Al PP le duele ser la fuerza mayoritaria en muchas ciudades y regiones y, sin embargo, verse apartado del poder por las alianzas de los perdedores. Le duele tanto que ahora pretende reformar la poco democrática Ley Electoral española para que gobierne la lista más votada y para que no pueda gobernarse con menos del 30 por ciento de los votos, unas reformas que cerrarían el paso a esos partidos políticos pequeños que poseen un poder desproporcionado en una España cuya democracia está secuestrada por los partidos.
Sin embargo, el PP ignora otras reformas mucho más importantes de la Ley Electoral que la sociedad española necesita para ser realmente democrática. Las ignoran porque no benefician al PP, porque quienes necesitan esas reformas son el ciudadano y la democracia misma.
Nos referimos a las listas cerradas y bloqueadas, que arrebatan al ciudadano su derecho a elegir a sus representantes, elegidos en realidad por las poderosas élites de los partidos políticos. Nos referimos también a la necesidad de4 potenciar la relación entre los electores y sus representantes, hoy inexistentes porque los partidos políticos han suplantado al ciudadano y son los que controlan a los representantes del pueblo. Nos referimos a hacer del referendum un recurso obligatorio para las grandes decisiones. Nos referimos a incrementar las mayorías necesarias para aprobar o cambiar leyes fundamentales, como los estatutos, elevándolas hasta los dos tercios, como recomiendan los estudiosos y expertos en pensamiento político, lo que evitaría experiencias tan antidemocráticas y tramposas como la aprobación de los recientes estatutos de Cataluña y Andalucía con apenas un tercio de los votos, toda una burla al sistema democrático ante la que nuestros políticos profesionales, ególatras y arrogantes, ni siquiera se ruborizan.
Pero las reformas que benefician al ciudadano no le interesan al PP, ni al PSOE, ni a los demás partidos, porque debilitan esa "Partitocracia" que les permite dominar a la sociedad sin obstáculos, acumular privilegios y atiborrarse de poder y de ventajas, sin que el ciudadano pueda hacer nada por controlarlos o por regenerar el sistema que ellos han corrompido.
De hecho, la reforma que pretende el PP, justa porque erradica la vergüenza de un país chantajeado por partidos nacionalistas minúsculos que apenas tienen unos cientos de miles de votos, también refuerza la partitocracia y aleja todavía más el sistema de los ciudadanos porque debilita la única competencia que subsiste, la de unos partidos con otros.
Nos parece bien que nuestros alcaldes se elijan de manera directa, o que se premie a la lista más votada, o que se instaure la doble vuelta, pero exigimos que también se afronten las otras reformas que demanda la ciudadanía, las que permiten el retorno del ciudadano exiliado a la democracia, las que purifican el sistema español y le acercan a una democracia que hoy se ve lejana, secuestrada y pervertida por la insaciable hambre de poder de los partidos políticos.
Es cierto que el poder desproporcionado de los partidos pequeños en España es un escándalo. Todos los partidos nacionalistas juntos ni siquiera suman el 8 por ciento de los votos, pero la deficiente ley electoral permite que ese 8 por ciento se imponga muchas veces a la voluntad del 92 por ciento restante de españoles. Pero no es menos cierto que hay muchas otras muchas reformas, tanto de la Ley Electoral como de la Constitución más urgentes e importantes para inyectar democracia a un sistema que ya no es democrático:
+ Listas abiertas. Nada de una papeleta cerrada con un logotipo en lo alto. Nadie va a su supermercado de confianza y se trae un carro entero cuyo contenido ha sido decidido por el dueño. Vamos echando al carrito, cosa a cosa,lo que más nos gusta. Eso es elegir.
+ 50% de electos en circunscripciones pequeñas (comarcas, municipios grandes). Hay que conocer a nuestros representantes. ¿Dónde van cuando se ponen enfermos? ¿A qué colegio van sus hijos? ¿Cuántos inmigrantes viven en su barrio? ¿Qué ingresos tienen? Si no tienen puntos en común con nosotros no pueden representarnos.
+ Voto más proporcional en el resto de electos (50%). Quitar el inmenso poder que hoy tienen las minorías territoriales frente a otras opciones nacionales (IU, Ciudadanos...)
+ Controlar las connivencias partidos-grupos de comunicación. Igual que ocurre con las donaciones. Una persona puede donar 100 euros a un partido, pero no 100.000 (estaría comprando algo). De igual manera un periodista puede opinar, pero un grupo completo debe ser más o menos imparcial (que lo controle la Junta Electoral). Si no es así, está comprando algo (sobran ejemplos)
+ Resucitar a Montesquieu, que ha sido asesinado por nuestros partidos políticos, y garantizar que los poderes básicos del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) operen con independencia y controlándose mutuamente.
+ Más poder civil a la sociedad, que los políticos abandonen con urgencia los espacios que han ocupado, sin deber hacerlo, en la sociedad civil (universidades, cajas de ahorros, sindicatos, etc.); etc...
+ Que los diputados y senadores puedan votar en conciencia.
+ Que los ciudadanos puedan convocar un referendum mediante un número accesible de firmas.
+ Que los políticos pierdan la impunidad práctica que disfrutan y estén obligados a rendir cuentas a quien realmente tiene la soberanía, que es el ciudadano.
+ Que la sociedad civil pueda ejercer el control efectivo de los políticos y de la acción de gobierno a través de comités independientes de ciudadanos elegidos directamente por la ciudadanía.
etc., etc.
Sin embargo, el PP ignora otras reformas mucho más importantes de la Ley Electoral que la sociedad española necesita para ser realmente democrática. Las ignoran porque no benefician al PP, porque quienes necesitan esas reformas son el ciudadano y la democracia misma.
Nos referimos a las listas cerradas y bloqueadas, que arrebatan al ciudadano su derecho a elegir a sus representantes, elegidos en realidad por las poderosas élites de los partidos políticos. Nos referimos también a la necesidad de4 potenciar la relación entre los electores y sus representantes, hoy inexistentes porque los partidos políticos han suplantado al ciudadano y son los que controlan a los representantes del pueblo. Nos referimos a hacer del referendum un recurso obligatorio para las grandes decisiones. Nos referimos a incrementar las mayorías necesarias para aprobar o cambiar leyes fundamentales, como los estatutos, elevándolas hasta los dos tercios, como recomiendan los estudiosos y expertos en pensamiento político, lo que evitaría experiencias tan antidemocráticas y tramposas como la aprobación de los recientes estatutos de Cataluña y Andalucía con apenas un tercio de los votos, toda una burla al sistema democrático ante la que nuestros políticos profesionales, ególatras y arrogantes, ni siquiera se ruborizan.
Pero las reformas que benefician al ciudadano no le interesan al PP, ni al PSOE, ni a los demás partidos, porque debilitan esa "Partitocracia" que les permite dominar a la sociedad sin obstáculos, acumular privilegios y atiborrarse de poder y de ventajas, sin que el ciudadano pueda hacer nada por controlarlos o por regenerar el sistema que ellos han corrompido.
De hecho, la reforma que pretende el PP, justa porque erradica la vergüenza de un país chantajeado por partidos nacionalistas minúsculos que apenas tienen unos cientos de miles de votos, también refuerza la partitocracia y aleja todavía más el sistema de los ciudadanos porque debilita la única competencia que subsiste, la de unos partidos con otros.
Nos parece bien que nuestros alcaldes se elijan de manera directa, o que se premie a la lista más votada, o que se instaure la doble vuelta, pero exigimos que también se afronten las otras reformas que demanda la ciudadanía, las que permiten el retorno del ciudadano exiliado a la democracia, las que purifican el sistema español y le acercan a una democracia que hoy se ve lejana, secuestrada y pervertida por la insaciable hambre de poder de los partidos políticos.
Es cierto que el poder desproporcionado de los partidos pequeños en España es un escándalo. Todos los partidos nacionalistas juntos ni siquiera suman el 8 por ciento de los votos, pero la deficiente ley electoral permite que ese 8 por ciento se imponga muchas veces a la voluntad del 92 por ciento restante de españoles. Pero no es menos cierto que hay muchas otras muchas reformas, tanto de la Ley Electoral como de la Constitución más urgentes e importantes para inyectar democracia a un sistema que ya no es democrático:
+ Listas abiertas. Nada de una papeleta cerrada con un logotipo en lo alto. Nadie va a su supermercado de confianza y se trae un carro entero cuyo contenido ha sido decidido por el dueño. Vamos echando al carrito, cosa a cosa,lo que más nos gusta. Eso es elegir.
+ 50% de electos en circunscripciones pequeñas (comarcas, municipios grandes). Hay que conocer a nuestros representantes. ¿Dónde van cuando se ponen enfermos? ¿A qué colegio van sus hijos? ¿Cuántos inmigrantes viven en su barrio? ¿Qué ingresos tienen? Si no tienen puntos en común con nosotros no pueden representarnos.
+ Voto más proporcional en el resto de electos (50%). Quitar el inmenso poder que hoy tienen las minorías territoriales frente a otras opciones nacionales (IU, Ciudadanos...)
+ Controlar las connivencias partidos-grupos de comunicación. Igual que ocurre con las donaciones. Una persona puede donar 100 euros a un partido, pero no 100.000 (estaría comprando algo). De igual manera un periodista puede opinar, pero un grupo completo debe ser más o menos imparcial (que lo controle la Junta Electoral). Si no es así, está comprando algo (sobran ejemplos)
+ Resucitar a Montesquieu, que ha sido asesinado por nuestros partidos políticos, y garantizar que los poderes básicos del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) operen con independencia y controlándose mutuamente.
+ Más poder civil a la sociedad, que los políticos abandonen con urgencia los espacios que han ocupado, sin deber hacerlo, en la sociedad civil (universidades, cajas de ahorros, sindicatos, etc.); etc...
+ Que los diputados y senadores puedan votar en conciencia.
+ Que los ciudadanos puedan convocar un referendum mediante un número accesible de firmas.
+ Que los políticos pierdan la impunidad práctica que disfrutan y estén obligados a rendir cuentas a quien realmente tiene la soberanía, que es el ciudadano.
+ Que la sociedad civil pueda ejercer el control efectivo de los políticos y de la acción de gobierno a través de comités independientes de ciudadanos elegidos directamente por la ciudadanía.
etc., etc.
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