La gran mentira

El "fracaso del mercado" se ha convertido en la gran mentira del Zapaterismo, en el motor de su gobierno y en la justificación de su ineficiente política, basada en el intervencionismo público, en el endeudamiento desenfrenado, en el desprecio a la empresa y en el gasto del Estado como única receta para reactivar la economía, una política basada en argumentos falsos que está llevando a España hacia el descrédito internacional, el fracaso y la pobreza.

Argumentan Zapatero y sus acólitos (anoche lo hizo el ministro Celestino Corbacho en el debate de televisión) que el mercado, que había sido presentado como la gran solución, ha fracasado y que la intervención pública es la única solución para salir del problema. Esa tesis, falsa e interesada, se ha convertido en un eslogan que el gobierno español repite una y otra vez para convertirla en axioma nacional y justificar así su intervencionismo, su voracidad fiscal y su pregresivo control de la riqueza.

¿Por qué ese argumento, mediante el cual se quiere condenar el liberalismo y la libertad individual para entronizar el socialismo y la primacía del Estado sobre el ciudadano, es una "gran mentira"?

No existe un sector en el mundo más regulado que el dinero. Ni un producto financiero puede salir al mercado sin la aprobación de los bancos centrales y las comisiones de valores, que dependen siempre del poder político. Si el mercado mundial se ha llenado de basura y se ha atiborrado de riesgo es porque los gestores públicos que tenían el deber de impedirlo no hicieron anda. El fracaso no es del mercado sino de los políticos, que no cumplieron con la misión encomendada de regular y arbitrar para evitar los abusos y desequilibrios.

Podríamos argumentar, incluso, que el Estado, siempre ávido de impuestos, ha sido el principal estimulador del abuso y de los productos tóxicos, que crearon una riqueza artificial de la que se aprovechó el poder. En España, la responsabilidad del Estado en los abusos del mercado está más que demostrada y es indiscutible. Los ayuntamientos, por ejemplo, si financiaron durante más de una década de la construcción desenfrenada que el propio Estado alimentaba y bendecía. El consumo desbocado fue estimulado desde el poder político, que llenaba sus arcas con los impuestos indirectos y exhibía con orgullo, como un mérito propio, aquel crecimiento artificial.

Pero, aunque la crisis es mundial, existen notables diferencias entre lo que está ocurriendo en el mundo y en España. En España, para justificar el intervencionismo socialista que le gusta a Zapatero, que nunca ha funcionado en ningún país y que allí donde ha operado (como en la URSS, Cuba y otros dramas) sólo ha creado frustración, pobreza y esclavitud, se tergiversa la realidad y se publicita la falsedad de que el fracaso ha sido del mercado, ignorando la verdad de que culpa ha sido de los reguladores, que son el poder político. En otros lugares, aunque los estados intervengan ante la crisis con dinero público, como en Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y otros países avanzados, lo hacen sin perder la fe en el mercado, únicamente con el ánimo de devolverle el equilibrio y hacerlo de nuevo operativo. Sólo en España se sostiene el peligroso y obsoleto discurso de que el mercado ha fracasado y debe ser sustituído por un Estado convertido en el gran empresario y el gran controlador.

¿Ha sido el mercado el que ha arruinado a la Caja de Castilla la Mancha o han sido los políticos que la gestionaban y los reguladores públicos que no cumplieron con su deber de impedirle los préstamos y operaciones que le llevaron a la insolvencia?

¿No resulta curioso y sospechoso que la mitad del sector financiero español que gestionan los políticos, el de las cajas de ahorro, sea el que está peor y más necesitado de inyecciones salvadoras de dinero público, a pesar de que las cajas cuentan con ventajas tan importantes como la de no tener que repartir dividendos a sus accionistas?

La realidad es que quien falla, quien arruina, quien ocasiona el caos y el fracaso en el mundo es, sobre todo, el Estado. España no sólo no es la excepción sino que constituye uno de los mejores ejemplos mundiales para demostrar el fracaso del Estado como gestor. En apenas tres décadas, el mal gobierno ha destruido el prestigio de la democracia, ha agrandado el foso que separa a los ciudadanos del Estado, ha acabado con la independencia de la Justicia, ha narcotizado y maniatado a la sociedad civil y, ahora, está acabando también con la prosperidad lograda por el esfuerzo de los empresarios y trabajadores en las últimas décadas.