Hace tres años y medio de los atentados que se llevaron 192 vidas y, hoy, la sentencia, calificada de histórica, asienta su verdad jurídica sin dejar resquicio a la duda: La matanza de Atocha fue obra de islamistas y todo o gran parte del explosivo plástico del tipo Goma, vino de «Mina Conchita». Se dice que este juicio y el fallo del tribunal son un triunfo del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas.
En el terreno sumarial, la sentencia sólo merece respeto y aquiescencia por su rigor e impoluta factura; como apunta el propio texto, "la sentencia contesta las cuestiones planteadas dentro de los límites de las acusaciones para declarar o excluir la responsabilidad penal de los procesados". Para el Tribunal, son hechos probados, que el móvil no fue represalia por las tropas españolas en Irak, sino que estas células asesinas islamistas «pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria».
Pero, para el ciudadano y muchas de las víctimas, resulta penosa y algo frustrante, en aspectos no sustanciales; con esta resolución, queda aún entreabierta la puerta a aplicar la lupa de la investigación a ciertas incógnitas, que les bailan en la mente. Reclaman una veracidad abarcante de la totalidad de los hechos. Aunque se ha resaltado, que «ninguna de las pruebas avala la tesis alternativa» de la implicación de ETA en la matanza, lo expuesto por el juez G. Bermúdez tiene un sentido muy otro: que de «ninguno de los nueve informes policiales del sumario se habían podido deducir datos que permitieran constatar la presencia etarra»; y ya se sabe cómo se hacían y retocaban esos informes.
La sentencia, al aludir a Al Qaeda sólo, como un ocasional elemento ideológico de la autoría, ha triturado las hipótesis de la Fiscalía que la atribuía a El Egipcio, Belhadj y Haski, y desechado los enormes esfuerzos de la misma, por vincular la masacre con la decisión del Gobierno de Aznar de intervenir en Irak; de Irak ni siquiera se habla. En el fallo, no existe ninguna duda de que El Chino, El Tunecino y sus compañeros yihadistas pusieron la masa mortífera en los trenes, sin señalar la mente inductora, con lo cual, sale totalmente desairada la versión oficial y la del Gobierno. Ello muestra que, evidentemente, subyacen algunas cuestiones primordiales en un nimbo de oscuridad.
Es extraño que la Fiscalía, habiendo perdido gran parte de sus objetivos, se avenga y rehuya recurrir ante el Supremo; como sorprende que los magistrados no hayan considerado como prueba el Skoda con rastros del ADN de Lamari. ¿Qué hacía allí, si sólo tres terroristas viajaron en la Kangoo?, como precisa la sentencia. Al cerrar este asunto, se abre un enigma más. Es absolutamente indemostrable la afirmación, de que no se llegó a cortar la cadena de vigilancia de la mochila de Vallecas, durante "su extravagante periplo". La cuestión reside en que, como se apunta en el fallo, las partes eludieron el testimonio del inspector que dirigía la recogida de objetos, a pesar de que había reconocido, que tal mochila no estuvo nunca en sus manos. Las declaraciones de los Tedax y de Sánchez Manzano corroboraron en el juicio que ellos no vieron en El Pozo ningún objeto de ese tipo. Las dudas, pues, siguen incidiendo.
El tribunal podría haber extraído testimonio para que se investigara la actuación de la UCO y de la Policía Nacional en Asturias, además de la rara conducta de Sánchez Manzano, pero ha optado por no hacerlo, quizás, por no traspasar lo que estrictamente exigía su obligación. Si bien, la sentencia acredita que los explosivos eran Goma 2, la aparición de nitroglicerina en el polvo del extintor y de DNT en los restos de los focos indica que pudo emplearse también otro tipo de dinamita.
Señalemos, en fin, que la sentencia, aporta la certeza de que el Ejecutivo del PP reunió las pruebas, que han posibilitado la condena de los terroristas, y recoge expresamente, lo que califica de «escrupulosa la actuación policial». El tribunal ha asentado su verdad judicial y la gente tiene sus interrogantes.
Camilo Valverde Mudarra
En el terreno sumarial, la sentencia sólo merece respeto y aquiescencia por su rigor e impoluta factura; como apunta el propio texto, "la sentencia contesta las cuestiones planteadas dentro de los límites de las acusaciones para declarar o excluir la responsabilidad penal de los procesados". Para el Tribunal, son hechos probados, que el móvil no fue represalia por las tropas españolas en Irak, sino que estas células asesinas islamistas «pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria».
Pero, para el ciudadano y muchas de las víctimas, resulta penosa y algo frustrante, en aspectos no sustanciales; con esta resolución, queda aún entreabierta la puerta a aplicar la lupa de la investigación a ciertas incógnitas, que les bailan en la mente. Reclaman una veracidad abarcante de la totalidad de los hechos. Aunque se ha resaltado, que «ninguna de las pruebas avala la tesis alternativa» de la implicación de ETA en la matanza, lo expuesto por el juez G. Bermúdez tiene un sentido muy otro: que de «ninguno de los nueve informes policiales del sumario se habían podido deducir datos que permitieran constatar la presencia etarra»; y ya se sabe cómo se hacían y retocaban esos informes.
La sentencia, al aludir a Al Qaeda sólo, como un ocasional elemento ideológico de la autoría, ha triturado las hipótesis de la Fiscalía que la atribuía a El Egipcio, Belhadj y Haski, y desechado los enormes esfuerzos de la misma, por vincular la masacre con la decisión del Gobierno de Aznar de intervenir en Irak; de Irak ni siquiera se habla. En el fallo, no existe ninguna duda de que El Chino, El Tunecino y sus compañeros yihadistas pusieron la masa mortífera en los trenes, sin señalar la mente inductora, con lo cual, sale totalmente desairada la versión oficial y la del Gobierno. Ello muestra que, evidentemente, subyacen algunas cuestiones primordiales en un nimbo de oscuridad.
Es extraño que la Fiscalía, habiendo perdido gran parte de sus objetivos, se avenga y rehuya recurrir ante el Supremo; como sorprende que los magistrados no hayan considerado como prueba el Skoda con rastros del ADN de Lamari. ¿Qué hacía allí, si sólo tres terroristas viajaron en la Kangoo?, como precisa la sentencia. Al cerrar este asunto, se abre un enigma más. Es absolutamente indemostrable la afirmación, de que no se llegó a cortar la cadena de vigilancia de la mochila de Vallecas, durante "su extravagante periplo". La cuestión reside en que, como se apunta en el fallo, las partes eludieron el testimonio del inspector que dirigía la recogida de objetos, a pesar de que había reconocido, que tal mochila no estuvo nunca en sus manos. Las declaraciones de los Tedax y de Sánchez Manzano corroboraron en el juicio que ellos no vieron en El Pozo ningún objeto de ese tipo. Las dudas, pues, siguen incidiendo.
El tribunal podría haber extraído testimonio para que se investigara la actuación de la UCO y de la Policía Nacional en Asturias, además de la rara conducta de Sánchez Manzano, pero ha optado por no hacerlo, quizás, por no traspasar lo que estrictamente exigía su obligación. Si bien, la sentencia acredita que los explosivos eran Goma 2, la aparición de nitroglicerina en el polvo del extintor y de DNT en los restos de los focos indica que pudo emplearse también otro tipo de dinamita.
Señalemos, en fin, que la sentencia, aporta la certeza de que el Ejecutivo del PP reunió las pruebas, que han posibilitado la condena de los terroristas, y recoge expresamente, lo que califica de «escrupulosa la actuación policial». El tribunal ha asentado su verdad judicial y la gente tiene sus interrogantes.
Camilo Valverde Mudarra
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