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La detención de Isabel Pantoja en vísperas de las elecciones municipales tiene todos los rasgos de una jugada electoralista y constituye una prueba patente de que la Justicia no es igual para todos en España. La detención de la popular tonadillera, acusada de blanqueo de dinero, beneficia al partido del gobierno, el PSOE, y lanza al electorado el falso mensaje de que en España la Justicia es implacable e igualitaria.
La detención de la Pantoja se produjo, curiosamente, al anochecer, el mismo día en que el presidente del Gobierno había visitado la ciudad de Marbella, envuelta en un conocido escándalo por corrupción política y empresarial, y después de advertirtir que los socialistas lucharían contra la corrupción, sean quienes sean los culpables. Algunas fuentes policiales han declarado que la detención de Isabel Pantoja estaba decidida desde varios días antes, pero que no se dió la orden definitiva hasta minutos después del "meeting" electoral de Zapatero en Marbella.
La detención "ejemplarizante" de la cantante se produjo días después de que la Fiscalía General dijera que no destaparía ningún otro escándalo de corrupción política antes de las próximas elecciones municipales, decisión que beneficiaba directamente al PSOE, envuelto en esos días en un escándalo de corrupción de altos vuelos, centrado en la isla de Ibiza, en el que, presuntamente, estaría implicada la alta dirección del partido, concretamente su secretario de organización, Pepiño Blanco.
Las actuaciones de la Justicia española en las últimas semanas han despertado todo tipo de sospechas y recelos, sobre todo tras la detención pública, con luz y taquígrafos, de ediles pertenecientes a la oposición de derecha, presuntamente implicados en casos de corrupción, mientras que ningún alcalde o concejal socialista ha recibido el mismo trato policial y judicial, a pesar de que hay abiertas investigaciones sobre numerosos casos de corrupción que les afectan.
Muchos observadores y analistas políticos han expresado su criterio de que más que medidas ponderadas de una Justicia independiente y objetiva, las que se están adoptando parecen medidas políticas, con enfoque electoral, cuyo doble fin parece ser beneficiar a la izquierda y perjudicar a la derecha, por un lado, y evitar que se hable de las listas de ANV-ETA o de otros casos de corrupción que afectan al PSOE.
Otros periodistas han destacado cómo el gobierno utiliza la Justicia en su propio beneficio y lanza cortinas de humo para confundir a la sociedad, concretamente en Marbella, en cuyos escándalos urbanísticos y corruptelas hay políticos socialistas implicados y ninguno del Partido Popular.
Pero la mayoría de los comentaristas han resaltado que la utilización de la Justicia con fines electoralistas es, sobre todo, un síntoma evidente de corrupción y del grave deterioro que está alcanzando la democracia en España.
La detención de la Pantoja se produjo, curiosamente, al anochecer, el mismo día en que el presidente del Gobierno había visitado la ciudad de Marbella, envuelta en un conocido escándalo por corrupción política y empresarial, y después de advertirtir que los socialistas lucharían contra la corrupción, sean quienes sean los culpables. Algunas fuentes policiales han declarado que la detención de Isabel Pantoja estaba decidida desde varios días antes, pero que no se dió la orden definitiva hasta minutos después del "meeting" electoral de Zapatero en Marbella.
La detención "ejemplarizante" de la cantante se produjo días después de que la Fiscalía General dijera que no destaparía ningún otro escándalo de corrupción política antes de las próximas elecciones municipales, decisión que beneficiaba directamente al PSOE, envuelto en esos días en un escándalo de corrupción de altos vuelos, centrado en la isla de Ibiza, en el que, presuntamente, estaría implicada la alta dirección del partido, concretamente su secretario de organización, Pepiño Blanco.
Las actuaciones de la Justicia española en las últimas semanas han despertado todo tipo de sospechas y recelos, sobre todo tras la detención pública, con luz y taquígrafos, de ediles pertenecientes a la oposición de derecha, presuntamente implicados en casos de corrupción, mientras que ningún alcalde o concejal socialista ha recibido el mismo trato policial y judicial, a pesar de que hay abiertas investigaciones sobre numerosos casos de corrupción que les afectan.
Muchos observadores y analistas políticos han expresado su criterio de que más que medidas ponderadas de una Justicia independiente y objetiva, las que se están adoptando parecen medidas políticas, con enfoque electoral, cuyo doble fin parece ser beneficiar a la izquierda y perjudicar a la derecha, por un lado, y evitar que se hable de las listas de ANV-ETA o de otros casos de corrupción que afectan al PSOE.
Otros periodistas han destacado cómo el gobierno utiliza la Justicia en su propio beneficio y lanza cortinas de humo para confundir a la sociedad, concretamente en Marbella, en cuyos escándalos urbanísticos y corruptelas hay políticos socialistas implicados y ninguno del Partido Popular.
Pero la mayoría de los comentaristas han resaltado que la utilización de la Justicia con fines electoralistas es, sobre todo, un síntoma evidente de corrupción y del grave deterioro que está alcanzando la democracia en España.
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