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El nuevo estatuto que los andaluces deben aprobar o rechazar en referéndum el próximo 18 de febrero es un documento acobardado que renuncia al orgullo, que acepta situarse por debajo de Cataluña y que, desde la vital óptica financiera, consagra a Andalucía como una autonomía de segundo rango.
Cualquier Estatuto tiene tres pilares: Competencias (establecen las bases para el autogobierno); Identidad (sustentada por el Estatus Político) y Financiación, la pieza más importante porque, sin una financiación adecuada, no puede haber autogobierno, ni una Identidad potente.
La Financiación de la autonomía andaluza que plantea el Estatuto, comparada con la conseguida por Cataluña en su reciente Estatuto, es tan débil y pobre que, si fuera conocida por los ciudadanos, no sólo votarían “No”, sino que volverían el rostro acusador contra esa clase política andaluza sometida que ha elaborado el texto para reclamarle más dignidad y orgullo.
La mayoría de los expertos consultados por Voto en Blanco cree que esa débil financiación no sólo es el punto flaco del Estatuto sino la razón que justifica el escaso entusiasmo de los políticos a la hora de defenderlo y el perfil plano y frío de la campaña del Referéndum.
Pocos políticos tienen el valor de asumir una defensa abierta de un texto que, cuando sea conocido y los ciudadanos descubran su escaso orgullo y su debilidad financiera, comparado con el Catalán, sin duda despertará indignación y repulsa.
El Estatuto catalán plantea una relación bilateral entre los gobiernos de Cataluña y del Estado, mientras que el andaluz establece una relació n multilateral, en la que también entran el resto de las comunidades autónomas.
Ambos estatutos consagran la financiación de los servicios a cambio del esfuerzo fiscal, pero Cataluña recauda cuatro veces más que Andalucía y tiene menos habitantes, lo que establece y consagra la desigualdad.
Mediante el principio de Ordinalidad, Cataluña consigue que el Estado garantice que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas, mientras que el texto andaluz no tiene ninguna previsión al respecto. Cataluña es la 4ª autonomía en el ranking de PIB/cápita, con 15.228 euros por habitante. Para no bajar de ese puesto, reducirá su contribución a los mecanismos de solidaridad del Estado, poniendo así, vergonzosamente, límites a la solidaridad.
Cataluña se asegura inversiones del Estado basadas en el PIB. Según la Adicional 3ª, será una inversión destinada a las infraestructuras, durante siete años. Al participar Cataluña en un 18,18% en el PIB del Estado, recibirá ese porcentaje. Es quien más aporta, luego el Estado invertirá más donde hay más riqueza. Andalucía, por su parte, establece que la inversión del Estado será equivalente a la población andaluza en el conjunto del Estado, lo que hace que reciba el 17,8% de la inversión del Estado, durante 7 años. El texto catalán especifica el destino de las inversiones (infraestructuras), pero no así el andaluz. El Estado ya ha incumplido ese compromiso en los Presupuestos del 2007.
Con la cesión de tributos prevista en su Estatuto (50% de IVA e IRPF y 58% de Impuestos Especiales), Cataluña consigue una autonomía financiera del 113%. Es un logro exclusivo catalán. Andalucía, en su Estatuto, no plantea previsión alguna sobre cesión de impuestos, sólo declaración de principios.
Sobre el importante hecho diferencial andaluz de la deuda histírica, el nuevo Estatuto sólo plantea que se cuantificará en el plazo de 18 meses y se abonará en un plazo de tres años, lo que convierte todo en una incognita a resulver entre las dos partes.
Podríamos continuar con el análisis, pero lo expuesto basta para concluir que el Estatuto catalán es un documento de fuerza, arrancado al Estado desde posiciones de poder, mientras que el andaluz es una componenda pactada desde la debilidad y la sumisión, sin orgullo y admitiendo un rango de segundo nivel contrario no sólo a los intereses andaluces, sino también al espíritu solidario de la Constitución.
Cualquier Estatuto tiene tres pilares: Competencias (establecen las bases para el autogobierno); Identidad (sustentada por el Estatus Político) y Financiación, la pieza más importante porque, sin una financiación adecuada, no puede haber autogobierno, ni una Identidad potente.
La Financiación de la autonomía andaluza que plantea el Estatuto, comparada con la conseguida por Cataluña en su reciente Estatuto, es tan débil y pobre que, si fuera conocida por los ciudadanos, no sólo votarían “No”, sino que volverían el rostro acusador contra esa clase política andaluza sometida que ha elaborado el texto para reclamarle más dignidad y orgullo.
La mayoría de los expertos consultados por Voto en Blanco cree que esa débil financiación no sólo es el punto flaco del Estatuto sino la razón que justifica el escaso entusiasmo de los políticos a la hora de defenderlo y el perfil plano y frío de la campaña del Referéndum.
Pocos políticos tienen el valor de asumir una defensa abierta de un texto que, cuando sea conocido y los ciudadanos descubran su escaso orgullo y su debilidad financiera, comparado con el Catalán, sin duda despertará indignación y repulsa.
El Estatuto catalán plantea una relación bilateral entre los gobiernos de Cataluña y del Estado, mientras que el andaluz establece una relació n multilateral, en la que también entran el resto de las comunidades autónomas.
Ambos estatutos consagran la financiación de los servicios a cambio del esfuerzo fiscal, pero Cataluña recauda cuatro veces más que Andalucía y tiene menos habitantes, lo que establece y consagra la desigualdad.
Mediante el principio de Ordinalidad, Cataluña consigue que el Estado garantice que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas, mientras que el texto andaluz no tiene ninguna previsión al respecto. Cataluña es la 4ª autonomía en el ranking de PIB/cápita, con 15.228 euros por habitante. Para no bajar de ese puesto, reducirá su contribución a los mecanismos de solidaridad del Estado, poniendo así, vergonzosamente, límites a la solidaridad.
Cataluña se asegura inversiones del Estado basadas en el PIB. Según la Adicional 3ª, será una inversión destinada a las infraestructuras, durante siete años. Al participar Cataluña en un 18,18% en el PIB del Estado, recibirá ese porcentaje. Es quien más aporta, luego el Estado invertirá más donde hay más riqueza. Andalucía, por su parte, establece que la inversión del Estado será equivalente a la población andaluza en el conjunto del Estado, lo que hace que reciba el 17,8% de la inversión del Estado, durante 7 años. El texto catalán especifica el destino de las inversiones (infraestructuras), pero no así el andaluz. El Estado ya ha incumplido ese compromiso en los Presupuestos del 2007.
Con la cesión de tributos prevista en su Estatuto (50% de IVA e IRPF y 58% de Impuestos Especiales), Cataluña consigue una autonomía financiera del 113%. Es un logro exclusivo catalán. Andalucía, en su Estatuto, no plantea previsión alguna sobre cesión de impuestos, sólo declaración de principios.
Sobre el importante hecho diferencial andaluz de la deuda histírica, el nuevo Estatuto sólo plantea que se cuantificará en el plazo de 18 meses y se abonará en un plazo de tres años, lo que convierte todo en una incognita a resulver entre las dos partes.
Podríamos continuar con el análisis, pero lo expuesto basta para concluir que el Estatuto catalán es un documento de fuerza, arrancado al Estado desde posiciones de poder, mientras que el andaluz es una componenda pactada desde la debilidad y la sumisión, sin orgullo y admitiendo un rango de segundo nivel contrario no sólo a los intereses andaluces, sino también al espíritu solidario de la Constitución.
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