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Mientras que el gobierno, ante la indignación generalizada, recomienda comer conejos para combatir la carestía de la vida en estas fiestas navideñas, ante la imposibilidad de comprar carnes de calidad y mariscos, o culpa al ciudadano de la inflación galopante que vacía el bolsillo del consumidor, muchos españoles piensan que la clase política está tan alienada y alejada de la realidad que ya no puede ejercer con eficacia el liderazgo.
Ciertamente, a juzgar por las encuestas e informes, los ciudadanos y los políticos españoles viven ya realidades diferentes y quizás irreconcialibles porque habitan mundos demasiado distintos: el mundo difícil y costoso del ciudadano, cuya calidad de vida desciende como consecuencia de la inflación, de la inseguridad ciudadana y de otros factores negativos, y el del político, cada día más elitista, que se ha hecho en España ignorante, arrogante y millonario.
Sólo si se asume esta separación dramática entre el pueblo y sus dirigentes es posible entender la enorme y creciente dificultad que demuestran los poderosos en España para entender y solucionar los problemas de la población, sobre todo el encarecimiento de las hipotecas y de la cesta de la compra, que hace cada día más difícil llegar con dinero hasta el final del mes.
Los bancos reconocen que los impagos empiezan ya a ser un problema en España y algunas oficinas bancarias e inmobiliarias empiezan a ofrecer a sus mejores clientes oportunidades para comprar pisos a buen precio, procedentes de viviendas que sus compradores han perdido porque no pueden pagarlas.
En este difícil contexto, ha causado indignación la frívola explicación ofrecida por el ministro de Economía, Pedro Solbes, según el cual los españoles desconocen el valor real del euro porque dejan propinas demasiado cuantiosas en los bares y restaurantes, lo que significa nada menos que culpar de la inflación al sufrido consumidor.
La impresión general de los ciudadanos es que los políticos han perdido la capacidad de comprender y entender la vida de los ciudadanos, lo que les impide también gobernar con eficacia. No pueden entender la importancia de la carestía de la vida porque sus sueldos millonarios les hacen inmunes a la pobreza; no pueden comprender el drama de la inseguridad ciudadana en las calles y barriadas porque viven en residencias seguras y con escoltas pagadas por el Estado; no pueden solucionar los problemas del tráfico rodado, cada día más denso, insufrible y peligroso, porque, al viajar con chofer, escolta y en coches blindados, desconocen el drama; ni siquiera saben los precios de los productos de primera necesidad porque el elitismo del poder y sus elevados sueldos les permiten vivir en burbujas de opulencia y lujo.
Mientras la inflación golpea con dureza el bolsillo de los ciudadanos españoles, no dejan de publicarse noticias que indignan a la ciudadanía. La más reciente ha sido la del presidente del gobierno socialista de Castilla La Mancha, que se ha subido su propio sueldo en más de un 70 por ciento.
El descontento ciudadano español con el liderazgo político es creciente, paralelo al divorcio, tambien creciente, entre el ciudadano y el poder, un drama cuyas consecuencias más inmediatas son el incremento de la abstención electoral y el desprestigio de la política, de los políticos y hasta del mismo sistema democrático.
El último informe de Transparencia Internacional revela que los españoles consideran a sus partidos políticos como una de las instituciones más corruptas y rechazadas, junto con la policía.
Así es imposible que en España pueda existir una democracia, un sistema que se basa en la confianza de los administrados en los administradores y de los ciudadanos en la justicia y equidad del sistema.
Ciertamente, a juzgar por las encuestas e informes, los ciudadanos y los políticos españoles viven ya realidades diferentes y quizás irreconcialibles porque habitan mundos demasiado distintos: el mundo difícil y costoso del ciudadano, cuya calidad de vida desciende como consecuencia de la inflación, de la inseguridad ciudadana y de otros factores negativos, y el del político, cada día más elitista, que se ha hecho en España ignorante, arrogante y millonario.
Sólo si se asume esta separación dramática entre el pueblo y sus dirigentes es posible entender la enorme y creciente dificultad que demuestran los poderosos en España para entender y solucionar los problemas de la población, sobre todo el encarecimiento de las hipotecas y de la cesta de la compra, que hace cada día más difícil llegar con dinero hasta el final del mes.
Los bancos reconocen que los impagos empiezan ya a ser un problema en España y algunas oficinas bancarias e inmobiliarias empiezan a ofrecer a sus mejores clientes oportunidades para comprar pisos a buen precio, procedentes de viviendas que sus compradores han perdido porque no pueden pagarlas.
En este difícil contexto, ha causado indignación la frívola explicación ofrecida por el ministro de Economía, Pedro Solbes, según el cual los españoles desconocen el valor real del euro porque dejan propinas demasiado cuantiosas en los bares y restaurantes, lo que significa nada menos que culpar de la inflación al sufrido consumidor.
La impresión general de los ciudadanos es que los políticos han perdido la capacidad de comprender y entender la vida de los ciudadanos, lo que les impide también gobernar con eficacia. No pueden entender la importancia de la carestía de la vida porque sus sueldos millonarios les hacen inmunes a la pobreza; no pueden comprender el drama de la inseguridad ciudadana en las calles y barriadas porque viven en residencias seguras y con escoltas pagadas por el Estado; no pueden solucionar los problemas del tráfico rodado, cada día más denso, insufrible y peligroso, porque, al viajar con chofer, escolta y en coches blindados, desconocen el drama; ni siquiera saben los precios de los productos de primera necesidad porque el elitismo del poder y sus elevados sueldos les permiten vivir en burbujas de opulencia y lujo.
Mientras la inflación golpea con dureza el bolsillo de los ciudadanos españoles, no dejan de publicarse noticias que indignan a la ciudadanía. La más reciente ha sido la del presidente del gobierno socialista de Castilla La Mancha, que se ha subido su propio sueldo en más de un 70 por ciento.
El descontento ciudadano español con el liderazgo político es creciente, paralelo al divorcio, tambien creciente, entre el ciudadano y el poder, un drama cuyas consecuencias más inmediatas son el incremento de la abstención electoral y el desprestigio de la política, de los políticos y hasta del mismo sistema democrático.
El último informe de Transparencia Internacional revela que los españoles consideran a sus partidos políticos como una de las instituciones más corruptas y rechazadas, junto con la policía.
Así es imposible que en España pueda existir una democracia, un sistema que se basa en la confianza de los administrados en los administradores y de los ciudadanos en la justicia y equidad del sistema.
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