Irene García, la nueva alcaldesa socialista de Sanlúcar de Barrameda (64.000 habitantes), localidad cargada de historia situada en la provincia de Cádiz, en la desembocadura del río Guadalquivir y frente al Parque Nacional de Doñana, está haciendo avanzar la democracia en su pueblo y acumulando méritos, pese a sus cortos 27 años de edad, para convertirse en toda una referencia política en esta España plagada de corrupción, abuso de poder y decadencia democrática.
Las primeras medidas adoptadas por Irene han sido bajarse el sueldo de los 7.000 euros mensuales que cobraba la anterior alcaldesa, del PP, a 3.500 y la supresión de 40 cargos de confianza, reduciendo los anteriores 55 cargos de confianza del PP a 15, de los que casi la mitad corresponden a los distintos grupos municipales, y una reducción del 50% de los concejales con dedicación exclusiva.
Las decisiones de la nueva alcaldesa ahorran más de 600.000 euros al año a las arcas municipales y dejan sin empleos privilegiados a militantes del partido popular, cargos orgánicos, la mujer del que era teniente de alcalde, los hijos del concejal de Medio Ambiente, los del concejal de Fiestas, la hija del delegado de Economía y Hacienda y a otros enchufados.
Además, la alcaldesa hizo pública su declaración de bienes y se comprometió a dar cuenta de sus posesiones una vez al año para que los ciudadanos conozcan su patrimonio y su evolución anual. Prometió dar a conocer su declaración de la renta y se comprometió a no privatizar ningún servicio municipal durante su mandato y a estudiar la viabilidad de recuperar la gestión de servicios que fueron privatizados en anteriores gobiernos.
En la reciente campaña electoral, Sanlúcar de Barrameda ocupó espacios en la prensa nacional por la estentórea iniciativa, de la que fuera alcaldesa y candidata del PP, de anunciar el sorteo de un dormitorio de caoba en el acto de cierre de campaña del Partido Popular, entre los solicitantes a 1500 pisos fantasmas. El reclamo electoralista contó con el aplauso y apoyo de Javier Arenas, máximo dirigente del Partido Popular en Andalucía.
Deseosos de ver signos de vida democrática en esta España donde la democracia padece enfermedades muy graves, seguiremos a Irene García e informaremos de sus actuaciones. Vigilaremos a sus correligionarios, que podrían convertirse en sus peores enemigos por poner en evidencia sus corruptelas y abusos. Estaremos atentos a sus relaciones con la cúpula de su partido y, sobre todo, estaremos atentos para ver si las medidas recién adoptadas son auténticas decisiones democráticas o concesiones al populismo que serán “corregidas” e irán desapareciendo en los próximos meses.
FR
Las primeras medidas adoptadas por Irene han sido bajarse el sueldo de los 7.000 euros mensuales que cobraba la anterior alcaldesa, del PP, a 3.500 y la supresión de 40 cargos de confianza, reduciendo los anteriores 55 cargos de confianza del PP a 15, de los que casi la mitad corresponden a los distintos grupos municipales, y una reducción del 50% de los concejales con dedicación exclusiva.
Las decisiones de la nueva alcaldesa ahorran más de 600.000 euros al año a las arcas municipales y dejan sin empleos privilegiados a militantes del partido popular, cargos orgánicos, la mujer del que era teniente de alcalde, los hijos del concejal de Medio Ambiente, los del concejal de Fiestas, la hija del delegado de Economía y Hacienda y a otros enchufados.
Además, la alcaldesa hizo pública su declaración de bienes y se comprometió a dar cuenta de sus posesiones una vez al año para que los ciudadanos conozcan su patrimonio y su evolución anual. Prometió dar a conocer su declaración de la renta y se comprometió a no privatizar ningún servicio municipal durante su mandato y a estudiar la viabilidad de recuperar la gestión de servicios que fueron privatizados en anteriores gobiernos.
En la reciente campaña electoral, Sanlúcar de Barrameda ocupó espacios en la prensa nacional por la estentórea iniciativa, de la que fuera alcaldesa y candidata del PP, de anunciar el sorteo de un dormitorio de caoba en el acto de cierre de campaña del Partido Popular, entre los solicitantes a 1500 pisos fantasmas. El reclamo electoralista contó con el aplauso y apoyo de Javier Arenas, máximo dirigente del Partido Popular en Andalucía.
Deseosos de ver signos de vida democrática en esta España donde la democracia padece enfermedades muy graves, seguiremos a Irene García e informaremos de sus actuaciones. Vigilaremos a sus correligionarios, que podrían convertirse en sus peores enemigos por poner en evidencia sus corruptelas y abusos. Estaremos atentos a sus relaciones con la cúpula de su partido y, sobre todo, estaremos atentos para ver si las medidas recién adoptadas son auténticas decisiones democráticas o concesiones al populismo que serán “corregidas” e irán desapareciendo en los próximos meses.
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