la sociedad del más puro estilo Zapatero, sin debate, sin referendum, utilizando engaños y la irregular ruta del "comisariado político" de la ministra Bibiana Aido, eludiendo al Ministerio de Sanidad, donde los médicos, conscientes de que abortar significa siempre liquidar vida, hubieran impuesto un componente ético que se está evitando desde el poder.
Ni siquiera saben los españoles si esa ley va en serio o si es un truco más del gobierno Zapatero para distraer la atención y evitar que la gente piense en el verdadero drama, que es la pobreza creciente y el desempleo imparable que, de la mano de este gobierno, están llevando a España hasta la ruina.
La democracia limpia aconseja que, cuando existe discrepancia y polémica en torno a un asunto de interés general, que afecta a valores importantes asumidos por la sociedad, el objeto de la polémica sea sometido a referendum, para que puedan opinar los ciudadanos, o, por lo menos, abrir un amplio y libre debate en la sociedad que analice los pros y los contras, pero el gobierno de Zapatero ha preferido utilizar el dictamen de una comisión de expertos parcial y elegida por el mismo poder político, marginar a los ciudadanos del proceso de toma de decisiones y utilizar la antidemocrática vía de la imposición truculenta, con engaños, sin debate y por una ruta alternativa favorable al poder.
Pero los rasgos totalitarios de la ley no sólo se derivan de que el debate y la opinión ciudadana han sido escamoteados, o de que la nueva ley burla el principio de la patria potestad, sino del escenario de mentiras que ha dominado la información del gobierno, que ha repetido que esa nueva ley "nos acerca a Europa", cuando lo cierto es que en Europa el grueso de los países prohiben al aborto a menores y hay solo cuatro donde se les permite abortar.
En España se ha burlado de manera reiterada la vigente ley sobre el aborto y, ante la pasividad del poder, han proliferado clínicas donde se practicaban abortos a mansalva, prácticamente libres. Con unos 110.000 abortos en 2007 (dato calculado porque el gobierno no publica las cifras oficiales), España se ha convertido en lugar de cita para las abortistas de todo el mundo. La propaganda define el aborto como un derecho de la mujer, pero niega el derecho de la vida que crece en el vientre de las mujeres y no reconoce una verdad terrible que los expertos proclaman: que el aborto es la principal causa de violencia contra la mujer.
Ante el problema del aborto, que es complejo y difícil, la mayoría de los expertos mundiales se inclinan por permitirlo, pero sólo en situaciones muy concretas, cuando el nacimiento del nuevo ser causa daños importantes en su madre o cuando la concepción ha sido indeseada.
La nueva ley española le está viniendo al gobierno como anillo al dedo porque, además de conseguir lo que ellos definen como un avance en los derechos, distrae la atención de los ciudadanos y la desvía del verdadero drama de España, que es su inexorable avance diario hacia el hundimiento de su economía y de su prosperidad de la mano del que probablemente sea el gobierno más inepto y dañino que ha tenido el país desde los tiempos del indigno rey Fernando VII.
Ni siquiera saben los españoles si esa ley va en serio o si es un truco más del gobierno Zapatero para distraer la atención y evitar que la gente piense en el verdadero drama, que es la pobreza creciente y el desempleo imparable que, de la mano de este gobierno, están llevando a España hasta la ruina.
La democracia limpia aconseja que, cuando existe discrepancia y polémica en torno a un asunto de interés general, que afecta a valores importantes asumidos por la sociedad, el objeto de la polémica sea sometido a referendum, para que puedan opinar los ciudadanos, o, por lo menos, abrir un amplio y libre debate en la sociedad que analice los pros y los contras, pero el gobierno de Zapatero ha preferido utilizar el dictamen de una comisión de expertos parcial y elegida por el mismo poder político, marginar a los ciudadanos del proceso de toma de decisiones y utilizar la antidemocrática vía de la imposición truculenta, con engaños, sin debate y por una ruta alternativa favorable al poder.
Pero los rasgos totalitarios de la ley no sólo se derivan de que el debate y la opinión ciudadana han sido escamoteados, o de que la nueva ley burla el principio de la patria potestad, sino del escenario de mentiras que ha dominado la información del gobierno, que ha repetido que esa nueva ley "nos acerca a Europa", cuando lo cierto es que en Europa el grueso de los países prohiben al aborto a menores y hay solo cuatro donde se les permite abortar.
En España se ha burlado de manera reiterada la vigente ley sobre el aborto y, ante la pasividad del poder, han proliferado clínicas donde se practicaban abortos a mansalva, prácticamente libres. Con unos 110.000 abortos en 2007 (dato calculado porque el gobierno no publica las cifras oficiales), España se ha convertido en lugar de cita para las abortistas de todo el mundo. La propaganda define el aborto como un derecho de la mujer, pero niega el derecho de la vida que crece en el vientre de las mujeres y no reconoce una verdad terrible que los expertos proclaman: que el aborto es la principal causa de violencia contra la mujer.
Ante el problema del aborto, que es complejo y difícil, la mayoría de los expertos mundiales se inclinan por permitirlo, pero sólo en situaciones muy concretas, cuando el nacimiento del nuevo ser causa daños importantes en su madre o cuando la concepción ha sido indeseada.
La nueva ley española le está viniendo al gobierno como anillo al dedo porque, además de conseguir lo que ellos definen como un avance en los derechos, distrae la atención de los ciudadanos y la desvía del verdadero drama de España, que es su inexorable avance diario hacia el hundimiento de su economía y de su prosperidad de la mano del que probablemente sea el gobierno más inepto y dañino que ha tenido el país desde los tiempos del indigno rey Fernando VII.
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