Rodríguez Zapatero, rotundo, ha afirmado que «ninguna fe se puede imponer a las leyes en un sistema democrático».
El Cardenal A. Cañizares, saliendo al paso, contestó al Presidente del Gobierno que «el laicismo tampoco puede estar por encima de la ley» y añadía que la Iglesia no pretende «imponerse al resto de la sociedad ni buscar privilegios», sino ser «respetada en su razón de ser». Sumiso y oportunista, Cándido Méndez, rodando tras la congratulación del Jefe, osaba calificar a Cañizares de «hechicero de la tribu del PP». Sin dilación, recibió la contundente réplica del cardenal: «No me ocupo de estupideces».
Corrigiendo al Presidente, Cañizares aseguró que en España «no se da el caso de que la fe se imponga a la ley; aquí se consagra el laicismo como religión oficial. La ley debe respetar los derechos fundamentales, hecho que no se da con la imposición de Educación para la Ciudadanía, puesto que impone obligatoriamente una formación moral por parte del Estado a todos los ciudadanos. Como también, la nueva asignatura conculca el derecho fundamental de los padres a elegir la formación moral para sus hijos, reconocido y garantizado por el artículo 27 de la Constitución».
El Arzobispo de Toledo argumenta que la oposición de la Iglesia Española a tal enseñanza se fundamenta precisamente en la cuestión de que el Estado se atribuye la capacidad de imponer una «formación moral obligatoria para todos», en contra de los derechos paternos; añádese que expone «una concepción del hombre separada de Dios, una concreta teoría de género y un relativismo moral que la hacen incompatible con la fe cristiana. Recuérdese que todos los años un ochenta por ciento de los padres de Educación Primaria elige para sus hijos la formación religiosa católica, lo que es opuesto a dicha asignatura de Educación para la Ciudadanía». Precisamente, ante esta limitación de un derecho fundamental, los padres podrán «recurrir a todos los medios legítimos a su alcance en todos los centros, sin excluir ningún medio y sin excluir ningún centro». Para el Primado, es «legítimo defenderse de la violación de los derechos humanos fundamentales y que la objeción de conciencia es un medio legítimo reconocido y garantizado por el Tribunal Constitucional. No son, dijo, los obispos, al defender los derechos humanos, sino, más bien, el «Gobierno el que se enfrenta a la sociedad».
El Presidente de la Conferencia Episcopal, R. Blázquez, interviniendo en la polémica, con palabras de Juan Pablo II en su viaje a España, decía: «La fe no se impone, se propone». «Estamos de acuerdo con la aconfesionalidad del Estado que establece la Constitución, porque permite que creyentes y no creyentes, de una religión y de otra, podamos desarrollar la libertad religiosa a la que tenemos derecho». A su vez, el Arzobispo de Oviedo, C. Osoro, denunciaba «las trabas a la trascendencia pública de la religión, que obedecen a la corriente laicista imperante, una circunstancia que se hace más visible en Educación donde en nombre del pluralismo se establece la imposición de la no religión».
Respaldando al Episcopado Español, el Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, A. Amato, afirmó que los planteamientos son «la verdadera interpretación de la Iglesia en este momento histórico en España; la libertad religiosa es un aspecto fundamental de la identidad del hombre y el Estado no debe imponer ninguna concepción ética».
Al respecto, la vicepresidenta, Fernández de la Vega, reiteró que «no cabe la objeción» a la asignatura de Educación para la Ciudadanía porque una ley aprobada por el Parlamento debe ser cumplida y aplicada. E insistía que «la asignatura responde a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la capacitación de los jóvenes en el ejercicio de los derechos y obligaciones que comporta la democracia; no pretende adoctrinar a nadie, sino difundir y preservar valores democráticos, como el reconocimiento y respeto a los otros o la resolución pacífica de discrepancias. Por ello, nadie puede estar en contra. Están faltando a la verdad en un intento evidente de confundir a la gente».
La controversia es candente. La religión cristiana se persigue y se niega, el laicismo se impone por ley. Esta es la libertad de esta democracia.
Camilo Valverde Mudarra
El Cardenal A. Cañizares, saliendo al paso, contestó al Presidente del Gobierno que «el laicismo tampoco puede estar por encima de la ley» y añadía que la Iglesia no pretende «imponerse al resto de la sociedad ni buscar privilegios», sino ser «respetada en su razón de ser». Sumiso y oportunista, Cándido Méndez, rodando tras la congratulación del Jefe, osaba calificar a Cañizares de «hechicero de la tribu del PP». Sin dilación, recibió la contundente réplica del cardenal: «No me ocupo de estupideces».
Corrigiendo al Presidente, Cañizares aseguró que en España «no se da el caso de que la fe se imponga a la ley; aquí se consagra el laicismo como religión oficial. La ley debe respetar los derechos fundamentales, hecho que no se da con la imposición de Educación para la Ciudadanía, puesto que impone obligatoriamente una formación moral por parte del Estado a todos los ciudadanos. Como también, la nueva asignatura conculca el derecho fundamental de los padres a elegir la formación moral para sus hijos, reconocido y garantizado por el artículo 27 de la Constitución».
El Arzobispo de Toledo argumenta que la oposición de la Iglesia Española a tal enseñanza se fundamenta precisamente en la cuestión de que el Estado se atribuye la capacidad de imponer una «formación moral obligatoria para todos», en contra de los derechos paternos; añádese que expone «una concepción del hombre separada de Dios, una concreta teoría de género y un relativismo moral que la hacen incompatible con la fe cristiana. Recuérdese que todos los años un ochenta por ciento de los padres de Educación Primaria elige para sus hijos la formación religiosa católica, lo que es opuesto a dicha asignatura de Educación para la Ciudadanía». Precisamente, ante esta limitación de un derecho fundamental, los padres podrán «recurrir a todos los medios legítimos a su alcance en todos los centros, sin excluir ningún medio y sin excluir ningún centro». Para el Primado, es «legítimo defenderse de la violación de los derechos humanos fundamentales y que la objeción de conciencia es un medio legítimo reconocido y garantizado por el Tribunal Constitucional. No son, dijo, los obispos, al defender los derechos humanos, sino, más bien, el «Gobierno el que se enfrenta a la sociedad».
El Presidente de la Conferencia Episcopal, R. Blázquez, interviniendo en la polémica, con palabras de Juan Pablo II en su viaje a España, decía: «La fe no se impone, se propone». «Estamos de acuerdo con la aconfesionalidad del Estado que establece la Constitución, porque permite que creyentes y no creyentes, de una religión y de otra, podamos desarrollar la libertad religiosa a la que tenemos derecho». A su vez, el Arzobispo de Oviedo, C. Osoro, denunciaba «las trabas a la trascendencia pública de la religión, que obedecen a la corriente laicista imperante, una circunstancia que se hace más visible en Educación donde en nombre del pluralismo se establece la imposición de la no religión».
Respaldando al Episcopado Español, el Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, A. Amato, afirmó que los planteamientos son «la verdadera interpretación de la Iglesia en este momento histórico en España; la libertad religiosa es un aspecto fundamental de la identidad del hombre y el Estado no debe imponer ninguna concepción ética».
Al respecto, la vicepresidenta, Fernández de la Vega, reiteró que «no cabe la objeción» a la asignatura de Educación para la Ciudadanía porque una ley aprobada por el Parlamento debe ser cumplida y aplicada. E insistía que «la asignatura responde a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la capacitación de los jóvenes en el ejercicio de los derechos y obligaciones que comporta la democracia; no pretende adoctrinar a nadie, sino difundir y preservar valores democráticos, como el reconocimiento y respeto a los otros o la resolución pacífica de discrepancias. Por ello, nadie puede estar en contra. Están faltando a la verdad en un intento evidente de confundir a la gente».
La controversia es candente. La religión cristiana se persigue y se niega, el laicismo se impone por ley. Esta es la libertad de esta democracia.
Camilo Valverde Mudarra
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