Una ministra practica un férreo boicot a la capital de España y bloquea todas las inversiones importantes del Estado en obras públicas durante cinco años, entre ellas las obras en la emblemática Puerta del Sol, sin otra excusa que su hostilidad personal y política contra Esperanza Aguirre, de la que dijo públicamente que su sitio era "tumbada en la vía o colgada de una catenaria". La misma ministra volcó en Cataluña, donde gobiernan sus correligionarios, todo lo que le negó a Madrid. Además, ha ocultado información sobre accidentes y escándalos que afectaban a la ciudadanía, sin que nunca le ocurriera nada, a pesar de que fue la primera ministra de la presunta democracia española reprobada por el Parlamento.
La autora de esos y de otras muchas actuaciones irregulares y antidemocráticas, también contrarias a los mandatos de la Constitución, se llama Magdalena Álvarez, la que fue ministra de Fomento del gobierno Zapatero durante los últimos cinco años. Ahora, para premiarla, la envían al exilio dorado del Europarlamento, donde cobrará más de 20.000 euros al mes, incluyendo dietas y la paga de ministro que le queda.
Ustedes deben juzgar, sin pasión, si ese comportamiento es digno de premio o de castigo, si es propio de una democracia avanzada o más bien típico de la "Cosa Nostra".
El de la ministra "Maleni" no es un caso aislado, ni siquiera el peor del gabinete de Zapatero y del Estado español. Las fuerzas que dependen del ministro del interior dejaron escapar no hace mucho al más peligroso delincuente existente en España, el lider de una sanguinaria banda albanokosovar que tiene que responder de numerosos asesinatos, vajaciones, palizas y robos. De la comisaría central de Sevilla desaparecieron, hace ya un año, 100 kilos de cocaína, una auténtica "fortuna" en el mercado negro de la droga, toda una "chapuza" que apesta a corrupción interna y que sigue sin resolverse. La policía, que se lleva como el perro y el gato con la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad, todos ellos a cargo de Rubalcaba, es acusada por el Fiscal General del Estado de no colaborar con la Fiscalía, ni con el Tribunal Supremo. ¿No hay todavía razones suficientes para que dimita el ministro del Interior?
Pero hay más: el gobernador del Banco de España dice por dos veces que la Seguridad Social está arruinada, que las pensiones de los jubilados peligran y que el sistema tiene que sufrir una drástica reforma, pero el ministro de Trabajo lo desmiente un día después y el gobierno entra en conflicto con el gobernador, que también socialista.
Otro dato que descalifica el sentido democratico del gobierno es que la nueva ministra de Cultura de Zapatero, vinculada familiar y profesionalmente a un sector sobre el que debe tomar decisiones importantes, viola todas y cada una de las reglas sobre incompatibilidad y decencia en el liderazgo.
Para colmo, el presidente del gobierno endeuda a España hasta más allá de la prudencia y, con impunidad absoluta, dirige al país hacia su fracaso, su derrota y su empobrecimiento por varias generaciones. Y no le ocurre nada porque las leyes de la maloliente democracia española lo convierten en prácticamente impune.
El Estado es una creación de los ciudadanos libres para que solucione los grandes problemas y garantice la convivencia. En España, obviamente, no cumple su cometido y, en consecuencia, es un Estado estafador. Ni siquiera es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos, que están siendo robados, secuestrados, asesinados y ultrajados por bandas de delincuentes, incluso en sus hogares, sin que los responsables políticos se consideren culpables o responsables del desastre, a pesar de que, a cambio de garantizar la seguridad, el Estado cobra impuestos y ha recibido del ciudadano el monopolio de la fuerza y de las armas.
Numerosos gobiernos regionales españoles, de un signo y de otro, sin experimentar pudor y sin que sus gobernantes ingresen en prisión, tienen listas negras de empresarios a los que, por ser adversarios políticos, se les bloquea el acceso a subvenciones y se les impide ganar concursos públicos, mientras hay otros que, por ser amigos del poder, tienen todas las facilidades para obtener dinero público.
Está ya suficientemente demostrado que el Estado es el peor pagador del país. Su ejemplo como moroso causa estragos en la ética nacional. Debe a las empresas privadas más de 32.000 millones de euros, inclumpliendo así una ley que obliga a las administraciones públicas a pagar en un plazo de 60 días. Otra estafa sangrante y un nuevo lacerante e indecente incumplimiento de la ley desde la impunidad del poder.
Pero hay más: centenares de "recaudadores" semiclandestinos violan a diario la ley cuando piden dinero "para el partido" a empresas y profesionales, a cambio de favores, de concesiones, subvenciones, recalificaciones o determinadas ventajas, todas ilegales.
La última embestida contra la democracia y la decencia: el nuevo vicepresidente tercero, Manuel Chaves, se carga la igualdad constitucional y decide negociar la financiación autonómica "primero" con Cataluña y después con los demás, mientras afirma que lo que reciba Cataluña no puede estar por debajo de la media. ¿Quién estará entonces por debajo de la media? Seguramente una autonomía pobre, lo que significa cargarse, además, el principio de la solidaridad.
Podríamos citar centenares de ejemplos más, todos sonrojantes, de violaciones de la ley perpetradas con impunidad por el poder político en España, pero habría que escribir una tesis doctoral en lugar que un corto post para un blog informativo.
Ante esta situación cabe afirmar que todos los ciudadanos hemos perdido la decencia y que, lamentablemente, los españoles hemos aprendido a convivir con la podredumbre y las cloacas, sin ni siquiera percibir el hedor. Esa insensibilidad ante la desigualdad, el abuso, la opresión, la injusticia y otros muchos delitos de los poderosos constituye el verdadero problema de España, mil veces más grave que la crisis económica que nos tiene arrodillados.
Es más urgente para la sociedad española aprender a rebelarse contra la inmoralidad y exigir ética y legalidad a nuestros gobernantes que superar la crisis. Mil veces más.
La autora de esos y de otras muchas actuaciones irregulares y antidemocráticas, también contrarias a los mandatos de la Constitución, se llama Magdalena Álvarez, la que fue ministra de Fomento del gobierno Zapatero durante los últimos cinco años. Ahora, para premiarla, la envían al exilio dorado del Europarlamento, donde cobrará más de 20.000 euros al mes, incluyendo dietas y la paga de ministro que le queda.
Ustedes deben juzgar, sin pasión, si ese comportamiento es digno de premio o de castigo, si es propio de una democracia avanzada o más bien típico de la "Cosa Nostra".
El de la ministra "Maleni" no es un caso aislado, ni siquiera el peor del gabinete de Zapatero y del Estado español. Las fuerzas que dependen del ministro del interior dejaron escapar no hace mucho al más peligroso delincuente existente en España, el lider de una sanguinaria banda albanokosovar que tiene que responder de numerosos asesinatos, vajaciones, palizas y robos. De la comisaría central de Sevilla desaparecieron, hace ya un año, 100 kilos de cocaína, una auténtica "fortuna" en el mercado negro de la droga, toda una "chapuza" que apesta a corrupción interna y que sigue sin resolverse. La policía, que se lleva como el perro y el gato con la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad, todos ellos a cargo de Rubalcaba, es acusada por el Fiscal General del Estado de no colaborar con la Fiscalía, ni con el Tribunal Supremo. ¿No hay todavía razones suficientes para que dimita el ministro del Interior?
Pero hay más: el gobernador del Banco de España dice por dos veces que la Seguridad Social está arruinada, que las pensiones de los jubilados peligran y que el sistema tiene que sufrir una drástica reforma, pero el ministro de Trabajo lo desmiente un día después y el gobierno entra en conflicto con el gobernador, que también socialista.
Otro dato que descalifica el sentido democratico del gobierno es que la nueva ministra de Cultura de Zapatero, vinculada familiar y profesionalmente a un sector sobre el que debe tomar decisiones importantes, viola todas y cada una de las reglas sobre incompatibilidad y decencia en el liderazgo.
Para colmo, el presidente del gobierno endeuda a España hasta más allá de la prudencia y, con impunidad absoluta, dirige al país hacia su fracaso, su derrota y su empobrecimiento por varias generaciones. Y no le ocurre nada porque las leyes de la maloliente democracia española lo convierten en prácticamente impune.
El Estado es una creación de los ciudadanos libres para que solucione los grandes problemas y garantice la convivencia. En España, obviamente, no cumple su cometido y, en consecuencia, es un Estado estafador. Ni siquiera es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos, que están siendo robados, secuestrados, asesinados y ultrajados por bandas de delincuentes, incluso en sus hogares, sin que los responsables políticos se consideren culpables o responsables del desastre, a pesar de que, a cambio de garantizar la seguridad, el Estado cobra impuestos y ha recibido del ciudadano el monopolio de la fuerza y de las armas.
Numerosos gobiernos regionales españoles, de un signo y de otro, sin experimentar pudor y sin que sus gobernantes ingresen en prisión, tienen listas negras de empresarios a los que, por ser adversarios políticos, se les bloquea el acceso a subvenciones y se les impide ganar concursos públicos, mientras hay otros que, por ser amigos del poder, tienen todas las facilidades para obtener dinero público.
Está ya suficientemente demostrado que el Estado es el peor pagador del país. Su ejemplo como moroso causa estragos en la ética nacional. Debe a las empresas privadas más de 32.000 millones de euros, inclumpliendo así una ley que obliga a las administraciones públicas a pagar en un plazo de 60 días. Otra estafa sangrante y un nuevo lacerante e indecente incumplimiento de la ley desde la impunidad del poder.
Pero hay más: centenares de "recaudadores" semiclandestinos violan a diario la ley cuando piden dinero "para el partido" a empresas y profesionales, a cambio de favores, de concesiones, subvenciones, recalificaciones o determinadas ventajas, todas ilegales.
La última embestida contra la democracia y la decencia: el nuevo vicepresidente tercero, Manuel Chaves, se carga la igualdad constitucional y decide negociar la financiación autonómica "primero" con Cataluña y después con los demás, mientras afirma que lo que reciba Cataluña no puede estar por debajo de la media. ¿Quién estará entonces por debajo de la media? Seguramente una autonomía pobre, lo que significa cargarse, además, el principio de la solidaridad.
Podríamos citar centenares de ejemplos más, todos sonrojantes, de violaciones de la ley perpetradas con impunidad por el poder político en España, pero habría que escribir una tesis doctoral en lugar que un corto post para un blog informativo.
Ante esta situación cabe afirmar que todos los ciudadanos hemos perdido la decencia y que, lamentablemente, los españoles hemos aprendido a convivir con la podredumbre y las cloacas, sin ni siquiera percibir el hedor. Esa insensibilidad ante la desigualdad, el abuso, la opresión, la injusticia y otros muchos delitos de los poderosos constituye el verdadero problema de España, mil veces más grave que la crisis económica que nos tiene arrodillados.
Es más urgente para la sociedad española aprender a rebelarse contra la inmoralidad y exigir ética y legalidad a nuestros gobernantes que superar la crisis. Mil veces más.
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